El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) fue declarado en rebeldía este 11 de mayo por un tribunal en la sureña Tarija, lo que implica que será juzgado en ausencia por el delito de trata agravada de personas, mientras se mantiene atrincherado en la región cocalera del centro del país andino.
Este caso, que acapara titulares en los medios de prensa bolivianos, se deriva de una supuesta relación sexual mantenida —cuando ocupaba el poder sin contrapesos— con una menor de edad, con la que habría tenido una hija. La Fiscalía acusa a Morales de haber utilizado su estructura de poder político para captar y mantener esa relación, mientras que los padres de la joven también enfrentan cargos por presunto consentimiento a cambio de favores.
El juicio oral estaba previsto para iniciarse ese mismo lunes 11 de mayo en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Sin embargo, ni Morales ni sus abogados se presentaron. Ante la inasistencia injustificada, el juez Carlos Oblitas declaró al exmandatario en rebeldía, suspendió el proceso y ordenó su captura inmediata.
El juicio permanecerá paralizado "hasta que comparezca voluntariamente o sea aprehendido por la fuerza pública". La Defensa argumenta que no fue notificado correctamente (solo por edictos) y califica el caso de "persecución política".
El fiscal departamental José Mogro informó que el Ministerio Público cuenta con más de 170 pruebas recolectadas para sustentar la acusación. El caso se refiere a hechos ocurridos en el marco de la presidencia de Morales, entre 2006 y 2019, y la causa se reactivó en etapas posteriores tras una investigación inicial archivada en 2020 bajo la figura de estupro.
La defensa de Morales explicó la ausencia mediante una falta de notificación personal. Los abogados argumentaron que la citación se realizó solo a través de edictos publicados en medios oficiales, un mecanismo previsto en la ley cuando el imputado no se presenta en domicilios conocidos. El abogado Nelson Cox, integrante del equipo defensor, señaló que el proceso no cumple con estándares internacionales y que, por esa razón, no correspondía la comparecencia.
Morales, por su parte, publicó en sus redes sociales que no busca impunidad y que exige "un proceso imparcial, legal y apegado a la Constitución y al Derecho procesal". El expresidente se encuentra en la localidad de Lauca Eñe, en el Trópico de Cochabamba, dentro de la región conocida como El Chapare. Desde octubre de 2024, dirigentes y productores de coca de la zona mantienen vigilias permanentes alrededor de su ubicación. Estas acciones incluyen controles de caminos y presencia continua de personas leales al exmandatario izquierdista para impedir el ingreso de fuerzas policiales y la ejecución de órdenes de captura.
El Gobierno boliviano ha confirmado en varias ocasiones que Morales sigue en territorio nacional y que no ha salido por vías legales. El mes pasado, el dirigente cocalero Elmer Lizarazu mencionó que las vigilias generan un desgaste económico y social en las bases, al concentrar recursos en la protección del expresidente, y planteó la posibilidad de evaluar alternativas como un asilo político en el exterior.
Las restricciones que pesan sobre Morales en este proceso incluyen la orden de aprehensión ratificada este 11 de mayo, que es la más reciente de una serie emitida en los últimos meses. Se mantiene vigente el arraigo migratorio, que prohíbe su salida del país mientras dure el procedimiento. En etapas anteriores, como en enero de 2025, ya se había declarado su rebeldía tras inasistencias a citaciones en la fase de investigación, lo que derivó en medidas adicionales como la anotación preventiva de bienes.
La declaratoria de rebeldía actual permite que el juicio continúe en ausencia del acusado, pero suspende su avance práctico hasta que Morales comparezca o sea detenido. La Policía Nacional tiene la instrucción de ejecutar la captura "en el momento, modo y lugar oportunos", pero en la práctica mientras Morales permanezca en El Chapare no es realista pensar que será detenido.
Fuentes gubernamentales han indicado que la ejecución de la captura requiere condiciones de seguridad que eviten confrontaciones, lo que hasta ahora no se ha dado. Mientras tanto, el arraigo impide cualquier intento de salida legal del país, y la anotación preventiva de bienes limita operaciones financieras o de transferencia en algunos de sus activos registrados.
"Bolivia sigue siendo Bolivia, que es lo mismo que decir que Evo Morales es caudillo de un Estado dentro del Estado donde no se atiende a entrar ni el Ejército. El expresidente se ha puesto, una vez más, al margen de la ley y ha tenido que ser declarado en rebeldía", contextualizó la columnista española Carmen de Carlos, en un artículo publicado en el medio español El Debate.
El proceso judicial por trata agravada de personas forma parte de una serie de causas penales abiertas contra Morales desde el fin de su mandato. En este caso específico, la Fiscalía sostiene que la relación involucró el uso de la posición presidencial y recursos estatales, elementos que agravan la figura delictiva.
Desde que dejó la Presidencia en 2019, se han abierto varias causas penales en su contra. Entre ellas figuran acusaciones por fraude electoral en los comicios de octubre de 2019, sedición y terrorismo vinculados a las protestas y bloqueos posteriores a su renuncia, y usurpación de funciones. En etapas posteriores se sumaron denuncias por sedición militar, genocidio y delitos contra la salud pública, así como estupro y abuso sexual en otros contextos.
En junio de 2025, el Gobierno del entonces presidente Luis Arce presentó una denuncia por ocho delitos, entre ellos terrorismo, instigación pública a delinquir, desobediencia a resoluciones constitucionales, atentado contra la libertad del trabajo y obstaculización de procesos electorales, relacionados con protestas y acciones para habilitar su candidatura pese a su inhabilitación. Morales ha sido declarado en rebeldía en fases previas de algunos de estos procesos, como en enero de 2025. Además, arrastra una inhabilitación para postularse a cargos públicos desde diciembre de 2023.
El expresidente ha señalado que las acusaciones responden a motivaciones políticas de los gobiernos posteriores a su gestión, sin entrar en detalles sobre los hechos imputados.
DRONE!!
Parece que ya comió pollo ....