El Gobierno cubano anuncia una supuesta 'flexibilización' del comercio mayorista para el sector privado

Mientras el oriente de Cuba continúa inmerso en una crisis humanitaria tras el paso del huracán Melissa, el Gobierno dedicó su más reciente reunión del Consejo de Ministros a evaluar la ejecución del Presupuesto del Estado y otros asuntos entre los que incluyeron nuevas regulaciones para el comercio mayorista privado que el diairo oficial Granma describe como una "flexibilización". Sin embargo, los cambios mantienen el control centralizado sobre las MIPYMES y cooperativas no estatales.

Según la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, el llamado "ordenamiento de la comercialización" permitirá que MIPYMES y cooperativas comercializadoras mayoristas establezcan contratos con entidades estatales, religiosas, diplomáticas y extranjeras. El órgano del Partido Comunista lo presenta como un paso hacia "una relación favorable entre los diferentes actores", con la promesa de que esto contribuirá a aumentar la oferta de bienes y servicios y, en última instancia, a bajar los precios.

Sin embargo, los negocios privados dedicados al comercio mayorista deberán contar con una aprobación "avalada centralmente" y alineada con la "estrategia de desarrollo territorial y del país", un concepto impreciso que deja amplio margen para la discrecionalidad política. La autorización dependerá, en última instancia, del Gobierno central.

La presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Mercedes López Acea, afirmó que la norma atiende preocupaciones recogidas durante un "proceso de consulta". Sin embargo, el anuncio no incluye rebajas fiscales, alivios regulatorios o mecanismos para reducir las trabas burocráticas que frenan a los actores privados.

La "flexibilización" que no llega al bolsillo

De acuerdo con lo expuesto, aquellas MIPYMES que tengan aprobada la producción como actividad principal podrán vender insumos y materias primas de manera mayorista. Esto, en teoría, facilitaría encadenamientos productivos. Pero el Gobierno mantiene la potestad de decidir qué negocios pueden o no operar en ese ámbito, y bajo qué términos.

La insistencia del primer ministro Manuel Marrero en que la norma "no es prohibitiva" contrasta con el historial reciente de regulaciones dirigidas a frenar el crecimiento de empresas que compitan con el Estado, especialmente en sectores de alto impacto económico como la importación, la logística o la compraventa de productos de alta demanda.

Tampoco se mencionan pasos concretos para reducir los altos niveles de inflación que han impactado tanto a las empresas privadas como al bolsillo de la población. El Gobierno se limita a asegurar que la reforma permitirá "incrementar la producción y las ofertas", pero sin explicar cómo se logrará esto dentro de un modelo que sigue priorizando la autorización central y el control político por encima de la competencia y la autonomía empresarial.

Las medidas fueron discutidas en una reunión encabezada por Miguel Díaz-Canel, donde también se evaluó la ejecución del Presupuesto del Estado hasta octubre. Granma asegura que la recaudación tributaria ha tenido un "impacto positivo" debido al aumento de los controles fiscales, aunque el cierre del mes no fue superavitario.

La discusión económica ocurre mientras en Oriente miles de familias continúan sin electricidad ni agua potable casi un mes después del paso del huracán Melissa. A pesar de esa emergencia, el Gobierno volvió a concentrarse en ajustes administrativos al sector privado, presentados como reformas, pero sin cambios estructurales que alivien la profunda crisis del país.