Evo Morales lanza un ultimátum al presidente de Bolivia, que se reduce el salario a la mitad

Evo Morales exigió el fin de semana la convocatoria a elecciones en Bolivia en un plazo de 90 días como la manera de evitar derramamiento de sangre en el país, sacudido por protestas y cierres de vías, y puso presión al Gobierno de Rodrigo Paz, que toma medidas para intentar disminuir la tensión social.

El expresidente, prófugo de la justicia, pues sobre él pesa una orden de arresto por una causa penal que se le sigue, dijo que la renuncia de Paz y la conformación de un Gobierno de transición son la única garantía de pacificación, en un escenario marcado por la escasez de alimentos, medicinas y combustibles tras tres semanas de bloqueos de rutas.

Durante su programa semanal en la radio del movimiento cocalero Kawsachun Coca, Morales señaló: "Paz tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o (...) la pacificación, transición, elección en 90 días", citó el medio argentino Infobae. 

"Para que no haya muertos, para que no haya heridos, la pacificación pasa por" su renuncia y que un "presidente de transición" convoque a comicios en tres meses, dijo.

Paz, en cambio, aseguró que hará "todos los esfuerzos" por dialogar, pero afirmó que existe un límite ante las manifestaciones, a las que atribuye la intención del líder cocalero de instigar la crisis. Las autoridades denunciaron ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que estas movilizaciones buscan "alterar el orden democrático".

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, reiteraron la invitación al diálogo, pero también acusaron a Morales de alentar la desestabilización. 

Mientras tanto, sectores sociales como la Central Obrera Boliviana, campesinos del altiplano y seguidores de Morales mantienen bloqueos y enfrentamientos exigiendo la salida del presidente. El Comité pro Santa Cruz, liderado por Stello Cochamanidis, rechazó la estrategia de diálogo e insistió en el desbloqueo inmediato de las carreteras hacia centros logísticos cruciales.

La situación en las rutas ha escalado la violencia. Desde hace 18 días, fuerzas de seguridad intentaron liberar una carretera nacional, pero fueron emboscadas en Copata, en el corredor entre La Paz y Oruro. El convoy de militares y policías fue atacado con dinamita e imposibilitado de avanzar.

Los bloqueos persisten desde hace más de tres semanas, interrumpiendo el traslado de alimentos, combustibles e insumos médicos hacia La Paz y El Alto. Esta situación ha elevado la inflación interanual al 14%. El Gobierno denunció la difusión de "noticias falsas" sobre supuestas muertes durante los operativos, atribuyendo dicha campaña a sitios no radicados en el país y a intereses que buscan desestabilizar.

Frente a la gravedad de la crisis, el Ejecutivo mantiene su llamado al diálogo. La Administración de Paz convocó a líderes campesinos y organizaciones sociales a una sesión del Consejo Económico y Social, pautada para el 27 de mayo, en la Casa Grande del Pueblo.

El lunes 25 de mayo, Paz anunció que reducirá a la mitad su salario y el de sus ministros como parte de un "esfuerzo y compromiso" con el país.

"Este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario al 50%", dijo Paz durante la conmemoración de los 217 años de la gesta libertaria de Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial en el sur del país, reportó la agencia de noticias EFE.

Hasta antes de esta decisión, el mandatario boliviano percibía un salario de 24.978 bolivianos (3.617 dólares) y ningún otro funcionario puede ganar más que el presidente. Con la reducción, la remuneración presidencial quedará en unos 12.489 bolivianos (1.808 dólares).

Paz mencionó que esa decisión no afectará a "otras áreas ni a profesionales", puesto que la intención no es "perjudicar" a esos trabajadores, sino buscar que "los mejores" permanezcan en el servicio público.

"Bolivia tiene una Constitución y la haremos respetar (…) Una minoría no nos puede gobernar, una minoría no nos puede abusar y haremos cumplir esa Constitución", subrayó el mandatario.

"No voy a dialogar con los que no dialogan, porque esos no entienden de la libertad. Hemos apostado por el diálogo por más de 11 días y estamos apostando por los resultados", añadió.

Paz ratificó a los sectores movilizados que no aplicará una "privatización" de las empresas bolivianas y que tampoco habrá incrementos en los costos de los servicios de electricidad, educación o salud, como señalan algunos dirigentes.

El mandatario también ofreció una disculpa por no haber podido reunirse anteriormente con las organizaciones que hoy piden su renuncia y aseguró que abrirá un espacio para que eso ocurra.

Algunos sectores que protestan actualmente cuestionaron inicialmente el nivel salarial del presidente y los parlamentarios, a quienes plantearon que reduzcan sus sueldos a la mitad como una señal de cercanía con la población ante la crisis económica que vive el país desde 2023.

Sin embargo, esa exigencia pasó a un segundo plano y ahora las organizaciones que lideran las protestas y bloqueos de carreteras exigen la renuncia del mandatario.

Asimismo, Paz anunció que en estos días el Ejecutivo presentará al Parlamento el proyecto de ley del "perdonazo tributario" que, según enfatizó, "no es para los ricos" sino para sectores como comerciantes, transportistas y artesanos, entre otros, para que puedan "reactivar" la economía.

Paz indicó que la norma favorecerá a quienes, desde 2017, fueron acumulando multas en el sistema tributario, para que puedan utilizar esos recursos para dar un impulso a sus negocios.

Ante el desabastecimiento en las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por la crisis, el Gobierno estableció puentes aéreos para llevar alimentos a esas urbes, a lo que se suma el apoyo logístico y donaciones ofrecidas por Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.