El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) registró 60 eventos de violación a los derechos humanos de personas privadas de libertad, según consta en su informe correspondiente al mes de marzo.
Los hechos, que ocurrieron en 29 prisiones y centros de detención ubicados en 12 provincias del país y en el municipio especial Isla de la Juventud, estuvieron relacionados principalmente con "hostigamiento o represión" (39 casos), "negación de asistencia médica" (15 casos), "condiciones precarias de vida en prisión" (14 casos), "problemas relacionados con la alimentación" (14 casos) y "uso de celdas de castigo" (6 casos). El estado deplorable de las prisiones cubanas y el ambiente represivo en las mismas provocaron que, en más de una ocasión, los reos sean víctimas de varias vulneraciones a la vez.
Así, "al menos 41 personas reclusas, 36 hombres y cinco mujeres, fueron identificadas como víctimas directas de estas violaciones, mientras que 13 denuncias documentaron afectaciones que impactaron a la totalidad de la población penal de determinados establecimientos", indicó el CDPC y detalló que "las condiciones de vulnerabilidad más frecuentes entre las víctimas incluyen el estatus de preso político, el hecho de ser afrodescendiente y la militancia opositora".
En tal sentido, las provincias con mayor número de incidencias fueron Mayabeque, La Habana y Camagüey, y entre las prisiones más reportadas se encuentran el Combinado del Este (La Habana), la prisión de Guanajay (Artemisa) y la prisión de Melena del Sur (Mayabeque).
El CDPC subrayó que "entre los casos más graves destacan los de los presos políticos del 11J Rolando Yusef Morera, recluido en Quivicán, y Jorge Martín Perdomo, confinado en el campamento de trabajo forzado 'Ho Chi Minh', en Mayabeque, quienes acumulan múltiples reportes de violaciones en su contra".
Como parte del resquebrajamiento integral de los centros penitenciarios de la Isla, "la crisis sanitaria en las prisiones cubanas no se limita a casos aislados, sino que constituye una realidad estructural que afecta a la totalidad de la población penal", sostuvo el CDPC y detalló que "en estos entornos, son frecuentes los brotes de enfermedades contagiosas, como la tuberculosis y otras infecciones respiratorias, favorecidas por el hacinamiento, la escasez de agua potable y la falta sistemática de atención médica".
"A ello se suma la crítica situación alimentaria, que va más allá de las carencias económicas del país y evidencia un profundo desinterés estatal por la salud y la vida de las personas privadas de libertad, al punto de comprometer gravemente su integridad física", agregó.
El CDPC denunció, asimismo, "la mala calidad, escasa variedad y reducidas cantidades de alimentos entregados a las personas privadas de libertad. Preocupa especialmente que, mes tras mes, continúan los reportes de recortes en las raciones normadas, las cuales ya eran insuficientes, así como restricciones impuestas a los reclusos para almacenar los alimentos que reciben de sus familiares. La situación ha derivado en niveles alarmantes de desnutrición".
"Este cuadro se agrava aún más por prácticas sistemáticas de corrupción dentro de las prisiones: se ha denunciado que guardias roban parte de la comida destinada a los reclusos para utilizarla en la cría de cerdos, lo que profundiza el abandono y la vulneración de derechos dentro del sistema carcelario", añadió.
El CDPC indicó, además, que "otras manifestaciones de corrupción dentro del sistema penitenciario incluyen la venta ilegal del tiempo destinado a llamadas telefónicas, un servicio que debería ser garantizado como derecho básico de comunicación para las personas reclusas. Además, se ha reportado el expendio de drogas dentro de los centros penitenciarios, lo cual no solo pone en riesgo la salud y seguridad de los internos, sino que evidencia la connivencia o participación directa de funcionarios del sistema penal en actividades ilícitas".
Estas condiciones provocaron que, durante el mes de marzo, fallecieran cuatro personas bajo custodia del Estado en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba. Estas muertes elevaron a 18 los fallecimientos en prisiones cubanas solo en el primer trimestre de 2025.
Además, el CDPC sostuvo que, en marzo, los agentes represivos reiteraron "la práctica de golpear a las personas prisioneras entre varios guardias y luego confinarlos en aislamiento. Así ocurrió con Mayelín Rodríguez Prado (Prisión Provincial de Mujeres de Camagüey) y Alejandro Morales Pereira (Prisión La Pendiente, Villa Clara). Por otra parte, Misleidys Rodríguez Más fue castigada con celda de aislamiento tras haber discutido con la jefa de la Prisión de Mujeres de Occidente (La Habana), exigiendo mejoras ante las precarias condiciones del penal y los malos tratos hacia las reclusas".
