La Justicia argentina ordenó este lunes la captura internacional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, quienes encabezan el régimen del país centroamericano, por la "violación sistemática de derechos humanos", informó la agencia EFE y notificó, además, que la orden de captura es extensiva a doce de sus colaboradores.
La orden de captura fue solicitada a Interpol por el juez federal Ariel Lijo, quien desde 2022 tramita una causa contra Ortega y Murillo, abierta a partir de una denuncia presentada, entre otros, por el abogado argentino Darío Richarte. "Luego de casi dos años y medio de investigación, el juez acaba de resolver la citación a prestar declaración indagatoria y la orden de detención con pedido de captura internacional de Daniel Ortega, Rosario Murillo y de alrededor de una docena de otros responsables de graves violaciones a los derechos humanos", señaló Richarte en su perfil de X.
"El Gobierno de Ortega y su esposa es tal vez la dictadura más sangrienta que ha existido en el continente", dijo Richarte y agregó: "Un poco de luz entre tanta oscuridad! Un poco de justicia para tantas víctimas".
En una resolución de 76 páginas citada por el diario Ámbito Financiero, Lijo pidió la captura internacional con fines de extradición de Ortega, Murillo y el resto de los imputados para ser indagados por la Justicia argentina.
De acuerdo con el documento jurídico, en Nicaragua se puso en marcha en 2018 un "plan sistemático y generalizado de violenta represión contra la población civil", que se valió "de la estructura del aparato estatal" y cuyo objetivo "era la disuasión de manifestaciones sociales y la persecución de los sectores políticos disidentes".
Según la resolución, "se realizaron encarcelamientos arbitrarios, asesinatos, actos de tortura, desaparición forzada de personas, traslado forzado de la población, deportaciones, censura mediática, privación de atención médica, supresión de matrículas profesionales habilitantes, persecución por motivos políticos y religiosos, cancelación de la personería jurídica y quita de la nacionalidad".
Bajo el principio de jurisdicción universal, la denuncia contra Ortega fue presentada ante los tribunales federales de Buenos Aires el 26 de agosto de 2022 por un grupo de abogados y profesores de la Universidad de Buenos Aires, con apoyo de alumnos de la carrera de Derecho. Entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, el equipo denunciante presentó siete ampliaciones de la demanda.
El empresario y opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro celebró esta decisión de la Justicia argentina. "Para las víctimas de lesa humanidad esta es una señal de esperanza de la Justicia, negada en Nicaragua", dijo Chamorro y agregó: "Esta orden de detención debería ayudar a la comunidad internacional a buscar sanciones contra Ortega por los crímenes de lesa humanidad".
Ortega es un residuo tóxico de lo que una vez fue calificado como la izquierda latinoamericana, cuya presencia en cumbres de presidentes de la región es cada vez más incómoda. El diario argentino La Nación, en un editorial crítico del sistema sandinista, expuso que "el régimen de Ortega y Rosario Murillo no es una dictadura tradicional, sino un sistema de castas vinculado al entramado de corrupción y nepotismo organizado desde el poder. La autocracia ha secuestrado por completo el país, reprimiendo cualquier atisbo de disidencia".
