La reiterada desobediencia del régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, a las órdenes de la Corte Interamericano de Derechos Humanos en relación con los presos políticos, llevó a esta instancia a declarar en "desacato permanente" a los gobernantes del país centroamericano.
Con un total de 219 presos políticos, de acuerdo con el registro que lleva adelante el no gubernamental Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, la Corte Interamericana ha adoptado entre 2021 y 2022 una serie de resoluciones a favor de 75 opositores encarcelados, incluyendo a excandidatos presidenciales, periodistas y activistas de la sociedad civil.
A dictar su resolución este 29 de noviembre, el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos detalló que el Estado de Nicaragua ha expresado su no aceptación y rechazo a las medidas provisionales en favor de los presos políticos. Resoluciones que adoptó esta corte, con sede en San José de Costa Rica, en estas fechas: 24 de junio, 9 de septiembre, 4 y 22 de noviembre de 2021, así como del 25 de mayo y 4 de octubre de 2022.
La Corte Interamericana expresó su frustración por la falta de medidas efectivas, un "desacato permanente" a las numerosas órdenes de liberar a opositores encarcelados. Los magistrados anunciaron que elevarán esta situación a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consultados por DIARIO DE CUBA admitieron que, en términos prácticos, la resolución de la Corte no tendrá ninguna repercusión, dado que el Gobierno de Nicaragua ya anunció su retiro de la OEA.
Sin embargo, este procedimiento formará parte del expediente que se viene documentando en las instancias de derechos humanos sobre las variadas y reiteradas violaciones que ha cometido y sigue cometiendo el régimen de Ortega y Murillo.
El retiro de Nicaragua de la OEA y, por extensión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se hará oficial en noviembre de 2023, una vez que se cumplan dos años desde el anuncio de su decisión.
En noviembre de 2021 el Gobierno sandinista anunció su decisión, que fue reiterada en abril de este año cuando ordenó el cierre de la oficina de la OEA en Managua y ordenó que todo el personal diplomático acreditado ante el organismo hemisférico, con sede en Washington, regresase a Nicaragua.
Diplomáticos y analistas consultados en su momento por DIARIO DE CUBA coincidieron en señalar que la decisión del régimen sandinista de retirar a su país de la OEA tenía por finalidad soltar amarras para evitar compromisos y responsabilidades, tanto ante ese organismo como ante la CIDH. Se preveía, y así ha sucedido, que se profundizara el clima de represión y restricciones políticas.
"Subsiste un desacato prolongado por parte del Estado que pone en una situación cada vez más vulnerable a los beneficiarios de las medidas provisionales e implica un incremento en la situación de riesgo", indicó la Corte Interamericana.
En esas medidas provisionales de protección, el tribunal interamericano ha ordenado a Managua la liberación inmediata de los opositores encarcelados. El régimen de Ortega y Murillo ha hecho caso omiso.
"Esta Corte concluye que la manifestación de no aceptación y rechazo del Estado a las medidas provisionales adoptadas por esta Corte, la prolongación de la detención de los beneficiarios de las medidas provisionales, mantiene a las personas en un estado de desprotección absoluta", determina la Corte.
La resolución indica que el desacato del Estado y las malas condiciones de detención de los presos suponen "un riesgo grave de padecer daños irreparables a sus derechos a la vida, integridad, salud y alimentación".
Asimismo, confirma que los gobernantes de Nicaragua no han facilitado contacto periódico de los presos políticos con familiares y abogados y no se les ha garantizado el acceso a servicios de salud y medicamentos, ni a una alimentación adecuada.
Entretanto, la deriva autoritaria nicaragüense fue cuestionada seriamente en México por el presidente chileno Gabriel Boric, en el marco de una visita oficial que concluyó el pasado 24 de noviembre.
Boric tuvo una intervención muy explícita sobre Nicaragua en un discurso en el Senado de México. Dijo que "Latinoamérica no se puede callar" ante las violaciones de derechos humanos en la región y denunció de manera expresa la situación de los "presos políticos" en Nicaragua.
Diera lo mismo si fueran un par de leprosos, aunque son peores, porque son leprosos de alma.