En cuestión de una semana el chavismo ha lanzado dos iniciativas que buscan controlar a las organizaciones no gubernamentales (ONG), como parte de una estrategia que en su momento el alto comisionado de derechos humanos de la ONU denunció como achicamiento del espacio cívico en Venezuela.
Ayer la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (el parlamento dominado ahora por el chavismo) confirmó que había aprobado en primera discusión la Ley de Cooperación Internacional. Para que se convierta en ley efectivamente necesitará de una segunda discusión en plenaria, pero se da por descontado que la mayoría de diputados afines al régimen de Nicolás Maduro le otorgarán el visto bueno.
La Ley de Cooperación Internacional había sido colocada como prioridad en la agenda legislativa de este año, una vez que el chavismo logró recuperar el control sobre la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero.
Un funcionario del Legislativo, con conocimiento del proyecto legislativo, confirmó a DIARIO DE CUBA que el Gobierno de Maduro apunta a crear una instancia estatal que reciba y centralice toda la cooperación internacional de otros gobiernos, la cual actualmente en algunos casos reciben de forma directa las ONG.
Con unas finanzas menguadas, este mecanismo le daría a Maduro control de facto sobre los fondos foráneos. Asimismo, se establece un registro obligatorio de todas las ONG para poder seguir operando en el país.
De forma reiterada, el número dos del régimen, el ahora diputado Diosdado Cabello, arremete contra las ONG a las que acusa genéricamente de conspirar contra el Gobierno.
La aprobación, en primera instancia, de este proyecto de ley constituye el remate de una semana en la cual el chavismo atacó desde varios frentes a las organizaciones de la sociedad civil venezolana.
Este 12 de abril se difundió una Gaceta Oficial, que data del 30 de marzo, con la normativa para el registro ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. De forma explícita se incluye a las instituciones sin fines de lucro.
El abogado y defensor de derechos humanos Alí Daniels aseveró a DIARIO DE CUBA que el chavismo pretende supervisar los donantes y beneficiarios de estas agrupaciones de la sociedad civil. En este registro deberán inscribirse las ONG venezolanas en un lapso de 30 días.
Entre los recaudos que el régimen exigirá a las organizaciones sin fines de lucro destaca la entrega de un listado de los organismos (nacionales o extranjeros) de los cuales reciba dádivas, donaciones o aportes. Así como un listado de personas beneficiarias de sus programas o proyectos, debidamente identificadas, que reciban asistencia benéfica, humanitaria u otro tipo de asistencia.
"Cientos de ONG han ayudado desde diferentes terrenos a quienes hoy sufren las peores consecuencias de la crisis y de la dictadura en Venezuela. El régimen vuelve a arremeter en su contra solicitándoles información de sus donantes y beneficiarios para controlar sus actividades", denuncia Miguel Pizarro, estrecho colaborador de Juan Guaidó y nombrado por este como comisionado para la ayuda humanitaria.
"Es posible que el chavismo no arremeta de forma generalizada contra las ONG sino que use estos instrumentos, la ley y el registro, para actuar sobre aquellas organizaciones locales que estuvieron aliadas con Guaidó para el ingreso y distribución de ayuda humanitaria dentro del país. Todo esto se hizo saltándose al Gobierno de Maduro", explica a DIARIO DE CUBA un veterano diplomático sudamericano radicado en Caracas.
La emblemática organización PROVEA, el programa venezolano de derechos humanos fundado en 1988 anunció que no se acogerá al registro oficial de la oficina antiterrorista, ya que velará por la identidad de familiares y víctimas de derechos humanos que han acudido en busca de soporte.
"Nicolás Maduro y su cúpula de poder quieren controlar el trabajo de las ONG y sociedad civil venezolana, a través de una reciente regulación para obligarnos a revelar los nombres de nuestros cientos de beneficiarios. Nos negamos", sostiene una comunicación hecha pública por esta organización.
El control del financiamiento internacional al que apunta el régimen de Maduro no solo tiene impacto al limitar la libertad de asociación ya que restringe el campo de las ONG, sino que también tendrá un impacto posiblemente en el periodismo.
Dada la enorme crisis con más de tres años en hiperinflación que ha golpeado de forma directa a anunciantes y empresas privadas, no pocos medios de prensa impedientes de Venezuela apelan al financiamiento externo como una manera de sobrevivir en el adverso contexto económico.
