El Parlamento de Nicaragua, dominado por el gobernante Frente Sandinista (FSLN), aprobó el viernes 22 de noviembre una reforma constitucional que somete los poderes del Estado al Ejecutivo, aumenta el control de los medios, amplía el periodo presidencial a seis años y crea los cargos de copresidente y copresidenta.
La Asamblea Nacional (legislativo) aprobó "por unanimidad" la iniciativa, presentada el martes último por Daniel Ortega, anunció el jefe parlamentario Gustavo Porras ante el plenario.
La polémica reforma confirma el poder que ya tiene Rosario Murillo, hasta ahora vicepresidenta, al igualarlo al de Ortega.
El texto concede un poder total al Ejecutivo, pues establece que los copresidentes coordinarán "a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales", que antes la Constitución reconocía como independientes.
"La reforma formaliza la decisión de garantizar la sucesión presidencial de Murillo y su hijo Laureano Ortega", dijo a la agencia AFP Manuel Orozco, analista nicaragüense de Diálogo Interamericano, al señalar que los copresidentes podrán nombrar a alguno de sus hijos como vicepresidente, antes un cargo de elección popular.
Ambos radicalizaron sus posturas y aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, cuya represión dejó 320 muertos, según la ONU, y consideradas por el Gobierno un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
La iniciativa, que será ratificada en una segunda legislatura en enero, por tratarse de la Constitución, desató una ola de rechazos de los nicaragüenses en el exilio y organismos internacionales, a lo que se sumó Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En la reforma, Nicaragua es definida como un Estado "revolucionario y socialista", e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del FSLN.
Para Azahálea Solís, experta en derecho constitucional, esto deja por fuera proyectos políticos de otras ideologías, en tanto que Salvador Marenco, abogado de derechos humanos exiliado en Costa Rica, aseguró que, además del fin de la separación de poderes, acaba el pluralismo político.
"Todo lo que está ahora en la reforma es lo que, de hecho, ha estado pasando en Nicaragua: una dictadura de facto. Lo nuevo es que ahora estará en la Constitución", aseguró a la AFP la excomandante guerrillera Dora María Téllez, quien estuvo presa y vive exiliada en Estados Unidos.
La reforma establece que el Estado "vigilará" a la prensa y a la Iglesia para que no respondan a "intereses extranjeros", y en el caso de las empresas, para que no apliquen sanciones como las que Estados Unidos ha impuesto al régimen de Ortega y Murillo.
También oficializa el retiro de la nacionalidad nicaragüense a los considerados "traidores a la patria", como hizo el Gobierno con unos 450 críticos y opositores en los últimos años.
La Constitución reformada también crea una Policía Voluntaria, integrada por civiles, como "cuerpo auxiliar y de apoyo" a las fuerzas de seguridad, lo que hace referencia a lo ocurrido en 2018. Durante las protestas, hombres encapuchados y fuertemente armados, que el Gobierno denominó "el pueblo", intervinieron para levantar las trincheras que montaron universitarios y controlar a los manifestantes.
Esta reforma "representa un nuevo hito en la consolidación de un modelo totalitario que atenta despiadadamente contra la democracia y los derechos fundamentales", aseguró Félix Maradiaga, excandidato presidencial, exiliado en Estados Unidos.
La iniciativa cambia la Constitución de 1987, reformada en unas docena de ocasiones por los diputados afines a Ortega, incluida la que estableció la reelección presidencial indefinida.
