Para la maquinaria castrista del poder, al parecer, ya no son suficientes todas las medidas que han tomado para controlar la labor de los actores económicos no estatales, en especial las MIPYMES. A los topes de precios, las ventas forzosas de productos, la exoneración de ciertos beneficios tributarios, y la tutela del flamante Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales, se une ahora otra idea que prácticamente daría al traste con la autonomía que debe de estar presente en la gestión de estas entidades.
Durante el recientemente concluido IX Pleno del Comité Central del Partido Comunista, el heredero de los Castro se refirió a la posibilidad de que los actores no estatales se vinculen aún más con las empresas estatales. Habló de "la necesidad de lograr que desde los planes de la economía, desde el municipio hasta el país, el sector no estatal esté dentro del plan de la economía, para que realmente esté participando en las estrategias de desarrollo económico y social de la nación. Porque si no, todo queda en un discurso".
Esta afirmación del mandatario concuerda con la aspiración expresada no hace mucho por el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López, en el programa televisivo Mesa Redonda. En esa ocasión el funcionario aseveró que las MIPYMES deberían dedicarse a importar bienes e insumos para suministrarlos a las empresas estatales, que poseían las capacidades productivas necesarias para cumplir sus planes productivos, pero que precisaban para ello de insumos y materas primas que el Gobierno no podía adquirir. Es decir, la propuesta es convertir a las MIPYMES en meras asistentes del deteriorado sistema empresarial.
El próximo paso de la asimilación estatal sería la actuación ideológica hacia los integrantes o asociados de estas formas no estatales. Por ejemplo, tratar de crear núcleos del Partido, comités de base de la UJC, o secciones sindicales (bajo el auspicio de la oficialista CTC, por supuesto) en las MIPYMES, cooperativas no agropecuarias, y el cuentapropismo. El proceso de sindicalización ya comenzó, pero marcha lentamente debido a la resistencia del personal de estos negocios privados.
Resalta el hecho de que, con frecuencia, el accionar del castrismo va más lejos que lo plasmado teóricamente en ciertos documentos partidistas o gubernamentales. En ese sentido tenemos, por ejemplo, lo establecido en la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista.
En el Acápite 103 de dicho documento se plantea que "El Estado reconoce el mercado, lo integra al funcionamiento del sistema de dirección planificada de la economía, y adopta las medidas necesarias para regularlo".
En verdad, si tomamos en cuenta la interferencia estatal al no permitir la libre formación de los precios (el tope de precios); el impedir que las MIPYMES comercien con la contraparte que deseen (la Resolución 56, que establece que su comercio mayorista sea solo con el Estado), así como lo expresado por Díaz-Canel en el citado IX Pleno del Comité Central, en el sentido de que "los actores no estatales no deban pensar solo en sí, sino en toda la sociedad", llegamos a la conclusión de que no hay solamente una regulación del mercado, sino más bien una eliminación de su presencia.
No podemos dejar de mencionar la afectación que, a la postre, recibirán los consumidores con este hostigamiento gubernamental a los actores no estatales, en especial a las MIPYMES. Al cubano de a pie le va quedando como única opción de compra de ciertos productos lo que ofrecen las MIPYMES. Hace varios meses que el Estado es incapaz de ofertar por la libreta de racionamiento los que el gracejo popular llamó "los cinco héroes". O sea, el pollo, la leche en polvo, las salchichas, el aceite y el detergente en polvo.
Y ya los estantes de las MIPYMES están mostrando la escasez de esos y otros artículos de primera necesidad para la vida de la población.
