El anteproyecto de Ley de la empresa estatal socialista aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado 20 de septiembre podría convertirse en la reforma más importante en la institucionalidad económica de Cuba desde 1976, pero que sea la solución a los problemas que la aquejan parece ser demasiado optimista, de acuerdo con la opinión del analista Pedro Monreal publicada en X.
Para el economista, el plan "parecería ser el instrumento seleccionado para relanzar la 'actualización' del modelo económico cubano después del resbalón del 'ordenamiento' que desplazó el tono oficial desde la transformación hacia la subsistencia".
"Si la ley de empresa se aprobase aproximadamente como aparece en el anteproyecto, sería la modificación más importante en la institucionalidad económica del país desde 1976. Retiraría la tutela de los ministerios sobre las empresas y crearía un nuevo superministerio", apuntó Monreal.
Sin embargo, señaló que "no se trata de que ofrezca una solución efectiva porque el anteproyecto incluye aspectos nebulosos y parece ser injustificadamente optimista respecto a que el nuevo andamiaje pudiese insuflar eficiencia manteniendo un mecanismo voluntarista de formación de precios".
Al analista "llama la atención que la denominación del nuevo superministerio (Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales) se asemeje al de una importante institución de la reforma en China (Comisión estatal para la supervisión y administración de los activos del Estado, SASAC), pero avisó de que "hay notables diferencias entre ambas instituciones".
"El Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales cubano ejercería 'las facultades de propietario' en todas las empresas estatales (unas 2009 entidades). La SASAC china controla un reducido grupo (97 empresas)", precisó.
El economista dijo, además, que la "SASAC funciona en el marco de una economía con un alto grado de mecanismos de mercado y de empresa privada. A partir de 2017 la función de SASAC se ha concentrado en canalizar fondos estatales hacia actividades estratégicas".
"Una ley de empresa estatal tiene una dimensión política que parece estar desbalanceada en el anteproyecto. Quedan claras las disposiciones para control estatal sobre la gobernanza gerencial de las empresas, pero no se asegura el peso de los trabajadores en decisiones claves", señaló.
Monreal dijo que "se establecen una serie de temas en los que 'no puede prescindirse de los trabajadores', pero no se identifica de qué manera concreta pudieran participar los trabajadores en las decisiones sobre esos temas, mecanismos de apelación, y otros detalles".
"Además de asambleas de afiliados, otro mecanismo de participación es la presencia de 'un representante de los trabajadores' en las juntas de gobierno, pero con la condición de que no pueden ser trabajadores de empresas atendidas por la junta", añadió, y se preguntó "¿cuál es la racionalidad de eso?"
En octubre de 2021, el entonces jefe de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos del Partido Comunista de Cuba (PCC), Marino Murillo Jorge, reconoció que tras la Tarea Ordenamiento al menos 488 empresas estatales reportaron pérdidas económicas. Lo hizo en una reunión presidida por Díaz-Canel, su primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández.
Las empresas estatales cubanas no dedican la necesaria atención a la calidad de los servicios y productos que ofrecen a los consumidores porque se ven libres de la pesada carga de la competencia. Se trata de empresas que no pueden fortalecer por sí solas el desarrollo local porque les falta contar con una estructura productiva territorial, como ha señalado el economista Elías Amor.
Incluso las entidades estatales no han sido capaces de perfeccionar el comercio interior, sino que se han convertido en una rémora y un obstáculo burocrático para los exportadores. Estas empresas viven sumidas en deficiencias y estancadas en exiguos niveles productivos desde hace años.
Una investigación realizada por especialistas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), publicada en agosto, concluyó que la innovación en las empresas estatales cubanas no ha servido para la solución de los problemas de Cuba que impiden su progreso económico y social.
Según el documento, la innovación no formó parte de la visión estratégica de los directivos para mejorar la eficiencia económica de las empresas e incrementar la competitividad, pese a que el propio Miguel Díaz-Canel hace propaganda constante a estas cuestiones.
Así, zanjaron que "la innovación no ha desempeñado el papel que le corresponde en los niveles micro, meso y macro de la economía nacional con una contribución efectiva y suficiente de su impacto en el crecimiento y desarrollo del país".
