El régimen de Ortega y Murillo suprime de un plumazo 1.500 ONG

Este 19 de agosto quedará registrado en la historia del autoritarismo que se vive en Nicaragua. En una sola decisión, como se suele decir de un plumazo, el régimen que encabezan Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, suprimió la personería jurídica de 1.500 organizaciones no gubernamentales (ONG), en su mayoría católicas y evangélicas.

Aunque desde 2018 el régimen sandinista ya había eliminado 3.663 entidades sin fines de lucro, lo ocurrido este lunes es la decisión más numerosa y drástica tomada contra la sociedad civil nicaragüense. La decisión provino del Ministerio del Interior y fue publicada en el diario oficial La Gaceta.

El Gobierno de Ortega y Murillo acusa a las organizaciones no gubernamentales de "no reportar sus estados financieros por periodos de entre uno y 35 años". Este es el mismo argumento usado de manera repetida, en esta política estatal de suprimir toda entidad que esté fuera del control gubernamental.

El portal Confidencial, que desde el exilio dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, reprodujo el listado completo de las organizaciones que, sin existir un procedimiento previo, sencillamente pasaron a ser ilegales. La mayoría de las ilegalizadas este 19 de agosto son entidades vinculadas a la Iglesia Católica y a iglesias evangélicas, pero también resultaron afectadas organizaciones sociales, hípicas, empresariales, educativas, médicas, indígenas, deportivas, de excombatientes y de abogados.

Tal como hizo en los miles de casos anteriores, desde 2018, el Gobierno procederá a incautar edificaciones y equipos de las ONG. María Amelia Coronel Kinloch, quien está al frente del Ministerio del Interior, firmó la orden que establece lo siguiente: "en lo referido al destino de los bienes muebles e inmuebles" de las ONG eliminadas, "corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua".

Aunque se oficializó este lunes 19 de agosto, al salir publicado en el diario oficial del Estado, la ministra Coronel Kinloch firmó el acuerdo ministerial el viernes 16 de agosto. Ese día, el régimen de Ortega y Murillo oficializó un "nuevo modelo de operatividad" para las fundaciones, asociaciones y organizaciones no gubernamentales en general.

Para analistas, el objetivo oficial de la política contra las ONG en Nicaragua es quitarle la autonomía de sus proyectos y controlar los recursos que reciben.

De acuerdo con el nuevo modelo, anunciado el pasado viernes, las entidades deberán presentar al Ministerio del Interior o la Cancillería propuestas de "programas y proyectos de alianza". Tales propuestas deberán tener la aprobación oficial previa para poder llevarse a cabo. Por la vía de los hechos se suprime la autonomía de la sociedad civil nicaragüense.

Las medidas de supresión como el esquema de control que se pondrá en práctica, tienen como telón de fondo un recurrente discurso estigmatizante en contra de las organizaciones no gubernamentales. Sin mostrar pruebas de sus señalamientos, el régimen las acusa de recibir dinero de otros gobiernos "para desarrollar actividades terroristas desestabilizadoras".

"El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue dando muestras de su más absoluta intransigencia ante cualquier forma de disenso", editorializó La Nación en Buenos Aires, en respuesta al cierre de organizaciones no gubernamentales en Nicaragua, junto a la expulsión de sacerdotes católicos.

"El régimen de Ortega y Rosario Murillo no es una dictadura tradicional, sino un sistema de castas vinculado al entramado de corrupción y nepotismo organizado desde el poder. La autocracia ha secuestrado por completo el país, reprimiendo cualquier atisbo de disidencia", sostuvo La Nación en su editorial crítico del régimen sandinista.

En 2022, la Asamblea Nacional bajo control del sandinismo aprobó una nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL), que además de darle excusas formales desde su manejo administrativo o rendición de cuentas para controlar a las ONG, prohíbe a organismos defensores de derechos humanos hacer campañas de concientización sobre la realidad política, económica, social y ambiental que atraviesa el país.

Asimismo, el régimen ha echado mano de una entreverada "Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva", para acorralar a las entidades sin fines de lucro que recibían fondos desde el extranjero.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, cuando tuvo lugar una ola de protestas masivas que fueron duramente reprimidas. El aislamiento del régimen se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con Rosario Murillo como su compañera de fórmula presidencial.

Estas elecciones, que fueron consideradas ilegítimas por EEUU, Canadá y la Unión Europea, tuvieron lugar con los principales contendientes de Ortega en prisión, y a los que luego el régimen expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".