A partir de marzo de este año se puso en marcha una suerte de razzia contra la sociedad civil de Nicaragua. Con 2.907 ONG cerradas hasta este 25 de noviembre, el régimen de Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ha cancelado —en promedio— la personería jurídica de diez organizaciones, nacionales y extranjeras, cada día a lo largo de este 2022.
El cierre de ONG en el país centroamericano si bien arreció y se masificó en 2022, comenzó en 2018 en el contexto de una dura represión en contra de movilizaciones de calle, especialmente protagonizadas por estudiantes.
Este 23 de noviembre se decretó el cierre de 100 organizaciones, nueve de las cuales eran extranjeras. En los últimos cuatro años un total de 3.026 organizaciones sociales y sin fines de lucro han sido clausuradas.
El Gobierno de Ortega y Murillo asegura que las organizaciones o están en abandono o han incumplido sus obligaciones y deberes.
La dictadura nicaragüense, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este miércoles las personalidades jurídicas de otras 100 ONG, con lo que suman 3.026 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares de abril de 2018.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en masivas manifestaciones para exigir la renuncia de Ortega y Murillo. El Gobierno respondió con brutalidad, causando al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Diputados del sandinismo, es el caso de Filiberto Rodríguez, sostienen que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al Gobierno en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.
Entre las ONG afectadas por la decisión de este 23 de noviembre destacan la Asociación Hermanas Franciscanas School Sisters St.Francis, Asociación para el Desarrollo Sostenible de las Microempresas, Fundación María de Nicaragua y Nicaragua de María, Asociación Centro Integral de la Niñez y Adolescencia Getsemaní, Asociación de Mujeres La Bahía Gaspar García Laviana, Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas, Asociación de Mujeres de Kukra River, entre otras.
Entre otras afectadas se encuentra la Asociación de Jubilados y Pensionados Independientes de Nicaragua (AJUPIN), que según las autoridades no habría cumplido con sus obligaciones de informar sobre sus cuentas y periodos fiscales, con un desglose de ingresos y retiradas de dinero.
Varias de las organizaciones ilegalizadas son cristianas y católicas, además de fundaciones de desarrollo en comunidades rurales y hasta organismos de defensa de los derechos de los animales.
Entretanto, la deriva autoritaria nicaragüense fue cuestionada seriamente en México por el presidente chileno Gabriel Boric, en el marco de una visita oficial que concluyó este jueves 24 de noviembre.
Boric tuvo una intervención muy explícita sobre Nicaragua en un discurso en el Senado de México. Dijo que "Latinoamérica no se puede callar" ante las violaciones de derechos humanos en la región y denunció de manera expresa la situación de los "presos políticos" en Nicaragua.
"Nosotros hemos aprendido que cuando se violan los derechos humanos en pueblos de América Latina, uno no puede callar. Siento y palpita en nuestro corazón latinoamericano la solidaridad que México tuvo con nosotros", sostuvo Boric en referencia a la "generosa acogida" a los exiliados de chilenos tras el golpe de Estado de 1973.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador guardó silencio ante los señalamientos del presidente de Chile dirigidos al régimen de Ortega y Murillo.
¿Y las violaciones de ddhh en Cuba?
Doña—-Él sabe de qué palo se rasca. Fariseo.