El Gobierno de Colombia cesó el miércoles 20 de mayo las funciones del encargado de la Embajada de Bolivia en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel, en reciprocidad por la decisión de ese país de expulsar a la embajadora colombiana, Elizabeth García, alegando "injerencia" en asuntos internos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que "se vio precisado a declarar, por reciprocidad, la conclusión de sus funciones al señor Ariel Percy Molina Pimentel, encargado de oficina de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia", cito la agencia de noticias EFE.
El domingo el presidente colombiano, Gustavo Petro, al referirse a las protestas en Bolivia, dijo que ese país vive una "insurrección popular" que, a su juicio, es una "respuesta a la soberbia geopolítica".
Esto en referencia a las protestas y bloqueos de carreteras impulsados por sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y afines al exmandatario boliviano Evo Morales, quienes exigen la renuncia del actual presidente, Rodrigo Paz.
Paz afirmó que esas declaraciones de Petro eran un "ataque a la democracia" porque "él ha preferido su ideología que, parece, carece de conceptos democráticos, por encima de las relaciones y el respeto a la democracia de nuestras naciones".
En ese sentido, la Cancillería colombiana señaló que "no ha mediado por parte de ningún funcionario o miembro del Gobierno nacional, el interés o el propósito de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia".
"Consecuentemente, ratifica su compromiso con los principios de igualdad soberana; no intervención en asuntos internos de los Estados; la autodeterminación de los pueblos; la solución pacífica de las controversias; y el respeto a la integridad territorial", añadió la información.
Petro, entre tanto, ofreció la disposición de su Gobierno, que concluye el próximo 7 de agosto, para contribuir a una salida pacífica de la crisis. También pidió que "no haya presos políticos en ninguna parte de las Américas" y llamó a construir una "democracia profunda, multicolor", en la región.
La crisis, que comenzó a principios de mes por reclamos salariales, escasez y mala calidad de los combustibles y el rechazo a varias reformas, derivó en pedidos de renuncia contra Paz, quien asumió el poder hace solo seis meses.
Los bloqueos de carreteras y las protestas se concentran principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto, ambas en el departamento de La Paz.
La crisis boliviana también llegó formalmente a la Organización de Estados Americanos (OEA). Durante una sesión de su Consejo Permanente, el canciller de la nación andina, Fernando Aramayo, denunció acciones orientadas a la "desestabilización institucional" y pidió atención internacional ante una situación que, según dijo, compromete derechos fundamentales y amenaza el orden democrático.
Asimismo, varios Gobiernos de la región han respaldado al Ejecutivo boliviano, mientras que otros se mostraron más tibios. Uruguay pidió resolver el conflicto de manera pacífica y preservar la institucionalidad democrática, mientras que República Dominicana condenó cualquier intento de alterar el orden constitucional y expresó su preocupación por las consecuencias humanitarias de los bloqueos de caminos.
El miércoles Estados Unidos dio su absoluto apoyo al Gobierno de Paz. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington "no permitirá que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente", mientras el vicesecretario Christopher Landau habló incluso de "un golpe de Estado en marcha".
El mandatario boliviano también busca bajar la tensión con Argentina, después que el expresidente Evo Morales denunciara sin pruebas que aviones Hércules de ese país trasladaban militares y material represivo a Bolivia. Paz ha asegurado que Buenos Aires solo participa en un operativo humanitario para enviar alimentos a La Paz y El Alto.
Centenares de personas marcharon el jueves 21 de mayo en La Paz en contra de las manifestaciones y el "cerco" a esa región, sede del Gobierno y el Legislativo de Bolivia, por los bloqueos de carreteras por parte de sindicatos campesinos que exigen la renuncia del presidente.
"Lo que estamos pidiendo es que dejen de cercarnos", dijo a EFE el presidente de la Resistencia Ciudadana Paceña, Rodolfo Rodríguez, quien calificó como "delincuentes" a quienes realizan los cortes de rutas que mantienen incomunicada la región y que, consideró, "están siendo financiados" por Morales.
La situación en La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, y en la vecina El Alto, es crítica. Los bloqueos han provocado escasez de alimentos, combustibles y medicamentos, incluido oxígeno medicinal. En los mercados populares los precios se han duplicado o triplicado, mientras cientos de personas hacen largas filas para conseguir ciertos productos o gasolina.
Las protestas se radicalizaron esta semana, especialmente después de la llegada a La Paz de una marcha de seguidores de Morales que caminó durante días desde el altiplano. El lunes se registraron enfrentamientos, saqueos y ataques contra periodistas y ciudadanos, en la jornada más violenta desde el inicio del conflicto.
Con el objetivo de atajar las manifestaciones, Paz anunció un "reordenamiento" de su gabinete de ministros para hacerlo "más ágil" y cercano a las demandas sociales y contrarrestar las acusaciones de privatización lanzadas por los sectores movilizados.
