El régimen cubano da el tiro de gracia a Acopio, pero no al monopolio del comercio agrícola

El Consejo de Ministros de Cuba dio a conocer una normativa según la cual el comercio de productos agrícolas, hasta ahora en manos del régimen, se abrirá al sector privado, si bien las autoridades seguirán definiendo precios, destinos prioritarios, balances de alimentos y reglas de distribución a través de los gobiernos locales y las estructuras administrativas.

El Decreto 143 de 2025 "De la comercialización de productos agropecuarios y forestales" y la Resolución 16/2026, publicados en la Gaceta Oficial el jueves 9 de abril, autorizan a agricultores independientes, cooperativas, MIPYMES y trabajadores por cuenta propia a comercializar productos agrícolas.

De acuerdo con la nueva regulación, en lo adelante el sector privado podrá actuar como intermediario entre los productores y tendrá acceso libre a los mercados mayoristas y minoristas, sin tener que depender del monopolio estatal Acopio. Mas, las autoridades continuarán controlando los precios y las exportaciones.

En lo adelante, los Comités de Contratación encargados de estas gestiones dependerán de los gobernadores y del Consejo de la Administración Municipal de cada territorio. Les corresponderá a ellos la "contratación de la producción y en las negociaciones con las diferentes formas de gestión existentes", dice la resolución.

La flexibilización se produce en un contexto de fuerte caída de la producción agrícola en Cuba, que se hundió un 52% entre 2018 y 2023, según datos del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana.

Estas medidas, que dejan pendientes beneficios a los agricultores cubanos, que en su mayoría producen bajo condiciones muy precarias, llegan tras décadas de depauperación del agro y en medio de una profunda crisis alimentario. Cada año son noticia las pérdidas de cosechas contratadas por Acopio con los campesinos, aparte de impagos y otros incumplimientos que lastran la labor de los productores.

El economista cubano Pedro Monreal apuntó al respecto de las disposiciones que ambas "distan mucho de ser una 'reforma de mercado'. Agregan grados de flexibilización a las iniciadas antes, pero manteniendo el monopolio estatal sobre el comercio agropecuario".

"Siendo la empresa estatal un actor minoritario en la producción, es la comercialización el principal mecanismo que le queda al Estado para imponer un esquema de planificación centralizada que asegure el carácter 'socialista' de la base agropecuaria de la nación", señaló, en referencia a que más del 70% de la producción agrícola en Cuba se debe al sector no estatal y cooperativo.

Según Monreal, para Acopio, eje del monopolio estatal del sector agropecuario cubano, "es menos relevante fomentar la competencia o delegar funciones a burocracias locales que aplicar precios administrados distintos a los de oferta y demanda".

"La nueva normativa para la comercialización de productos agropecuarios asegura esencialmente el control monopólico sobre la formación y fijación de precios por un Estado tan dominante que distorsiona el funcionamiento del mercado".

Recordó el economista que el Estado en la Isla "determina burocráticamente precios clave (precios centralizados, precios concertados, topes máximos), los productores tienen poca capacidad de negociación, los precios suelen ser bajos, no reflejan costos reales ni oferta/demanda libre, y reducen incentivos".

"Habiendo transcurrido casi un decenio desde la 'dignificación' de Acopio y un quinquenio de su restructuración como Grupo Empresarial subordinado al Consejo de Ministros, parece haberse entendido que, ante su ineficacia, debía permitirse la competencia con otros actores", apuntó.

Pero, añadió, lo que vendrá "no es una competencia nivelada, porque Acopio cuenta con una extensa red territorial de puntos de acopio, mercados, puntos de venta, almacenes mayoristas, naves de acopio, puntos de compra directa y centros de distribución que ofrece ventajas frente a otros actores".