La deriva autoritaria en Nicaragua sigue su curso. Tras la realización de unas elecciones presidenciales catalogadas de ilegítimas por buena parte de la comunidad internacional, ahora el régimen de la pareja presidencial formada por Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, ha dado un paso más para profundizar el autoritarismo en este país centroamericano.
Diplomáticos y analistas consultados por DIARIO DE CUBA coinciden en señalar que la decisión del régimen sandinista de retirar a su país de la Organización de Estados Americanos (OEA) busca soltar amarras para evitar compromisos y responsabilidades, tanto ante ese organismo como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se prevé, en general, un clima de mayor represión y restricciones políticas.
En enero de 2022, cuando se realice la toma de posesión para el nuevo periodo, Ortega estará cumpliendo 15 años de ejercicio ininterrumpido del poder, el último tramo junto a su pareja sentimental Rosario Murillo.
El pasado viernes el canciller de Nicaragua denunció formalmente la carta de la OEA, con lo cual activó el proceso de desvinculación que terminará haciéndose efectivo en dos años.
De forma inmediata reaccionó la CIDH: "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamenta la decisión del Estado de Nicaragua de denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos, así como sus efectos para el pueblo nicaragüense y para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos".
La CIDH, especialmente desde las protestas masivas y duramente reprimidas, pasó a tener un rol muy activo en documentar y denunciar las violaciones a los derechos humanos en este país centroamericano.
"El régimen de Ortega busca moverse con menos ataduras para este nuevo ciclo en el poder. Los actores políticos de peso de la comunidad interamericana deben tomar acciones que efectivamente logren parar el curso de esta deriva autoritaria, con graves secuelas para la población de Nicaragua", comentó a DIARIO DE CUBA desde Washington un funcionario de la CIDH, con la condición de que no se difundiera su identidad.
"Uno de los grandes ingredientes del efecto Nicaragua —por poner un nombre a lo que se proyecta con la profundización y la aceleración del desmantelamiento institucional, el empobrecimiento material y la pérdida de derechos humanos— es la total ausencia de disimulo y escrúpulos que han caracterizado las acciones del régimen", sostiene Elsa Cardozo, ex directora de la carrera y de la maestría en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Ayer en Managua prosiguió lo que hasta ahora ha sido una ola indetenible de detenciones y encarcelamientos. Fue apresado Edgar Parrales, ex embajador ante la OEA y crítico del gobierno de Ortega y Murillo.
Parrales, de 79 años, un ex sacerdote que ejerció cargos diplomáticos durante los años iniciales de la Revolución Sandinista en los 80, fue detenido cuando se dirigía a un banco. "Estoy siendo llevado en contra de mi voluntad", gritó a los transeúntes según reseña el portal Confidencial.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, urgió al organismo continental a tomar acciones urgentes. "La OEA debe evaluar de manera urgente la suspensión de Nicaragua", manifestó el defensor de derechos humanos.
De acuerdo con la CIDH, tras el inicio de las protestas sociales en abril de 2018, "el Estado de derecho en Nicaragua se quebrantó por la concentración del poder en el Ejecutivo y la instalación de un estado de excepción". Tres años después, según este organismo, "persiste un contexto de impunidad generalizada respecto de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la represión estatal".
La CIDH contabiliza a la fecha la existencia de 155 presos políticos, entre los cuales figuran siete candidatos presidenciales detenidos en el contexto de la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales realizadas el pasado 7 de noviembre y desconocidas por EEUU, la Unión Europea y varios países latinoamericanos.
De acuerdo con Cardozo, el régimen de Managua tiene el apoyo de Cuba y Venezuela, y se mueve en un contexto regional que, por su naturaleza problemática, lo beneficia.
"Cuentan en este cuadro las nuevas complejidades institucionales de la crisis venezolana y el riesgo de su normalización, la acelerada pérdida de democracia en El Salvador, sus debilidades en Guatemala y serias grietas en Honduras. La región está además atravesada por las crisis asociadas a la movilización de migrantes en los países de tránsito y destino", explica la analista internacional.
El actual senador chileno y ex secretario general de la OEA en el período 2005-2015, José Miguel Insulza, aseveró que "Daniel Ortega ha conseguido aislar completamente a Nicaragua, y eso es un drama". Junto a esto remarcó el papel limitado que puede tener la comunidad internacional ante un régimen que opta por el autoritarismo: "No existen formas de intervención directa, el cambio de régimen tiene que darse dentro de Nicaragua".
