La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 30 de enero de 2025 la Resolución 9/2025, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor Luis Wilber Aguilar Bravo y su familia, al considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.
Según un comunicado de la CIDH, el beneficiario viene realizando protestas y denuncias de violaciones de derechos humanos practicadas en contra de presos políticos en Cuba a partir de la detención de su hijo, Walnier Luis Aguilar Rivera, quien es una persona con discapacidad y también beneficiario de medidas cautelares.
Debido a sus actividades de protesta, desde 2022 Aguilar Bravo viene siendo objeto de vigilancias constantes por parte de agentes del régimen, así como de repetidas detenciones, durante las cuales se han reportado episodios de incomunicación con sus familiares, condiciones inadecuadas de confinamiento y amenazas reiteradas por parte de sus represores. La frecuencia e incidencia de los eventos se intensificó a partir de 2024, incluyendo restricciones a la libertad de movimiento y a la libertad de expresión. La CIDH denunció además que "el Estado no proporcionó información" al respecto.
"Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH consideró que los hechos referidos reflejan una continuidad de los eventos de riesgo en su contra a lo largo del tiempo, a pesar de que la situación del propuesto beneficiario y de su hijo encarcelado Walnier Luis Aguilar Rivera fueron puestas de conocimiento de diversas entidades estatales a nivel interno", precisó la nota.
La CIDH añadió que, en los términos del artículo 25 del Reglamento, solicitó al Gobierno cubano que "adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las personas beneficiarias; implemente las medidas necesarias para que puedan desarrollar sus actividades de defensa de derechos humanos sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia; concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; e informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición".
Walnier Luis Aguilar Rivera fue condenado con apenas 21 años bajo el delito de sedición por participar en las protestas de julio de 2021 en el barrio habanero de La Güinera, a pesar de su discapacidad intelectual.
La Fiscalía pidió para Aguilar Rivera una condena de 23 años, sin tener en cuenta el padecimiento mental del joven, aunque después de un proceso de casación la sentencia fue reducida a 12 años de privación de libertad.
Durante la fase investigativa del proceso judicial las autoridades rechazaron la realización de una prueba médica/psiquiátrica forense que podría haber reducido o anulado su pena. Obviaron que en la historia clínica del muchacho está recogido el tratamiento que ha recibido desde niño por el área de Psiquiatría. Desde el Centro de Diagnóstico y Orientación de Arroyo Naranjo, en La Habana, expertos certificaron ante sus padres que era un niño con necesidades educativas especiales, por padecer un retraso mental leve por varios factores, así como trastorno de aprendizaje y de la conducta.
En el juicio oral a Aguilar Rivera, realizado entre el 20 y 21 de diciembre de 2021, su padre, Wilber Aguilar Blanco, y su abogado, intentaron presentar las numerosas pruebas médicas que poseían en favor del joven y reiteraron una solicitud de examen psiquiátrico forense, pero los cinco jueces de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana rechazaron el requerimiento.
Walnier Luis Aguilar Rivera está recluido en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este desde hace más de un año. Allí, en medio de su condición de salud mental, comparte espacio con reclusos reincidentes y las condenas más altas.
