Apenas seis meses después de jurar como presidente de Bolivia, rompiendo dos décadas de hegemonía del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), Rodrigo Paz se encuentra en el epicentro de una crisis significativa que amenaza con desbordar la frágil gobernabilidad boliviana, en medio del desmontaje del modelo instaurado por Evo Morales y continuado por Luis Arce.
Analistas estiman que el país andino no está ante una protesta más, ni ante un clásico conflicto laboral. Se trata, en verdad, de una tormenta perfecta de caras múltiples —económica, social, política y territorial— que ha paralizado el país, generado desabastecimiento crítico, especialmente en La Paz, y cobrado una vida, mientras la percepción dominante entre observadores y la ciudadanía es la estar en una suerte de callejón sin salida aparente.
Bolivia aparece, una vez más, al filo del abismo, con un presidente centrista electo de forma legítima, que prometió estabilidad, pero ahora enfrenta una coalición heterogénea de campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB), mineros cooperativistas y maestros, en una orquesta que parece dirigida por Evo Morales para precipitar la caída de Paz.
Al cierre de este miércoles, el Gobierno reportaba más de 57 puntos de bloqueo activos en al menos cinco departamentos —La Paz con 20, Cochabamba con 14, Potosí con 12, Oruro con nueve y Santa Cruz con dos—, acumulados en más de 22 días de paralización nacional. Las rutas principales hacia la capital administrativa, La Paz, y la aledaña El Alto, están cercadas casi por completo.
El resultado es un colapso logístico: colas kilométricas en gasolineras, estanterías vacías en mercados, precios de alimentos y medicamentos disparados hasta en un 50% en algunos casos y un desabastecimiento cada vez más extendido.
"Debemos invertir tiempo en colas, salir con precaución porque la gente está muy alterada en las calles. Prácticamente no hay transporte. La Paz vive una sensación de cerco", comentó a DIARIO DE CUBA la profesora Karina Herrera desde el país andino.
El detonante inmediato fue la crisis del combustible, conocida como la "gasolina basura": un derivado de mala calidad con sedimentos que, desde enero, habría dañado a miles de vehículos según las denuncias de transportistas y taxistas. A eso se sumaron demandas salariales de la COB —un aumento del 20% que el Ejecutivo rechazó por la delicada situación fiscal— y el rechazo a ajustes que pretende llevar adelante Paz.
El mandatario recibió un Estado "quebrado" por años de clientelismo, subsidios insostenibles y caída de la producción de gas natural. Luego de la gasolina y las demandas de aumento salarial, la protesta se amplió rápidamente: los campesinos aimaras de la Federación Túpac Katari, los Ponchos Rojos y sectores mineros y magisteriales se unieron en un frente que ya no solo pide soluciones puntuales, sino la salida de Paz y un Gobierno de transición.
Estas últimas demandas, netamente políticas, evidencian que Evo Morales se mueve tras bambalinas buscando su regreso al poder.
El Gobierno ha respondido con un mensaje bifronte de austeridad y firmeza institucional. Paz anunció una reducción del 50% en su propio salario y el de sus ministros, cambios en el Gabinete y medidas de contención del gasto público. Convocó al diálogo "sin chantajes" y rechazó negociar con quienes exigen su dimisión, argumentando que "una minoría no puede abusar del país ni alterar el orden democrático".
Sin embargo, la presión lo ha obligado a dar un paso más drástico. Este 27 de mayo, la Cámara de Diputados, con más de dos tercios de los votos, aprobó la derogación de una norma de 2020 que limitaba la aplicación del estado de excepción. La medida —ya avalada por el Senado y promulgada como ley— abre la puerta a que el presidente declare emergencia y despliegue a las Fuerzas Armadas para desbloquear carreteras y restablecer el orden.
"Bolivia tiene una Constitución y la vamos a hacer respetar", reiteró Paz. Medios internacionales desde el terreno, como DW en Español, destacaron la decisión como un giro que "permite sacar militares a la calle para controlar las protestas", mientras el Ejecutivo insiste en que las movilizaciones exceden el legítimo derecho a la protesta y buscan desestabilizar la democracia.
El canciller Fernando Hugo Aramayo, en una entrevista con France 24 este martes, no dejó margen para dudas: "Evo Morales se ha atrincherado detrás de la población civil". Aramayo acusó directamente al expresidente —inhabilitado para las elecciones de 2025 y con orden de captura por presunto caso de trata de menores— de orquestar una "acción de sedición" desde su bastión en el Trópico de Cochabamba.
Morales, desde su programa radial en el Chapare, donde se encuentra atrincherado como relató DIARIO DE CUBA, califica las movilizaciones como "sublevación popular" y propone elecciones en 90 días con un presidente de transición. "Paz tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o la pacificación mediante renuncia y comicios", ha repetido, elevando la tensión.
La gobernabilidad en Bolivia está en riesgo severo. La crisis parece estar estancada, sin chance de avances o negociaciones, mientras que Paz es visto por observadores como un "presidente frágil" con minoría parlamentaria, un vicepresidente distanciado y un Gabinete bajo presión. Los bloqueos no solo afectan la economía: erosionan la legitimidad del Gobierno y polarizan la sociedad entre quienes ven en Paz la oportunidad de romper con el estatismo clientelar y quienes pretender mantener el estatus quo construido por dos décadas de gobiernos del MAS.
Bolivia, que en diciembre de 2025 celebró el fin de una era, hoy enfrenta la prueba más dura de su transición democrática: demostrar si un gobierno centrista puede navegar la herencia tóxica del pasado sin caer en los mismos vicios de confrontación y autoritarismo.
