El discurso del chavismo sobre la ayuda humanitaria a Venezuela ha registrado un giro de 180 grados. Tras negarse tercamente por dos años a que ingresaran alimentos o medicinas de forma masiva al país a través de los canales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Gobierno de Nicolás Maduro saluda ahora un acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Estamos ahora en un escenario diferente, pero con los mismos voceros. Sin ir muy lejos, el presidente Nicolás Maduro o el canciller Jorge Arreaza, no solo negaban la existencia de una crisis humanitaria, sino que sostenían un discurso en contra de recibir "limosnas". Ellos mismos son, ahora, los que han recibido con alfombra roja en Caracas a David Beasly, director del PMA, una agencia de la ONU, cuyo principal donante es el Gobierno de EEUU.
Obviamente, desde un punto de vista humanitario, debe saludarse el acuerdo firmado entre Maduro y Beasly. Este año, 185.000 niños y niñas de Venezuela, en edad escolar, recibirán una alimentación adecuada a través del PMA; y esta cifra se elevará de forma sustantiva para llegar a 1,5 millones de infantes a fines de 2022.
Tanto la PMA como otras agencias de la ONU (es el caso de la FAO) habían colocado a Venezuela en la lista de países en emergencia que requieren asistencia internacional, dado que el país perdió la capacidad de alimentar a su población. El propio Beasly, en una intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el año pasado, presentó una lista de cinco países con niveles de hambruna.
Al contrario de Afganistán, Congo, Yemen o Sudán del Sur, en donde la crisis alimentaria generalizada ha sido generada por guerras o conflictos armados prolongados, la falta de alimentos en Venezuela está asociada directamente a las políticas económicas del chavismo, que destruyeron prácticamente la producción nacional de alimentos, gracias a una combinación de expropiaciones y controles de precios.
La llegada de Beasly a Caracas y la firma de un acuerdo, este 19 de abril, tomaron por sorpresa a no pocos funcionarios locales de la ONU y a diversos activistas de la sociedad civil. El hecho de que el director del PMA, un veterano político estadounidense del Partido Republicano (congresista y gobernador entre 1979-1995), se haya reunido tanto con Maduro, como con el líder opositor Juan Guaidó, dejó en claro también que hubo una negociación política previa entre las partes.
El giro del chavismo en esta materia es notable. Mantuvo una actitud cerrada entre 2019 y 2020, cerrando el paso para que de forma masiva alimentos o medicinas pudiesen venir del exterior, pese a la aguda crisis humanitaria.
De acuerdo con los propios reportes de las agencias de la ONU, entre 2015 y 2020 unos cinco millones de venezolanos huyeron —literalmente— a otros países, principalmente de Sudamérica. La pandemia de Covid-19, que implicó el cierre de fronteras, ha contenido temporalmente el éxodo, pero se espera una nueva salida de venezolanos apenas se restituya el paso fronterizo con Colombia.
Según cifras del PMA y la FAO, un tercio de la población de Venezuela necesita apoyo en alimentación. Son nueve millones de venezolanos los que padecen vulnerabilidad alimentaria.
Es difícil creer que de forma mágica el chavismo haya comprendido la magnitud de la crisis y por eso se haya allanado a recibir a Beasly, una figura que apareció muy cercana a Mike Pompeo cuando este estaba al frente del Departamento de Estado, en Washington. Este mismo chavismo, con sus políticas, colocó en hambruna a millones de venezolanos y vio como otros tantos se iban del país, y siempre su discurso consistió en desconocer estas crisis.
Lo que sí es evidente es que este giro permitirá que el PMA trabaje de Venezuela y eso será en muy corto plazo. Se estima que en mayo ya se abra una oficina de este programa en Caracas.
Políticamente, en tanto, el ingreso de ayuda humanitaria ocurrirá en un contexto en el cual el Gobierno de Maduro tendrá la batuta sin distinción. Más allá del carácter simbólico de la reunión de Beasly con Guaidó, todos los convenios y la formalidad de la relación del PMA será con quien efectivamente tiene el poder, y ese es Maduro.
Si la ayuda humanitaria hubiese ingresado de forma masiva en 2019 o 2020, cuando Guaidó fungía como presidente de la Asamblea Nacional, y era recibido como presidente interino por gobiernos de América Latina y Europa Occidental, el mensaje habría sido que tal apoyo era fruto de las gestiones del líder opositor.
Las encuestas hoy en Venezuela muestran un severo desgaste de la figura de Guaidó, quien además fue desalojado del Parlamento el pasado 5 de enero, tras asumir un cuerpo legislativo del chavismo electo en unas cuestionadas elecciones, en diciembre de 2020. El tiempo político de Guaidó parece haber pasado ya, y mientras tanto Maduro se muestra triunfante en este duelo.
El ingreso masivo de ayuda humanitaria a Venezuela ha estado precedido por decisiones del Gobierno de Maduro para establecer controles sobre las organizaciones de la sociedad civil. Un registro de carácter obligatorio establece que las ONG deben indicar quiénes son sus beneficiarios. En caso de que no se acuda al registro, muchas organizaciones podrían ser ilegalizadas.
Este elemento cobra relieve ya que el PMA, como muchas agencias de la ONU, trabaja con las ONG locales para implementar sus programas. En el caso de Venezuela, las entidades no gubernamentales deberán decir a quién destinan sus programas para garantizar su legalidad, legalidad que será exigida para trabajar con la ONU. No, no es un juego de palabras.
Y finalmente, desde un punto de vista político, la llegada de ayuda humanitaria ayudará a paliar el problema del hambre en Venezuela. La solución definitiva sería hacer productivo de nuevo al país, y no hay señales de que el Gobierno respalde una verdadera revolución agroalimentaria.
El chavismo podría encontrar, en esta ayuda, una forma de aliviar el hambre de los más pobres, en donde está su principal base de apoyo. Además, al tener como aliado al PMA, puede encontrar a un ente diplomáticamente silente, como suelen hacer muchas agencias de la ONU cuando trabajan en países bajo dictaduras.
