Una serie de hechos no conectados le han servido al chavismo de pretexto para anunciar su próximo paso: regular las redes sociales, un asunto que ha formado parte de la agenda de tareas pendientes, tras el control que ejerce el régimen de Nicolás Maduro sobre la radio y la televisión, y la política de desaparecer a la prensa escrita en Venezuela.
Una serie de desafortunados comentarios de un par de humoristas en redes sociales, poniendo en duda la enfermedad de una figura de la televisión local, que luego falleció por Covid-19, activó un procedimiento de la Fiscalía General bajo el argumento de estar actuando contra los excesos que tienen lugar en las redes sociales.
Junto a eso, la decisión de Facebook de bloquear durante un mes un video en el cual Maduro habla del carvativir —"una curación milagrosa contra el coronavirus"— por considerarlo un contenido engañoso, ha terminado por darle una excusa política al chavismo para arremeter contra las redes sociales.
De acuerdo con diversos analistas, las redes sociales son hoy el último eslabón para acceder a información independiente de forma ágil, dado el control político del Gobierno sobre gran parte de la radio y la televisión, la estrategia de negar acceso al papel que acabó con la prensa escrita y los bloqueos cotidianos que "tumban" los contenidos en los sitios web de la prensa independiente de Venezuela.
El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, confirmó este lunes que el régimen de Maduro llevará un proyecto para regular las redes sociales, para presentarlo ante la Asamblea Nacional, el parlamento que desde el 5 de enero está nuevamente bajo control del chavismo.
El diputado Juan Carlos Alemán, por su parte, confirmó cuál será la estrategia oficial. No se aprobará una nueva ley, sino que se incluirán tópicos para regular las redes sociales en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
Esta ley ha sido considerada como un instrumento de censura previa en Venezuela, según lo señalado por diversos informes de situación elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El anuncio de Ñáñez, hecho a través de Telesur, fue precedido de reuniones entre diputados y consultores jurídicos tanto del Ministerio de Comunicación e Información como de la Comisión Nacional de Telecomunicación. El chavismo, además de controlar a todas estas entidades, tiene mayoría holgada en el Parlamento, con lo cual es muy posible que se apruebe un instrumento legal restrictivo.
El mundo de las redes sociales en Venezuela ha estado consternado por la decisión de la Fiscalía General de "investigar y sancionar" a los humoristas Jean Mary Curró y Álex Goncalves por sus declaraciones sobre Dave Capella, el animador venezolano que falleció 28 de marzo a causa de Covid-19.
En un podcast de amplia difusión en redes sociales ambos pusieron en entredicho la enfermedad del animador de televisión. Incluso aseguraron que la campaña de recolección de fondos de Capella era una estafa: "Conociendo al personaje, es una estafa".
La Fiscalía General, que también está alineada con el régimen de Maduro, aprovechó este caso para hacer señalamientos diversos en contra de los excesos en las redes sociales, con lo cual se pretendió generar un clima favorable a la regulación.
De acuerdo con el ministro Ñáñez, con la reforma de la ley se busca defender "no solo la libertad de expresión de Nicolás Maduro, sino el derecho a estar informado de manera veraz y oportuna a más de 1.200.000 personas que hacen parte de esta cuenta por donde se emite información de interés público".
Ñáñez calificó como "totalitarismo digital" el poder que tienen las compañías digitales tales como Facebook o Twitter.
"Merece un debate social para que podamos construir y fortalecer las instituciones del Estado. Alemania adelanta una ley poderosa para regular la actividad en las redes sociales. Lo hizo Australia, España también. No es un tema ideológico", aseguró el ministro de Maduro.
Entretanto, en Venezuela se vive un clima restrictivo, según retrata el más reciente informe del capítulo venezolano del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). En 2020 "se contabilizaron al menos 374 incidencias, que acumularon 636 violaciones a las garantías informativas".
"En total se contabilizaron restricciones contra 122 medios privados, 36 independientes, 24 extranjeros, 12 estatales, y cinco medios comunitarios. Estas limitaciones se concentraron en los espacios de noticias en línea, debido a que fueron 85 los medios digitales que resultaron afectados por estos hechos de censura", asegura el informe anual 2020 del IPYS Venezuela.
Otra de las organizaciones venezolanas de defensa de la libertad de expresión, Espacio Público, aseveró que 2020 fue el año del mayor número de casos registrados en las dos décadas de existencia de esta ONG.
....el castrochavismo siempre ha tenido la cara mas ancha q la espalda...