Las estadísticas oficiales publicadas recientemente respecto a las manipuladas cuentas del régimen "confirman el sesgo antiobrero de la política económica post 'ordenamiento', con una notable compresión de la remuneración de los trabajadores como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) desde 2020", indicó en su perfil de X el economista cubano Pedro Monreal.
El experto señaló que "llama la atención la revisión que mejora considerablemente la cifra de 2023, con un aumento desde 18,8% a 28,1% debido a la actualización del valor inicialmente informado de 163.231 a 233.473 millones CUP, un extraño 'salto' de 43%, inusualmente alto para ese tipo de revisión". Esto eleva las suspicacias respecto a los números oficiales del régimen y a las manipulaciones estadísticas recurrentes.
Esta semana, por ejemplo, un artículo del periódico oficial Granma reconoció el fracaso de las modificaciones implementadas hace cuatro años para mejorar la organización del sector estatal del Comercio y la Gastronomía. En tal sentido, ejemplificó que, mientras las unidades del sector generan entre 45.000 y 100.000 pesos diarios, pagan salarios que no superan los 2.500 mensuales, lo que provoca el éxodo de trabajadores a otros sectores mejor remunerados.
Asimismo, "la percepción de los errores económicos por parte del régimen no lo hace plantearse una transformación sustantiva", subrayó Monreal en julio. Al hilo de lo anterior, el economista planteó dos preguntas: "¿Reconoce el Gobierno cubano las causas fundamentales de sus errores de política económica? ¿Pueden superarse políticas deficientes sin un reconocimiento efectivo de los errores?".
El sesgo antiobrero esbozado por Monreal también está presente en el anteproyecto del Código de Trabajo, que los trabajadores de la Isla discuten en un contexto de falsa democracia hasta el próximo 30 de noviembre. El texto promete modernizar aspectos de la legislación laboral vigente, como la inclusión del teletrabajo, el trabajo por cuenta propia y el acceso ampliado a la justicia laboral. Sin embargo, omite dos pilares fundamentales del derecho laboral contemporáneo: la libertad sindical y el derecho a huelga, ambos ausentes en Cuba, tanto en la teoría como en la práctica.
El llamado a estudiar el anteproyecto y a emitir opiniones llega en medio de una crisis económica que devora los salarios de los trabajadores, pese al aumento registrado en los seis primeros meses de 2025, según datos oficiales de la estatal Oficina Nacional de Estadística e Información.
Debido a esta dinámica económica perversa, en la que la aciaga realidad diseñada por el régimen consume los salarios, el Gobierno aplicó en agosto una nueva medida para "incentivar la estabilidad" de la fuerza de trabajo en el sector presupuestado cubano, en medio de un éxodo constante de empleados hacia actividades mejor remuneradas. Así, el Acuerdo 10199, aprobado por el Consejo de ministros y publicado en la Gaceta Oficial, autoriza la redistribución de fondos salariales no ejecutados para realizar pagos adicionales a determinados trabajadores.
No obstante, el alcance del beneficio será limitado y su distribución no será lineal. El viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Ariel Fonseca Quesada, dejó claro que no se trata de una reforma salarial ni de un incremento de escalas, sino de un incentivo "para quienes tienen sobrecarga de trabajo". Advirtió que repartir el fondo sobrante entre todos sería "un fracaso de la medida", justificación que tiene, también, un "sesgo anti obrero".
El salario medio mensual en el sector estatal y presupuestado de Cuba es, a día de hoy, de 6.506 pesos, cifra que representa un incremento del 15% en comparación con 2024, cuando fue de 5.657 pesos. Sin embargo, el hambre y la pobreza, como consecuencias de la inflación y el abandono estatal, siguen escalando en la Isla.
Asimismo, un estudio reciente de la Asociación Sindical Independiente de Cuba reveló que más del 95% de los trabajadores siente una "total desconfianza" hacia las instituciones estatales.
