Ortega lanza una reforma al Código Penal de Nicaragua para condenar a opositores en el extranjero

El régimen de Daniel Ortega lanzó una controvertida reforma al Código Penal destinada a enjuiciar a opositores tanto dentro como fuera de Nicaragua e incluiría cadena perpetua para los condenados por lavado de activos, publicó el portal de noticias Infobae.

Ortega envió la propuesta a la Asamblea Nacional, dominada por el sandinismo, con las modificaciones a 27 artículos de la Ley No. 641, Código Penal, que endurecen las penas contra opositores y organizaciones no gubernamentales. 

Según esta enmienda, las leyes penales nicaragüenses se aplicarían también a delitos cometidos fuera del territorio nacional. Y entre los delitos a sancionar se encuentran amenazas a la integridad nacional, tráfico de migrantes, delitos contra la Administración pública, ciberdelitos y cualquier otro delito perseguible en Nicaragua.

El proyecto fue remitido a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos para su consulta, aunque, según el diputado oficialista y presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, podría ser aprobado la próxima semana en un proceso legislativo acelerado.

Además de penas de prisión de entre diez y 15 años para aquellos que promuevan o celebren sanciones contra el régimen, sus negocios o funcionarios, la propuesta incluye la inhabilitación y la confiscación de "bienes o activos delictivos o bienes de valor equivalentes" e incrementa las penas hasta 30 años para quienes financien delitos de "menoscabo", conocido como "traición a la patria".

Otros cambios establecen la intervención judicial de organizaciones que violen derechos laborales, lo que puede culminar en la disolución de estas entidades si se comprueba la actividad delictiva. Las penas estipuladas en el paquete de reformas varían desde días de multa, confiscación de bienes, hasta prisión perpetua revisable y la inhabilitación para recibir subvenciones y ayudas públicas.

El ex diputado opositor Eliseo Núñez advirtió a la prensa local que la reforma penal permitirá que personas acusadas de lavado de dinero sean sentenciadas a cadena perpetua, afectando tanto a opositores como a manejadores de fondos de ONG. Núñez advirtió que la reforma aumenta la criminalización y permite la confiscación de bienes, algo prohibido por la Constitución nicaragüense, pero encubierto bajo la figura del "decomiso".

La reforma penal del régimen de Ortega permite también el enjuiciamiento en ausencia. Exiliados podrían ser procesados sin estar presentes para defenderse. La abogada y defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez denunció al medio 100%Noticias que esto viola el debido proceso y facilita la confiscación de propiedades sin sentencia firme, y busca silenciar a activistas y defensores de derechos humanos.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021. Entonces, Ortega fue reelegido para un quinto mandato —el cuarto consecutivo—, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y los privó de nacionalidad y derechos políticos tras acusarlos de "golpistas" y de "traición a la patria".

El jueves el régimen de Ortega también canceló la personería jurídica a Save the Children Canadá y a otras 168 asociaciones que funcionan como organismos sin fines de lucro, elevando a cerca de 5.600 las organizaciones de este tipo disueltas desde 2018.