El régimen nicaragüense revoca la nacionalidad y confisca los bienes a 135 ex presos políticos

El régimen nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo revocó la nacionalidad y confiscó los bienes a los 135 ex presos políticos que fueron liberados la semana pasada por mediación de EEUU y enviados a Guatemala. Este nuevo movimiento del régimen elevó a 452 el número de ciudadanos del país que han sido privados de su nacionalidad y de sus bienes en los últimos dos años, informó la agencia EFE.

Este martes, la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua emitió una resolución en la que ordenó "la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional".

Entre los excarcelados, desterrados a Guatemala y ahora declarados apátridas se encuentran los artistas plásticos Kevin Laguna y Oscar Danilo Parrilla, cuyos nombres artísticos son Vink Art y Torch Místico, quienes fueron detenidos en noviembre de 2023 cuando pintaban un mural artístico en honor a la Miss Universo 2023, la nicaragüense Sheynnis Palacios.

También el creador de contenido en la red social TikTok y simpatizante sandinista, Cristóbal Geovany López, conocido como Tropi Gamer, quien fue encarcelado, según contó que le dijeron las autoridades, porque "había cometido el delito de apoyar a Miss Universo Sheynnis Palacios".

Estas 135 personas se suman a los 317 nicaragüenses que han sido declarados apátridas por el régimen, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez, a los que las autoridades retiraron su nacionalidad en febrero de 2023. Otros privados de su nacionalidad fueron el excomandante de la revolución Luis Carrión, la legendaria exguerrillera Dora María Téllez, la veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez, el periodista Carlos Fernando Chamorro, entre otros, todos muy críticos con el Gobierno de Ortega y Rosario Murillo.

Este martes, además, la ONU denunció que una reforma reciente al Código Penal aprobada por el parlamento de Nicaragua, controlado por Ortega y Murillo, que podría intensificar, en su opinión, la "represión" de los nicaragüenses exiliados, cuyos derechos llamó a "proteger".

El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU debatió en Ginebra el informe sobre la situación en Nicaragua, presentado por Christian Salazar Volkmann, responsable del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. "Esas reformas podrían ser utilizadas para intensificar la persecución y represión aún más a personas nicaragüenses, incluso en el exilio, y a extranjeras, por el legítimo ejercicio de sus derechos", aseguró.

La ley para juzgar a quienes cometan acciones en el exterior contra el gobierno de Ortega ha sido denunciada por los exiliados como una "herramienta de represión transnacional". Contempla sanciones de hasta 30 años de prisión y confiscación de los bienes por "delitos contra la administración pública", "ciberdelitos" o "delitos contra el Estado o instituciones", entre otros.

Sobre la represión continuada que ejerce el régimen de Ortega y Murillo, un grupo de organismos defensores de derechos humanos de Nicaragua, relacionados con las víctimas y periodistas en el exilio, presentó recientemente, en Costa Rica, el informe "Nadie se va porque quiere", en el que compilaron las experiencias de 40 nicaragüenses afectados de primera mano por la represión.

Los expertos detallaron que numerosas amenazas de muerte, riesgos de detenciones arbitrarias, acosos, hostigamientos, vigilancia permanente, entre otros, fueron los motivos que llevaron a miles de nicaragüenses a abandonar de manera forzada su país tras la crisis social y política que estalló en abril de 2018.

"Entre los derechos vulnerados, además de la libre circulación y residencia, están la protección de la familia, el trabajo, la salud y la identidad, el derecho a la libertad personal, el derecho a la participación política y a la libertad de civiles, el derecho a un debido proceso. Todos fueron violados", detalló la activista Linda Núñez, que forma parte del equipo de Educación y Memoria de la ONG Colectivo Nicaragüense Nunca Más.

Asimismo, la activista denunció que "las personas exiliadas están viviendo depresión, ansiedad, culpa, cansancio y estrés postraumático". "La estrategia represiva del régimen completa todos los ámbitos de la vida de las personas perseguidas", agregó y sostuvo que "se busca controlar, herir y destruir los cuerpos, destruir la reputación personal, castigar al colectivo del que proviene, hacer imposible un proyecto de vida".