Wilber Aguilar Bravo, padre del joven manifestante cubano del 11J Wilmar Luis Aguilar Rivera, fue sometido a interrogatorio el miércoles, después de que las denuncias que ha hecho sobre la situación de su hijo, con discapacidad intelectual y condenado a prisión, tuvieran gran repercusión en redes sociales y la prensa independiente.
"La preocupación de ellos eran los videos. Que quién me difundía los videos, porque internacionalmente se veían muy rápido y salían en todas las cadenas internacionales. La preocupación era que quién yo tenía allá afuera", declaró Aguilar Bravo a DIARIO DE CUBA.
"Antier me citaron para Fiscalía en el Vedado y ayer me citaron para la Seguridad del Estado tras mis denuncias". Con la Seguridad del Estado, "más bien fue una discusión bastante fuerte que tuve con ellos", añadió el padre del participante en las protestas de La Güinera, en el municipio Arroyo Naranjo, de La Habana.
Aguilar Bravo denunció que presentó todos los documentos de la enfermedad de su hijo para el proceso penal y no los tuvieron en cuenta. El joven de 21 años padece discapacidad intelectual. No obstante, fue condenado a 23 años por el delito de sedición, aunque la sentencia aún no se ha hecho firme.
El miércoles en la noche Aguilar Bravo se unió a un cacerolazo de familiares de manifestantes del 11J en reclamo de libertad para sus hijos, esposos, padres, madres, como publicó en su perfil de Facebook.
En un video publicado el fin de semana también en Facebook, Aguilar Bravo envió un mensaje al Gobierno cubano en el que pidió que cesara el abuso y el sufrimiento del pueblo. También dijo que no le enviaran más a la Seguridad del Estado. Lamentó que las estructuras judiciales del régimen lo ignoraron.
Abogados consultados por DIARIO DE CUBA consideraron que no admitir el examen pericial psiquiátrico forense solicitado a favor del joven Wilmar Luis Aguilar Rivera forma parte de las deficiencias de la Justicia en Cuba, cuyas autoridades se vanagloriaron de sus "logros" en 2021 en la apertura del Año Judicial 2022.
De manera insistente, los padres y abogados del acusado han pedido a instructores, fiscales y jueces que admitan la prueba pericial psiquiátrica/forense en su favor para examinar si el joven, aun siendo responsable de algún delito, es responsable penalmente o no por cuestiones de discapacidad.
Las peticiones han sido introducidas formalmente al proceso. También han sido presentadas a través del sistema de Atención a la Población, mediante el ejercicio del derecho constitucional de petición y queja. Al no recibir una respuesta, Wilber Aguilar decidió denunciar públicamente el caso de su hijo.
Los abogados aportaron suficiente documental pericial médico/forense que señala a Aguilar Rivera como joven que estudió en Escuela Especial desde la adolescencia con diagnóstico de retraso mental, trastorno del aprendizaje y de la conducta. El diagnóstico precisa que se trata de un retraso mental moderado. Esta descripción médica lo convirtió en no apto para el Servicio Militar y, según los expertos consultados por DIARIO DE CUBA, lo hace "inimputable al amparo del Artículo 20 del Código Penal".
"Una revisión simple por los jueces a la historia clínica hubiese bastado para conocer que la prueba solicitada era una cuestión capital a aceptar. Optaron, sin embargo, en el apuro y falta de profesionalidad, por acortar el proceso para su conclusión, al precio ilegal e injusto que fuera necesario", sostuvieron los expertos.
Según la Historia Clínica de Walnier Luis Aguilar Rivera, a la que tuvo acceso DIARIO DE CUBA, el joven se ha mantenido desde temprana edad con tratamiento de cloropromazina (100mg) 1/2 tableta, otros medicamentos similares y gotas florales. Consta como paciente de Psiquiatría Infantil, con innumerables consultas ambulatorias. También se pueden observar los distintos momentos de la evolución. Comenzó con retraso mental leve de etiología multifactorial, luego trastorno conducta de base orgánica y culminó con un "no apto FAR por gravedad".
El Artículo 20 del Código Penal cubano obliga a los jueces a practicar la prueba pericial, pues estos profesionales del derecho no son especialistas en la materia.
La citada norma dice: "Está exento de responsabilidad penal el que comete el hecho delictivo en estado de enajenación mental, trastorno mental transitorio o desarrollo mental retardado, si por alguna de estas causas no posee la facultad de comprender el alcance de su acción o de dirigir su conducta".
"No permitir la prueba pericial desde el inicio de las investigaciones constituye cualquier delito de abuso de autoridad", concluyeron los abogados consultados.
