La lista del terror: los 54 funcionarios que dirigen la represión en Nicaragua

Se le podría catalogar como una lista del terror. Son personas que han encabezado el aparato represivo en Nicaragua a partir de 2018, cuando el régimen de Daniel Ortega y su pareja y copresidenta, Rosario Murillo, cruzaron el Rubicón autoritario, y el país centroamericano se sumergió en una ola de "graves crímenes" y "represión sistemática".

En Ginebra, este 3 de abril, el grupo de expertos designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU subió su apuesta al difundir por primera vez los nombres de 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua, señalados junto a Ortega y Murillo —quienes dictaron las órdenes— como responsables de lo que se viene documentado como crímenes de lesa humanidad.

El listado, como reseñan medios de prensa internacionales, representa el señalamiento más directo, documentado y pormenorizado contra el aparato represivo del régimen sandinista hasta la fecha.

Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron "reelectos" en 2021 —él como presidente y ella como vicepresidenta—, en unos comicios considerados ilegítimos por las democracias de Occidente y por organizaciones internacionales.

Una reciente reforma constitucional los convirtió en "copresidentes", una figura que, a juicio de analistas busca garantizar el poder a Murillo ante el escenario de un eventual fallecimiento de Ortega. Hace poco, además, se le nombró al frente del Ejército, una potestad que ostentaba solamente el antiguo comandante guerrillero.

De acuerdo con el grupo de expertos de la ONU, a partir de 2018 los 54 incluidos en el listado han tenido "funciones clave en relación con detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales", así como en la "persecución de la sociedad civil".

El régimen que encabezan Ortega y Murillo aumentó el control sobre la sociedad nicaragüense tras protestas masivas que estallaron en abril de 2018 y cuya represión dejó más de 300 muertos, según un reporte anterior de Naciones Unidas.

Al presentar un documentado informe en Ginebra, este 3 de abril, Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo que en la investigación quedó al "descubierto la anatomía de un sistema de Gobierno que ha convertido cada brazo del Estado en un arma contra su propio pueblo".

El aparato represivo que asola Nicaragua lo conforman, entre otros, los jefe del Ejército, Julio César Avilés; y de la Policía, Francisco Díaz (consuegro de Ortega y Murillo); así como líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la otrora organización guerrillera que en 1979 puso punto final a la sanguinaria dictadura de la familia Somoza.

"Es un sistema de represión estrechamente coordinado, que se extiende desde la Presidencia hasta los funcionarios locales", afirmó Ariela Peralta, experta del grupo. Un caso simbólico es el papel jugado por el alcalde de Matagalpa, Sadrach Zeledón, quien también figura en la lista de los 54.

Durante la ola represiva que siguió a las protestas de 2018, el régimen de Ortega y Murillo expulsó y despojó de la nacionalidad a unas 450 personas que ejercían la crítica pública, eso incluyó a políticos, sacerdotes, periodistas, escritores, músicos y empresarios. Muchas de estas personas, previo a su exilio forzado, estuvieron presos acusados de "traición a la patria".

Asimismo, el sandinismo en el poder ha clausurado más de medio centenar de medios de comunicación y casi 5.700 organizaciones no gubernamentales, junto a la masiva confiscación de sus bienes.

"Estos no son incidentes aleatorios o aislados, son parte de una política de Estado deliberada y bien orquestada, que es llevada a cabo por actores identificables a través de cadenas de mando definidas", denunció Peralta.

En otra parte del informe de los expertos de la ONU, aparece el Ministerio Público, liderado por Ana Julia Guido hasta 2024, quien fue responsable de la fabricación de cargos y persecución penal selectiva. El Ministerio del Interior y la Dirección General de Migración y Extranjería, ejecutaron la cancelación de nacionalidades y prohibiciones de entrada. La Asamblea Nacional, presidida por Gustavo Porras, aprobó leyes para legalizar la represión y justificar la persecución de disidentes.

Y junto a todo este aparato formal de represión, el régimen instauró una red de grupos armados progubernamentales, con civiles que operan con respaldo logístico estatal. Comenzaron a ser usados contra los manifestantes de 2018 y, según el informe, desde entonces han sido utilizados en acciones de intimidación, vigilancia y agresión contra disidentes.

Como informó DIARIO DE CUBA, estos "policías voluntarios" fueron presentados públicamente a inicios de este año en una serie de actos políticos bajo la conducción de Murillo. Es un cuerpo de más de 76.000 personas.

La presentación del informe, que podría ser la base para la activación de procesos penales en la justicia internacional, recibió un espaldarazo en el Consejo de Derechos Humanos, que este mismo 3 de abril decidió renovar el mandato del grupo de expertos.

"La resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al renovar el mandato del Grupo de Expertos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (para que sigan enfocados en Nicaragua), es un paso clave en la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento del sistema internacional de los derechos humanos", opinó la activista Claudia Pineda, directora de la Unidad de Defensa Jurídica, una organización sin ánimo de lucro que busca garantizar una "defensa técnica adecuada a los nicaragüenses detenidos arbitrariamente".