Las campañas de la ONAT contra la actividad económica privada en Cuba

Los economistas consideran que la presión fiscal de un país se puede medir comparando la recaudación tributaria que realiza el estado con el PIB de la economía, y mediante un simple porcentaje es posible comparar entre los países, un recurso que los inversores extranjeros suelen tener muy en cuenta. En América Latina hay una notable dispersión, desde el 15,3% de Perú hasta el 30% de Brasil o Argentina. Cuba se desmarca de todos ellos, con un 42,2% según datos comparativos elaborados por CEPAL.

Pero la presión fiscal no se debe medir solamente con este indicador frío y matemático, sino que incorpora otros elementos cualitativos que merecen ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, la complejidad de las normas y reglas del sistema fiscal y tributario puede hacer más o menos llevadera una determinada presión fiscal. La actuación de los servicios inspectores y tributarios para incrementar el control y la vigilancia, también influyen y cabe señalar otro tanto de las sanciones y multas que se establecen para los presuntos incumplidores de los impuestos.

En el caso de Cuba, donde el sistema tributario no responde ni a la naturaleza del Estado de derecho ni a las reglas democráticas de participación popular, ¿quién dijo que la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) se iba a ir con las manos vacías cuando se lanzara a recaudar? Ya se dispone de algunos datos.

Al parecer, las acciones emprendidas por la ONAT contra los altos precios han destapado una deuda fiscal superior a 32 millones de pesos. Las arcas del régimen se verán rellenas con esta recaudación sobrevenida que no deja a nadie impasible y que supone un aumento de esa presión fiscal cualitativa. Ya se veía venir. Cuando la ONAT anunció su campaña hace unas pocas semanas, ya se sabía cuál iba a ser la finalidad de las 4.591 acciones de control realizadas contra el incremento de precios, y ejecutadas hasta el 16 de junio.

Estas acciones fueron dirigidas a fiscalizar personas naturales y jurídicas dedicadas a actividades cuyo desarrollo tenía algún impacto en los precios de productos y servicios destinados a la población, entre las que se encuentran los panderos-dulceros, trabajadores de cafeterías, carretilleros, vendedores de producción agrícola en puntos de ventas y quioscos, productores-vendedores de artículos varios, y poncheros, entre otros. Y a resultas de las pesquisas, que han debido ser exhaustivas, se han detectado los 32.500.000 de deuda con el presupuesto del estado que de forma inmediata se han exigido a los afectados.

Lo que llama la atención es cómo se ha producido la detección de los mayores adeudos. En general, la mayoría tiene que ver con la maraña burocrática y de control que ejerce el Estado sobre la economía, y que, en numerosas ocasiones, penaliza a los actores económicos, a pesar de que estos cumplen con sus obligaciones.

Por ejemplo, la ONAT identificó incumplimientos en lo relativo a la subdeclaración de ingresos, que suele ocurrir cuando se declara y paga menos de lo realmente obtenido, una situación que ocurre en ocasiones por las dificultades en el cálculo de la deuda, y sin que quepa apreciar un comportamiento evasivo o delictivo.

La presunción de inocencia para el régimen comunista no se aplica en estos casos, y así la ONAT ha anunciado que ha logrado más de 23.500.000 pesos, exigido ahora a los presuntos infractores. Una cantidad ínfima si se compara con los 4.585 millones de pesos que se recaudan por el impuesto de ingresos personales (datos de 2020). Da igual, Granma convierte a estas personas en infractores, tirando por tierra el principio de que todo el mundo es inocente mientas no se demuestre lo contrario.

Un segundo componente de la recaudación sobrevenida de la ONAT se encuentra en las multas, que incluyen tanto las que forman parte de la determinación de deuda (una vez más situaciones complejas que no se pueden achacar a los contribuyentes) y las de talón, aplicadas por el incumplimiento de deberes formales u otros motivos, lo que suele ocurrir cuando esos "deberes" entrañan una especial complejidad o desatender funciones que para el actor privado son prioritarias para su negocio. Por esta vía se han recaudado casi 7.400.000 pesos en tanto que lo contabilizado como recargo por mora superó 1.500.000.

Y aquí viene la cuestión más relevante de esa campaña de investigación de la ONAT que, al menos en un principio, iba dirigida a controlar los altos precios en una serie de actividades, pero que, pidiendo papeles a los actores económicos, ha aparecido de todo. Desde los habituales incumplimientos de los deberes formales, entre los que se encontraban no poseer la documentación establecida, la desactualización de los registros contables o la no implementación del sistema de contabilidad para los trabajadores por cuenta propia, hasta la compleja situación de obstrucción del proceso de fiscalización. Es cierto que el desconocimiento no invalida el cumplimiento de las normas, pero en un país que no es democrático estas exigencias tributarias se alejan de las fórmulas colaborativas entre el fisco y los que pagan impuestos en los países democráticos.

Y para colmo, la ONAT ha declarado que resultaron sancionadas 473 personas que se encontraban ejerciendo ilegalmente actividades de trabajo por cuenta propia.

El importe de la deuda, los 32 millones de pesos que se embolsa la ONAT de más, está integrada principalmente por el tributo que se debió pagar o las subdeclaraciones; además, el recargo por mora, como indemnización que exige el Estado por no recibir el ingreso en el momento previsto y cuyo importe depende del tiempo que haya transcurrido desde que culminó el plazo legal establecido para aportar la obligación; y por último, la multa fiscal, que es también una sanción por no cumplir con la obligación de pago o el deber formal.

Recurrir la decisión administrativa, ¿para qué? Esta es una causa perdida que no solo va dirigida a reducir la capacidad de generación de riqueza de los actores privados, sino que a muchos los devuelve a una situación de precariedad que puede llevar a reflexionar sobre la continuidad de su proyecto. A los comunistas esto les trae sin cuidado. Muchos nos preguntamos si la ONAT se emplea con la misma intensidad cuando se trata de las empresas y negocios estatales.