A tenor con el resquebrajamiento integral de la sociedad, el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), registró 8.443 manifestaciones y declaraciones públicas en la Isla en 2024, lo que representa un aumento del 31% respecto a las 5.749 de 2023. Según el informe de la ONG, enviado a nuestra redacción, este aumento es fiel reflejo del descontento popular, toda vez que los cubanos se sienten "rehenes de una élite de poder egoísta, ineficiente, soberbia y despiadada".
En diciembre el OCC contabilizó 760 protestas y denuncias públicas, en un mes marcado por "los interminables cortes eléctricos, incluyendo el tercer colapso total del sistema electroenergético y el segundo mayor déficit de generación en el año, con apagones de 16, 20 y hasta 24 horas", indicó.
En tal sentido, las protestas a raíz del caos eléctrico (122) lideraron la categoría de Servicios Públicos, que también incluyó otros 82 reclamos ciudadanos a partir de los problemas del resto de servicios, igualmente deficientes, como gas licuado, agua, salubridad, transporte e internet, así como los concernientes a asuntos bancarios y funerarios.
La crisis alimentaria e inflacionaria fue el segundo tema más recurrente, con 129 actos de protesta, que evidencian el agravamiento de la pobreza en la Isla, cifrada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en el 89%.
Además, según el OCC, "diciembre mantuvo una fuerte tendencia contestataria", toda vez que la organización registró 149 manifestaciones consideradas desafíos directos al Estado policial. El informe destacó, igualmente, 106 denuncias por inseguridad ciudadana, con 16 homicidios y 46 casos de robos y estafas, además de 35 protestas relacionadas con el estado calamitoso de la salud pública, reflejado en los brotes de varias enfermedades, como la hepatitis A, y la falta de personal en los consultorios de atención primaria.
El OCC indicó, asimismo, que el régimen mantuvo su actuar represivo contra las personas privadas de libertad, tanto los presos políticos como comunes, al igual que contra activistas, opositores, periodistas independientes y demás miembros de la sociedad civil, como cineastas, pequeños empresarios y personas que expresaron en las redes sociales sus críticas a la gestión gubernamental.
En tal sentido, la investigación Crisis cubana: la ciudadanía activa la protesta en redes sociales, publicada recientemente por la ONG ProBox en alianza con DIARIO DE CUBA, indicó que "las redes sociales se han convertido en un espacio en el que la ciudadanía cubana alza la voz y rompe los límites de la censura".
Mientras el régimen continúa con su añeja estrategia de criminalizar el disenso, las personas no dejan de protestar en internet, aun cuando la investigación detalló que, a partir de "leyes y decretos que el régimen cubano ha creado para darle un marco legal a la violación de los derechos humanos en la Isla", "los delitos de los que se acusa a quienes recurren a las redes sociales para expresar su descontento con el Gobierno cubano son: propaganda enemiga, delito contra el orden constitucional y actos contra la seguridad del Estado".
El informe del OCC concluyó que el crecimiento en las manifestaciones "refleja un cambio en la conciencia ciudadana". "Las protestas ya no se limitan a demandas específicas, sino que apuntan al sistema político como origen de la crisis que atraviesa el país", enfatizó.
La respuesta gubernamental ante cada una de estas protestas fue la represión y la censura, limitando el derecho a la manifestación pacífica y la libertad de expresión. Estas acciones han sido condenadas por defensores de derechos humanos, quienes instan al Gobierno a atender las demandas legítimas de la población.
