Las MIPYMES y el necesario resurgimiento de la clase media nacional

Los seres humanos se mueven por intereses materiales y/o espirituales. En el caso de los materiales, las relaciones de propiedad y los salarios son factores estimulantes del interés de empresarios y trabajadores.

Entre altos empresarios y trabajadores la clase media ocupa una posición intermedia. Su peculiaridad radica en que, como no disponen de capital suficiente para vivir de las rentas, participa directamente en la gestión empresarial, en la cual desempeña un papel insustituible en el progreso social.

Figuras destacadas de nuestra historia, desde el Obispo Espada, a inicios del siglo XIX, hasta Manuel Dorta Duque, a mediados del XX, pasando por José Antonio Saco y Francisco de Frías, elaboraron proyectos para fomentar una economía basada en la pequeña propiedad y la formación de una clase media; ideas que José Martí sintetizó en un párrafo: "Es rica una nación que cuenta muchos pequeños propietarios. No es rico el pueblo donde hay algunos hombres ricos, sino aquel donde cada uno tiene un poco de riqueza. En economía política y en buen gobierno, distribuir es hacer venturosos".

Tales proyectos requieren, como condición necesaria, de los instrumentos jurídicos para su institucionalización y defensa. En la República, el Artículo 32 de la Constitución de 1901 dispuso que nadie podría ser privado de su propiedad, "sino por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa la correspondiente indemnización"; mientras el Artículo 87 de la Carta Magna de 1940 reconoció "la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad pública o interés social establezca la ley".

Gracias a esos artículos, en los años 50 del pasado siglo Cuba ocupaba uno de los primeros lugares en estándar de vida en América Latina. Las empresas en manos de la clase media —además de su papel en la producción de caña de azúcar, café, tabaco y ganado— producían calzado, textiles, pinturas, frutas, viandas, dulces, pescado, carne de cerdo, de aves, y derivados de la leche, lo que explica porqué en la Isla se producía más del 80% de lo que se consumía.

Sin embargo, en 1959 comenzó un proceso de confiscaciones de la propiedad privada sobre los medios de producción que alcanzó su clímax en 1968, cuando se confiscaron los últimos 55.636 pequeños negocios privados que habían sobrevivido la ola expropiatoria: 11.878 bodegas; 8.101 restaurantes, fondas, cafeterías y puestos de fritas; 6.653 lavanderías, 4.544 talleres de mecánica automotriz, 3.643 barberías, 3.345 carpinterías, 3.198 bares, 3.130 carnicerías, 1.598 artesanías, 1.188 reparadoras de calzado, etc. Para justificarlo, el "líder de la Revolución" dijo que "¡no se hizo una revolución aquí para establecer el derecho al comercio!", y añadió: "¿Cuándo acabarán de entender que ésta es la Revolución de los socialistas, que ésta es la Revolución de los comunistas?". Como resultado, la clase media desapareció. Los dueños fueron sustituidos por jefes, el desinterés y la ineficiencia condujeron al retroceso y al deplorable estado en que se encuentra hoy la economía y la sociedad cubanas.

Prisionera de la política, la economía se desnaturalizó hasta convertirse en factor de pobreza material y espiritual. Fracasado en el intento totalizador, pero con intereses creados y responsabilidades históricas contraídas por todo lo ocurrido en más de seis décadas, el Gobierno quedó atrapado en un callejón sin salida: la incompatibilidad de los cambios con la conservación del modelo, lo que le obligó a introducir una especie de propiedad privada, que denominó "trabajo por cuenta propia", para tratar de conservar la esencia de un modelo inviable y ajeno a la naturaleza humana.

En 1993, en medio de uno de los episodios más críticos de la crisis estructural y espoleado por la pérdida de las subvenciones soviéticas, que habían permitido camuflar la ineficiencia del modelo totalitario, el Gobierno autorizó 117 actividades por cuenta propia. Al año siguiente amplió el número hasta 157 y en 2010 lo volvió a aumentar hasta 181; un listado de corte feudal cargado de limitaciones para impedir la formación de pequeños y medianos empresarios. Sin embargo, los miles de trabajadores por cuenta propia, a pesar de las trabas impuestas, se convirtieron en el sector más dinámico de la economía, lo que ha demostrado el absurdo de calificar a la empresa estatal como el principal sujeto de la economía.

El efecto positivo de dichas medidas dependía de que fueran concebidas como pasos hacia la reconformación de una clase media nacional, lo que implicaba la conversión del cuentapropismo en micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), pero los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido Comunista, aprobados en 2011, reafirmaron la supuesta superioridad de la propiedad estatal y la economía planificada. En consecuencia, aumentaron las prohibiciones, los topes de precios, las confiscaciones de mercancías y de equipos a transportistas privados y vendedores ambulantes de productos agrícolas, la suspensión de nuevas licencias y la reducción de las actividades permitidas a 123.

Hundido en la insolvencia financiera, fracasado en el intento de atraer suficientes inversiones extranjeras, sin acceso a los mercados de capital, agravado por la caída del turismo, las remesas disminuidas y los obstáculos para el alquiler de profesionales en el exterior, y complicado por las manifestaciones populares del 11J, el Gobierno se vio obligado a moverse, pero dentro de límites que permitan conservar el poder. Con esa óptica, en agosto de 2021 se dictó el Decreto-Ley 46 sobre la MIPYMES, una medida que estaba prevista desde el año 2011.

Según esta normativa, las MIPYMES, dotadas de personalidad jurídica, pueden exportar e importar, gestionar y administrar sus bienes, definir los productos y servicios a comercializar, así como sus proveedores, clientes, destinos e inserción en mercados; y operar cuentas bancarias y acceder a cualquier fuente lícita de financiación.

A cualquier observador ajeno a la naturaleza del Gobierno cubano y a su capacidad de maniobrar, le parecería que finalmente se había rectificado; pero la realidad es otra. Las MIPYMES nacieron limitadas a sectores no estratégicos; encasilladas en el esquema de las sociedades de responsabilidad limitada (SRL), lo que marca una desventaja respecto al sector estatal y al capital extranjero, etc. Estas limitaciones, unidas a la ausencia de la división de los poderes públicos, impiden que las MIPYMES desempeñen el papel activo que le corresponde en la sociedad cubana.

Hasta aquí, el objetivo del Gobierno se ha limitado a estimular a emprendedores internos, atraer capital externo y usarlos como un medio auxiliar, subordinado a los fines del Partido-Estado-Gobierno. Si bien las MIPYMES constituyen un paso de avance respecto al estado anterior, resultan insuficientes para la formación de una clase media nacional, independiente y para el despegue de las fuerzas productivas, porque nacieron atadas a la Constitución de 2019, concebida como una camisa de fuerza para las futuras empresas privadas. El Partido-Estado-Gobierno, que elaboró la Constitución, decidió que la planificación y no el libre mercado seguirá siendo el rasgo distintivo de la economía.

Las MIPYMES no pueden salvar lo insalvable; necesitan de la economía de mercado, de libertades y de un marco jurídico que estimule su creación. Por ello, sin un cambio radical en el pensamiento de los gobernantes no será posible solucionar la crisis. Sin embargo, por conservar el poder y no liberar las trabas para que los cubanos de dentro y fuera de la Isla participen como sujetos activos, han preferido tomar el camino oligárquico de la Rusia de Putin y, en menoscabo de la cacareada soberanía, entregar las riquezas a los oligarcas rusos y otros, lo cual resulta una apuesta frágil e insostenible. En consecuencia, los cambios que demanda la economía cubana se impondrán, a pesar de la oposición del Gobierno.