Lo que fue una polémica ley aprobada en octubre de 2020 ha devenido en un claro instrumento de dominación. De un plumazo la Asamblea Nacional, el Parlamento de Nicaragua controlado por el sandinismo, decidió cerrar 24 ONG.
15 de estas entidades sin fines de lucro eran asociaciones médicas que habían cuestionado la política sanitaria del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo durante la pandemia de Covid-19.
Este 28 de julio, cuando se tomó la decisión, terminó siendo un día lúgubre para la sociedad civil de este país centroamericano y en particular para el gremio médico, cuyas voces críticas quiere acallar el Gobierno que encabezan Ortega, como presidente, y su mujer Rosario Murillo, como vicepresidenta.
La pareja de Ortega y Murillo, en el poder de 2007, busca con afán su reelección en unas elecciones presidenciales pautadas para noviembre venidero, para las cuales se han quedado prácticamente sin contrincantes ya que siete precandidatos opositores han sido detenidos en las últimas semanas.
El portal Confidencial, dirigido por el laureado periodista Carlos Fernando Chamorro, puso de relieve el carácter orquestado que tuvo la decisión legislativa con los órganos de seguridad. La Policía Nacional de Nicaragua, que lleva adelante las detenciones de opositores, está dirigida por el consuegro de Ortega.
Según Confidencial, había transcurrido una hora después de que el Parlamento nicaragüense aprobó el cese de la personería jurídica de las ONG, cuando efectivos policiales allanaron y literalmente incautaron la sede del Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS), fundada por el epidemiólogo Leonel Argüello. Este galeno ha sido una de las principales voces médicas para demandar una mejor gestión oficial de la crisis por el Covid-19.
"La cancelación de personerías jurídicas a ONG en Nicaragua es otro paso para silenciar voces críticas. Un camino que los Ortega-Murillo iniciaron ya desde 2008 con una estrategia hostil hacia la sociedad civil y el derecho de organización ciudadana", comenta a DIARIO DE CUBA la socióloga Elvira Cuadra.
En octubre del año pasado, la mayoría del sandinismo en el Parlamento unicameral le dio luz verde a la denominada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que desde entonces se advertía que buscaría controlar a las ONG y a toda persona natural o jurídica que reciba dinero en Nicaragua, directa o indirectamente, de otros gobiernos o asociaciones extranjeras.
En febrero pasado la Fundación Violeta Barrios de Chamorro se negó a inscribirse como "agente extranjero" en un registro generado a partir de la polémica ley. Cristiana Chamorro, al frente de esta fundación que lleva el nombre de la presidenta de Nicaragua en 1990 y 1997, cesó sus operaciones desde entonces.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, junto a otras 60 organizaciones más de la sociedad civil, interpuso recursos de inconstitucionalidad. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, controlada por Ortega y Murillo, ignoró las quejas.
En simultáneo con la implementación de la ley aprobada en octubre de 2020, el Gobierno de Ortega oficializó las confiscaciones de facto de instalaciones y edificaciones de ONG y medios de prensa independientes, que habían sido intervenidas por la Policía en diciembre de 2018.
El pasado 29 de enero, por ejemplo, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) vio como fue demolida su sede.
En su decisión de este miércoles, la Asamblea Nacional de Nicaragua con 70 votos a favor y 16 en contra, no solo aprobó el cierre de las 24 organizaciones, también dispuso que sus bienes pasaran a ser "propiedad del Estado", según la resolución aprobada en sesión plenaria.
El CENIDH denunció que la cancelación de la identidad legal a esas 24 organizaciones que "velan por la salud y la vida de los nicaragüenses" es una violación al derecho de libertad de asociación.
Los diputados argumentaron que las asociaciones no habían presentado a las autoridades "los convenios que tienen con donantes extranjeros", ni "documentos de identidad de sus proveedores de fondos" o "soporte de sus ingresos".
En 2018, en medio de una oleada de protestas sociales que ha sido la peor crisis política que ha afectado al régimen, el Parlamento anuló el estatus jurídico a nueve ONG, incluido el CENIDH, acusadas de promover actividades "terroristas" y "golpistas".
Junto a las acciones recientes contra la sociedad civil, en los últimos dos meses el régimen de Ortega y Murillo ha detenido a tres decenas de dirigentes opositores y líderes estudiantiles de las protestas de 2018.
Entre los detenidos que están siendo investigados por supuesta "traición a la patria", figuran siete precandidatos presidenciales: Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Noel Vidaurre, Cristiana Chamorro, Miguel Mora, Félix Maradiaga y Medardo Mairena.
De acuerdo con Cuadra, la estrategia del régimen para lograr la relección de Ortega y Murillo ha sido "sacar de competencia a candidatos con simpatía y potencial de cambio democrático en Nicaragua y dejar espacio solo a candidaturas inocuas".
Estos dos han resultado "alumnos aventajados" de la Escuela Cubano-Soviética de Constitucionalidad.