Mientras el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo saca a las calles unos 14.000 policías para evitar procesiones en la Semana Santa de Nicaragua, según el diario Confidencial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció y volvió a condenar "la consolidación de un régimen autoritario".
"A siete años del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la CIDH condena la continua represión estatal y la consolidación de un régimen autoritario", indicó el organismo, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA).
"La situación de derechos humanos en Nicaragua sigue siendo una de las más críticas de la región y continúa deteriorándose". Entre las " graves violaciones a los derechos" en el país, la CIDH mencionó "detenciones arbitrarias, denuncias de desapariciones forzadas, violaciones al debido proceso y las garantías judiciales, tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de las personas privadas arbitrariamente de la libertad, restricciones a la libertad de movimiento; privación arbitraria de la nacionalidad; destierro; así como persecución religiosa y severas restricciones al espacio cívico, tanto en el entorno físico como digital".
"En este contexto de cierre del espacio cívico, persiste la persecución contra periodistas, personas defensoras, periodistas, artistas y cualquier persona percibida como opositora", subrayó la CIDH y sostuvo que "más de 450 personas han sido despojadas arbitrariamente de su nacionalidad, lo que ha generado casos de apatridia".
"Además, según información proporcionada por las organizaciones de la sociedad civil, desde enero de 2024 se han documentado al menos 290 casos de nacionales a quienes se les ha negado la entrada al país, y 348 actos de represión migratoria, como desplazamientos forzados y expulsiones colectivas", agregó.
De igual forma, destacó la CIDH, "más de 400.000 personas se han visto forzadas a huir de Nicaragua para proteger su vida, integridad y libertad personal. Del mismo modo, el Gobierno ejerce un control arbitrario sobre la renovación de documentos de identidad y confisca documentos válidos de viaje".
Como parte del esquema represivo del régimen nicaragüense, "5.441 organizaciones de la sociedad civil que desempeñaban un papel fundamental en áreas sociales, religiosas, de desarrollo y educativas fueron canceladas arbitrariamente desde 2018. En numerosos casos, estas cancelaciones han ido acompañadas de la confiscación y apropiación ilegítima de bienes", puntualizó la CIDH.
"Asimismo, continúa la persecución contra líderes religiosos y comunidades de fe mediante detenciones arbitrarias, expulsiones y la confiscación de bienes como represalia por su trabajo. Desde 2023, al menos 46 religiosos han sido detenidos, excarcelados y posteriormente expulsados del país. Además, el Gobierno mantiene la imposición de severas restricciones a la libertad religiosa, incluyendo la prohibición de celebraciones en espacios públicos, la vigilancia de ceremonias, la moderación de sermones, y la criminalización de expresiones de fe", agregó.
En tal sentido, el periodista nicaragüense exiliado en España, Israel Espinoza, dijo, citado por ACI Prensa, que "pese a la persecución religiosa emprendida por el orteguismo contra la Iglesia en Nicaragua, los católicos asisten de forma masiva a las parroquias del país en este inicio de la Semana Santa 2025".
Así, la investigadora y abogada nicaragüense en el exilio, Martha Patricia Molina, detalló que existe un "Plan Verano 2025" policial, que "incluye el asedio e intimidación de policías a sacerdotes" para recordarles dos órdenes que deben cumplir para no terminar en la cárcel: "la no autorización de realizar procesiones" y "no mencionar en sus homilías y actividades religiosas nada en contra del Gobierno", recalcó ACI Prensa.
Poco después de que la Organización de Naciones Unidas publicara una lista de decenas de funcionarios del régimen que "son responsables de graves violaciones de derechos humanos, abusos y crímenes que están alimentando una campaña de represión sistemática y generalizada en el país", la CIDH urgió "al Estado de Nicaragua a cesar de inmediato las violaciones a los derechos humanos, restablecer el Estado de derecho y a liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad por motivos políticos".
