Díaz-Canel y el huevo de la serpiente

Desde hace año y medio Miguel Díaz-Canel ejerce el cargo de presidente subalterno de Cuba y en ese plazo no ha dejado de proponer "soluciones" para los problemas que aquejan al sistema socialista instalado en la Isla.

El último recetario presidencial es un decálogo que merece más atención de la que ha recibido. (Antes de que los filólogos aficionados se solivianten, señalo que uso decálogo no en el sentido bíblico del término, sino en la segunda acepción de la RAE: "conjunto de normas o consejos que, aunque no sean diez, son básicos para el desarrollo de cualquier activida").

Según la prensa cubana, Díaz Canel recomendó en días pasados "fortalecer la austeridad y el ahorro; buscar más eficiencia en la cadena puerto-transporte-economía interna; planificar el transporte de manera estricta y eficiente; desplazar los picos de máxima demanda energética; programar los apagones con un mínimo de afectaciones; desempolvar  medidas eficaces utilizadas en el Periodo Especial, como una mayor utilización de la tracción animal; paralizar algunas actividades; desplazar horarios en los centros de trabajo, y laborar a distancia donde resulte posible".

Al margen de la machacona invocación a la eficacia/eficiencia, lo primero que revelan las fórmulas planteadas es la incapacidad de la dirigencia cubana para reconocer las causas profundas de los males que padece el país. Durante 60 años, el origen oficial de todos los fracasos socioeconómicos del comunismo cubano ha sido el embargo comercial estadounidense, que en la jerga del régimen se denomina "bloqueo imperialista".

Habida cuenta de que EEUU es desde hace años la primera fuente de ingresos de la economía cubana  —la suma de remesas, ayuda material a las familias, ingresos por concepto de comercio, turismo y donativos representa, según algunos economistas, entre el 5% y el 10% del PIB de la Isla—, cualquiera habría pensado que el argumento del "bloqueo" iba a caer por su propio peso. Pero no ha sido así. Es más fácil culpar a Washington de la proliferación del marabú, los derrumbes, la falta de combustible o la epidemia de dengue que analizar con lucidez los orígenes del fracaso y poner manos a la obra para remediarlo.   

La situación de Cuba, seis décadas después de la instauración de un sistema marxista-leninista,  se puede resumir en pocas categorías: una economía ineficiente y desorganizada; una crisis de natalidad que determina el rápido envejecimiento de la población; una emigración galopante, que no se ha frenado ni siquiera con la abrogación de la política estadounidense de pies secos/pies mojados;  una política represiva y discriminatoria, que impide el normal desarrollo político, social, económico y cultural de la nación; y una gerontocracia que administra el país como si fuera una plantación esclavista del siglo XIX.

Estos problemas que azotan a la población y que se le amontonan a Díaz Canel sobre la mesa de trabajo no son nuevos y comparten un origen común: la implantación, a partir de 1959, de una dictadura caudillista de partido único, modelo que se perfeccionó a lo largo de los seis años siguientes.  En 1965, cuando se constituyó el Partido Comunista de Cuba (PCC), el sistema era ya inamovible y sus lacras estaban arraigadas.  Todas las medidas posteriores encaminadas a reformarlo —"lucha contra la burocracia", "planificación centralizada", "ofensivas revolucionarias", "rectificación de errores", y otros arbitrios—  han sido inútiles porque nunca se dirigieron a la raíz del mal.

Para imponer el sistema totalitario soñado por los hermanos Castro y sus acólitos, fue preciso tomar algunas medidas cuyos efectos todavía se dejan sentir en la Isla:

La primera y más importante de esas medidas fue la construcción de un desmesurado aparato represivo cuya única función era liquidar toda oposición al régimen, mediante la intimidación y el control de la vida individual y colectiva. La actuación de la policía política, los paredones de fusilamiento, la multiplicación de cárceles y campos de trabajo forzado, los comités de delatores, la militarización y el sometimiento de los tribunales, los sindicatos, las iglesias y demás instituciones cívicas al poder omnímodo del Gobierno tuvieron efectos devastadores sobre la sociedad cubana. Una parte considerable de la población terminó en los cementerios, las prisiones o el exilio. Esta fractura social provocó la pérdida de un capital humano importantísimo —empresarios, profesores, médicos, comerciantes y técnicos intermedios— y generó un profundo sentimiento de temor y agravio que ha estado latente en Cuba todos estos años.    

El complemento lógico de esa política excluyente fue la estatización de la economía. Era preciso confiscar los bienes y medios de producción, para que todos los recursos pasaran a manos del Gobierno y los opositores no dispusieran de ninguna autonomía. Las medidas de expropiación, aplicadas de manera rápida y atolondrada, desorganizaron la estructura productiva del país y generaron una ineficacia que todavía perdura. Incluso en los pocos sectores donde el régimen revolucionario logró igualar o superar los volúmenes de producción anteriores a 1959, esos resultados se obtuvieron mediante la utilización del doble o el triple de recursos, lo que significó un aumento del costo unitario y un notable descenso de la productividad.

La expropiación de periódicos, revistas, emisoras de radio y televisión, imprentas, teatros, salas de cine, escuelas y universidades, y la imposición del adoctrinamiento institucional y el discurso único del PCC dañaron gravemente el tejido cultural del país.  Los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, reunión pacífica y participación autónoma en la vida política, consagrados en los tratados internacionales, dejaron de existir en la Isla.

Muy poco ha cambiado el sistema desde entonces.La justificación de todo lo anterior fue una política populista que combinó los peores rasgos del caudillismo latinoamericano con los del totalitarismo soviético: "gratuidad" de la educación, la salud pública y los deportes, sectores financiados gracias a los subsidios —primero de la URSS y luego de Venezuela—  que enjugaron el enorme déficit de un aparato productivo poco capaz de generar riqueza. Desaparecida la URSS, se evaporaron los "logros" de la revolución. Hoy las escuelas se pudren en el campo, tragadas por la vegetación tropical, los hospitales carecen de los suministros más elementales y los atletas prófugos viven y triunfan en el extranjero, aunque la prensa oficial trata de ningunearlos.

Cualquier esfuerzo orientado a mejorar los resultados de la economía o las condiciones de vida en la Isla tendría que comenzar por explicar primero esas causas profundas y corregir luego sus repercusiones sobre la vida nacional. Para lograrlo, la sociedad cubana tendría que dejar de vivir en la ficción de la unanimidad. Esas fórmulas retóricas que propone Díaz-Canel y otras que ha mencionado en ocasiones anteriores, tales  como "disciplina en el trabajo", "más ahorro", "pensar como país", etc,  tampoco sirven de mucho. No son otra cosa que conjuros de un voluntarismo anacrónico e inoperante, que quizá sirvieron un día para llenar las plazas y hacer desfilar al "pueblo combatiente" bajo un mar de banderitas, pero que son inútiles en la actualidad, cuando la Isla tiene que dejar de mirarse en el espejo de la madrastra de Blancanieves y competir con el resto de los países tropicales que ofrecen productos y servicios análogos.

La solución de los problemas cubanos es obvia: pasa por amnistiar a los presos políticos, suprimir de la Constitución y el Código Penal las cláusulas que contradicen las normas universales de derechos humanos, y convocar elecciones libres, equitativas y multipartidistas bajo supervisión internacional. La disyuntiva actual es muy simple: o el Gobierno empieza a tomar medidas reales, orientadas a generar esos cambios, o la población seguirá hundiéndose en el envilecimiento y la miseria, con la huida del país como único horizonte vital.  Y esta última opción no excluye la posibilidad de un estallido social de consecuencias imprevisibles, sobre todo si la emigración se dificulta aún más y desaparecen completamente los subsidios venezolanos.