Aunque ya Michelle Bachelet concluyó su mandato como alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, dejó preparado un duro informe sobre la situación generalizada de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, quienes han apostado por el aislamiento internacional y la ausencia de diálogo interno.
Bachelet concluyó su mandato de cuatro años el 31 de agosto, y el balance de su gestión no fue precisamente halagador si se le mira desde América Latina. Este 13 de septiembre fue presentada una actualización sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua que, según pudo confirmar DIARIO DE CUBA, fue elaborada con el visto bueno de la expresidenta chilena, quien en otras ocasiones manifestó su decepción por la falta de diálogo de su oficina con el Gobierno sandinista.
En los últimos meses de 2022, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos "ha observado que la situación de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose. Este deterioro abarca graves violaciones de los derechos civiles y políticos, la ausencia de un diálogo nacional, la profundización de la crisis política, y el aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional", dice el informe que fue presentado en Ginebra por Christian Salazar Volkmann, director de las operaciones en terreno, mientras asume como alto comisionado el austriaco Volker Türk.
En un listado extenso de violaciones y casos graves, la oficina de la ONU destacó los ataques contra la Iglesia Católica, que incluyen el reciente arresto del obispo de Matagalpa, o contra la libertad de expresión, como el cierre de radios católicas o la confiscación del inmueble del diario crítico La Prensa.
De acuerdo con las cifras que se presentaron en Ginebra, están "bajo detención arbitraria al menos 195 personas en relación con la crisis sociopolítica". No es un asunto menor, destacó Salazar Volkmann, que entre estos presos figuran siete excandidatos presidenciales de las elecciones de noviembre pasado, en las que Ortega obtuvo su cuarto mandato consecutivo, junto a Murillo como vicepresidenta, en unos comicios no reconocidos por numerosos países.
En respaldo a lo que sostiene el informe elaborado por la gestión de Bachelet, y precisamente para presionar para evitar que Nicaragua salga del radar de preocupaciones del austríaco Türk, un grupo de 45 países encabezados por Ecuador presentaron una carta ante el Consejo de Derechos Humanos este 13 de septiembre.
"Nicaragua ha seguido reprimiendo los derechos a las libertades de reunión pacífica y asociación, y de religión. Solo este año ha cancelado la personalidad jurídica de 1.112 organizaciones de derechos humanos, desarrollo, asociaciones profesionales, incluidas las asociaciones médicas, entre otras. Doce universidades también han visto cancelada su personalidad jurídica", sostiene la misiva.
Tras la presentación del informe del Alto Comisionado, organizaciones internacionales de la sociedad civil cedieron sus espacios ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a defensores de Nicaragua, familiares de presos políticos y víctimas de la represión del régimen Ortega y Murillo.
En ese espacio, Susana López, madre de Gerald Vásquez, estudiante universitario asesinado de un balazo en la cabeza en 2018, denunció que, después de más de cuatro años, los crímenes de los que fueron víctimas su hijo y más de 300 personas también asesinadas en el contexto de la represión de las protestas sociales, siguen en la impunidad.
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), junto a la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, pidieron acciones concretas a la ONU ante la escalada que se registra en el país centroamericano.
"Pedimos al Consejo que exhorte al Estado de Nicaragua a permitir la entrada de los mecanismos de protección de derechos humanos, y específicamente al Grupo de Expertos de Naciones Unidas, para que corroboren el estado lamentable de más de 200 personas presas políticas y demandar su inmediata liberación", dijo la representante del CENIDH, Vilma Núñez.
Sin embargo, los propios informes del Alto Comisionado, así como han retratado la crisis de derechos humanos en Nicaragua, han dejado al desnudo la decisión política del régimen de Ortega y Murillo de optar por el aislamiento internacional y cerrarse a cualquier posibilidad de diálogo con los opositores democráticos, en su mayoría encarcelados o exiliados.
Más allá de la política de sanciones que han ejecutado tanto Estados Unidos como la Unión Europea, junto al no reconocimiento de las elecciones del pasado noviembre, no se observan estrategias de la comunidad internacional prodemocracia que tengan como prioridad la crisis nicaragüense. El sandinismo, como en su momento han hecho Caracas o La Habana, ha aprendido a sobrevivir con las sanciones.
En el contexto regional, en ese sentido, Managua ha reforzado sus lazos con los autoritarismos de Cuba y Venezuela, y en medio de las condenas internacionales a la invasión rusa contra Ucrania optó por profundizar su cooperación militar con Rusia.
Desgraciadamente, los letrinamericanos no parecen tener sentido de que no se pueden sobrepasar ciertos límites sin perder toda respetabilidad. O sea, el "realismo mágico" es algo para la literatura, no el mundo real, ya que la realidad no es para andar con cuentos de camino ni fantasías ilusas.
Ortega ya es sólo un monigote. La que manda es la Murillo, esa mezcla repugnante de bruja vieja y ternera de rifa, que ha resultado más mala que el marido, por no hablar de Somoza. Claro, cuando una madre permite que el marido abuse sexualmente de su hija, tiene que ser una mujer horrible.
Par de Momias Vivientes........y todavía celebran el Día de la Indepencia, triste pueblo.