El presupuesto castrista gastará más en su aparato burocrático y militar que en salud y educación

Durante su intervención en la reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, dio a conocer cómo se había comportado la ejecución del presupuesto nacional en el pasado año 2024, y también las proyecciones  para el 2025 que ahora comienza.

Con cierto aire de complacencia, el ministro afirmó que se registró un déficit fiscal inferior en un 39% al aprobado para el 2024. En esta disminución del déficit influyeron, desde las partidas de ingreso, la presión ejercida sobre los contribuyentes —la mayoría actores económicos no estatales—, y en lo referente a los gastos, la inejecución de ciertos proyectos relacionados con el plan de inversiones.  En verdad, hubo más maniobra administrativa que eficiencia presupuestaria en esta disminución del déficit fiscal.

Ya en lo concerniente al destino de los gastos presupuestarios para este 2025, el funcionario apuntó que se asignan 71.309 millones de pesos para el sector educacional, y 76.037 millones de pesos para la salud pública. Según el discurso oficial, esta cifra asignada para la salud (es el 24% de todos los gastos del presupuesto) debe de garantizar el carácter gratuito de todos los servicios de salud que se brindan en el país. Sin embargo, la realidad indica que cada día se desvanece más esa gratuidad, debido a los "regalitos" que los pacientes deben ofrecerles a los médicos, y a la necesidad de comprar los medicamentos por la "izquierda" y a sobreprecio para poder llevar adelante los tratamientos.

En otro orden de cosas, el señor Regueiro Ale declaró que se asignan 7.106 millones de pesos para el deporte, y 6.513 millones de pesos para la asistencia social. Cifra esta última que parece insuficiente para la creciente masa de personas vulnerables que casi no tienen con qué afrontar las necesidades de la vida diaria.

Pero lo más escandaloso del presupuesto asignado para 2025 lo observamos cuando vemos lo que se destinará para los acápites de la administración pública, la defensa y los servicios comunales. Tras señalar que para estos sectores habrá 93.237 millones de pesos, el ministro afirmó que "estos sectores son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones gubernamentales y la protección de la seguridad nacional".

La inclusión de los servicios comunales en esta partida de gastos es poco menos que simbólica, pues la basura se acumula en grandes cantidades en todas las esquinas de las ciudades cubanas sin que aparezcan los vehículos estatales para recogerla. Una situación que difícilmente pueda resolverse en este 2025.

Entonces todo hace indicar que la casi totalidad de esos 93.237 millones de pesos, más que los asignados a la educación y la salud pública, se destinarán a mantener el gran aparato burocrático gubernamental (ministerios y las asambleas del Poder Popular en todos los niveles), así como el desproporcionado Ejército, y el gigantesco engranaje represivo que constituye el Ministerio del Interior.  

Nada se dijo por parte del ministro de algún presupuesto para aumentar los salarios mínimos y el monto de las pensiones que reciben los jubilados. Se trata de personas que ya traspasan los umbrales de la miseria si tenemos en cuenta la galopante inflación que depreda los bolsillos del cubano de a pie.

Para concluir, el ministro de Finanzas y Precios anunció algunas medidas que refuerzan las presiones gubernamentales sobre los contribuyentes con el objetivo de captar más ingresos en 2025. Entre ellas están la eliminación del 10% de bonificación por el pronto pago de la tasa por la radicación de anuncios y propaganda comercial; incremento del impuesto a pagar sobre las tierras ociosas; reducción de la bonificación (del 20% al 5%) por el pronto pago del impuesto sobre el transporte terrestre (pago de la chapa); y una actualización de la escala progresiva para el cálculo del impuesto sobre los ingresos personales.

La propaganda castrista afirma que se trata de un presupuesto social, en el sentido del supuesto beneficio que le brinda a la población. Sin embargo, con frecuencia, como en este caso del 2025, asume ribetes de un mecanismo para consolidar el Estado totalitario.