Bolivia en jaque: el cerco político a Rodrigo Paz

Bolivia atraviesa una de sus crisis más complejas en cuatro décadas, atrapada entre el agotamiento definitivo de un modelo económico rentista basado en los beneficios del gas y un escenario de alta polarización política. A poco más de seis meses de haber asumido la Presidencia, el mandatario de centroderecha, Rodrigo Paz, enfrenta un cerco civil y vial que pone a prueba la supervivencia de su gestión. Sin embargo, este escenario no es fortuito; representa la materialización de una urgencia que ya había sido advertida.

Para entender la parálisis actual del Ejecutivo, es indispensable retroceder a diciembre de 2025. Recién asumido el mandato, el Gobierno de Paz intentó llevar a cabo reformas estructurales inmediatas. El Ejecutivo aprobó un agresivo paquete de medidas económicas y financieras de shock diseñado para estabilizar la crisis de divisas.

Cuando la coalición de Paz asumió el poder, rompiendo con 20 años de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS), el diagnóstico era claro: la luna de miel sería inexistente. Y así fue. La Central Obrera Boliviana (COB) —el mismo actor que hoy lidera los bloqueos— activó una durísima presión social que obligó al mandatario a dar marcha atrás. A mediados de enero de 2026, el Gobierno terminó anulando los pilares centrales de su propio plan económico.

Con el plan de ajuste desactivado y la economía sin oxígeno, las variables macroeconómicas continuaron deteriorándose hasta registrar una inflación interanual del 14% y un desabastecimiento agudo de carburantes. La COB y los gremios del transporte pesado reactivaron las movilizaciones, pero esta vez con una mutación discursiva: lo que empezó como un petitorio sectorial (incremento salarial del 20%) derivó rápidamente en la exigencia de renuncia del presidente.

Desde el arco político democrático, diferentes figuras advirtieron tempranamente que el gradualismo o la inacción frente a la escasez de divisas y el mercado paralelo del dólar serían interpretados como debilidad. Asimismo, el expresidente Carlos Mesa —quien gobernó el país en un contexto de "asfixia civil" similar a principios de siglo— ya había ejemplificado cómo el descontento económico en Bolivia muta con rapidez hacia demandas de renuncia presidencial si el poder central no recupera la iniciativa política con audacia.

Este escenario guarda un preocupante paralelismo con la gestión de Mauricio Macri en Argentina (2015-2019). Al igual que Macri, Paz pareció subestimar la velocidad con la que una crisis económica erosiona el capital político de un gobierno reformista cuando este no logra transmitir capacidad de control. Al retroceder ante la primera gran embestida de la COB en enero, la Administración de Paz quedó atrapada en el peor de los mundos: asumió el costo político de anunciar un ajuste, pero no llegó a aplicar los beneficios de la transformación económica, proyectando una imagen de pérdida de iniciativa que sus adversarios no tardaron en capitalizar.

El fin de semana del 16 y 17 de mayo, un macro-operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas intentó despejar la ruta Oruro-La Paz para habilitar un corredor humanitario. La intervención derivó en fuertes enfrentamientos con uso de dinamita por parte de las bases movilizadas y gases lacrimógenos por el lado estatal. Las fuerzas del orden optaron por replegarse para evitar un mayor coste en vidas humanas —el detonante histórico que tradicionalmente derriba gobiernos en el país—, lo que permitió a los manifestantes retomar los puntos de bloqueo y radicalizar su consigna hacia la renuncia del presidente.

Uno de los errores del Gobierno ha sido procesar la protesta como un bloque homogéneo. El cerco a la sede de Gobierno es, en realidad, una coalición frágil que aglutina al comerciante minorista ahogado por la inflación, al transportista sin diésel y al operador político que busca la caída del régimen. Al no separar las demandas económicas legítimas de los sectores radicalizados, el Gobierno terminó permitiendo que el malestar social se mezclara con una agenda abiertamente desestabilizadora.

Más allá del malestar social legítimo, el desplazamiento de las demandas económicas hacia la exigencia de renuncia presidencial abre un problema institucional serio al carecer por completo de legitimidad democrática. Intentar recortar por la vía de la asfixia civil un mandato constitucional de cinco años, obtenido limpiamente en las urnas hace apenas seis meses, no es una protesta legítima; es un mecanismo de interrupción democrática de facto que busca imponer mediante el veto de la calle lo que no se pudo conseguir en las elecciones.

Desde el aparato estatal, la narrativa oficial se ha concentrado en denunciar un "plan macabro" orquestado por el expresidente Evo Morales para forzar un cambio de régimen y evadir sus propios procesos judiciales. No obstante, diversos analistas señalan que el Gobierno comete un error táctico al centrar el relato en su figura.

Aunque Morales mantiene capacidad de movilización en sus bases tradicionales, es un líder políticamente desgastado —como se vio en las elecciones— que carga con el peso de 20 años de decisiones cuestionadas y la paternidad del modelo económico agotado. Cada vez que un ministro responde directamente al expresidente, lo eleva al rango de contraparte directa del Estado, otorgándole un protagonismo que no se condice con su debilidad estructural. La estrategia idónea pasa por solucionar las demandas de la población y los sectores gremiales para aislar el ala radical del "evismo", dejando que Morales asuma el costo de su propio desgaste.

El Gobierno busca implementar una arquitectura de diálogo y disciplina en su comunicación para transmitir control, documentando las pérdidas millonarias de las vendedoras de los mercados populares y los enfermos sin atención para que la propia presión social desgaste el apoyo a los bloqueos.

En las próximas semanas, el éxito de la Administración de Rodrigo Paz no se medirá por su capacidad de solucionar una crisis económica que tardará años en sanar. Se medirá por un indicador estrictamente político: si es capaz de romper la coalición de la protesta, garantizar el orden democrático sin derramamiento de sangre y recuperar la iniciativa política.

Bolivia ya conoce el precio de la inestabilidad y el costo de los "salvadores" autoritarios que hacen promesas a cambio de libertades. La defensa más efectiva de la democracia será demostrar, con hechos y audacia, que el Gobierno puede gestionar el temporal antes de que el interregno devore las instituciones.