Una denuncia presentada en Argentina en octubre último contra el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, su esposa y actual vicepresidenta del régimen, Rosario Murillo y otros funcionarios de la dictadura, por delitos de lesa humanidad, fue ampliada el jueves para indagar en la responsabilidad de otros cargos del Gobierno.
La ampliación supondría investigar la responsabilidad que pudo haber tenido la funcionaria Aminta Granera Sacasa, directora de la Policía Nacional de Nicaragua, durante la represión de abril de 2018 contra las manifestaciones que exigían la salida del poder del gobernante sandinista, y que fueron ahogadas con violencia.
La ampliación exige que se considere la vulneración al derecho a la educación como parte del plan sistemático de represión, que se refleja en el control de las universidades y las restricciones a su funcionamiento, "acompañadas de la privación de la libertad de estudiantes y opositores al régimen", dice el documento legal, citado por el medio argentino Infobae.
"El accionar de la Policía Nacional durante la represión de abril de 2018 requiere de la investigación de la responsabilidad de la Sra. Aminta Granera Sacasa y, además, justifica la responsabilidad criminal del presidente de la República de Nicaragua sobre los crímenes de lesa humanidad ejecutados por acción o por omisión a través de la Policía Nacional, de acuerdo con la denuncia oportunamente presentada", indica la denuncia.
"Durante el mes de agosto de 2018 se produjo la detención de más de 20 estudiantes universitarios, algunos de ellos miembros del Movimiento 19 de abril y otros de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia. Entre ellos se encontraban Byron Estrada, Luis Muñoz, Nahiroby Olivas, Luis Rugama, Yaritza Mairena y Víctor Obando", precisa el documento.
La denuncia introducida en la Justicia argentina en octubre pide iniciar una investigación penal contra Ortega, Murillo y otras personas de su entorno, a quienes se les acusa de cometer crímenes de lesa humanidad contra de ciudadanos que manifestaron su desacuerdo con el régimen que controla el país.
El proceso, ya iniciado por los abogados argentinos Darío Richarte y Diego Pirota, sumó una segunda denuncia a principios del actual mes de noviembre, interpuesta por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), presentada por su secretario ejecutivo, Danny Ramírez-Ayérdiz.
El fiscal Eduardo Taiano, quien impulsa la iniciativa, explicó que la Justicia Federal argentina está facultada para investigar esos delitos en base al artículo 118 de la Constitución de ese país, que reconoce el principio de "jurisdicción universal", citó Infobae.
Junto a Ortega y a Murillo también fueron denunciados en la causa el comisionado Francisco Díaz Madriz, jefe de la Policía nicaragüense; Néstor Moncada Lau, asesor privado de Ortega; el general Julio César Avilés Castillo, jefe del Ejército de Nicaragua; Oscar Mojica, ministro de Transporte e Infraestructura; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social; Oscar Valladares, asesor presidencial en temas de defensa y seguridad; Sonia Castro, exministra de Salud; y Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua.
También fueron incluidos el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; la presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Ramona Rodríguez; y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la magistrada Alba Luz Ramos.
"CALIDH considera que estos funcionarios son responsables de planificar, dirigir y ejecutar diversas conductas sancionadas por el delito de lesa humanidad establecido en el Artículo 7 del Estatuto de Roma, en el marco de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, pues cometieron los delitos de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas entre otras", afirma el comunicado.
El jurista nicaragüense Uriel Pineda, consultor independiente en temas de derechos humanos, consideró que "hay un salto cualitativo" en la acusación argentina en relación a otras iniciativas que buscan que el régimen nicaragüense responda por los crímenes que ha cometido en Nicaragua para conservar el poder.
Taiano también destacó que la Corte Penal Internacional no podría juzgar eventuales crímenes de lesa humanidad en Nicaragua porque Managua no ha ratificado el Estatuto de Roma.
La Justicia Federal argentina ya investigó otras denuncias por delitos de lesa humanidad ocurridos fuera del país. Son estas las causas judiciales por la persecución a los practicantes de la disciplina Falun Gong en China, los crímenes del franquismo en España, y el genocidio denunciado por el pueblo Rohingya en Myanmar.
Rosario es como un disfraz de halloween.
No, es mucho peor, ya que su horror es real, y su fealdad emana desde adentro. Bruja total.