Amnistía Internacional presenta este miércoles su Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. La investigadora regional para el Caribe, Johanna Cilano Peláez, conversa con DIARIO DE CUBA sobre el caso de la Isla, donde la continuidad de la represión y de la discriminación contra periodistas independientes, activistas y ciudadanos comunes marcaron el desempeño del régimen encabezado por Miguel Díaz en materia de respeto al ejercicio de derechos de los cubanos durante el año pasado.
"Cuba sigue siendo un país que carece de una institución nacional de derechos humanos que cumpla los Principios de París. El país sigue cerrado a las organizaciones internacionales de derechos humanos y los medios de comunicación encuentran obstáculos para su funcionamiento. Durante el año se aplicó un nuevo Código Penal, que entró en vigor en diciembre de 2022, que mantiene la pena de muerte, así como disposiciones que limitan los derechos humanos y se utilizan para silenciar y encarcelar a activistas", afirma Cilano Peláez.
"Durante este período continuó la represión de la disidencia, y se hostigó, persiguió y encarceló a activistas, opositores políticos, periodistas y personas que participan en protestas sociales. Los defensores de los derechos humanos se enfrentaron a obstáculos y ataques, y continúan siendo encarcelados sin las debidas garantías procesales. Continuó la crisis económica y humanitaria, con escasez de alimentos, combustible y electricidad. Siguió prevaleciendo la discriminación, que afectó a afrodescendientes, mujeres y niñas, personas LGBTI, disidentes políticos y miembros de comunidades religiosas".
Como las acciones violatorias de los derechos humanos perpetradas con más frecuencia por los agentes del régimen cubano en 2023, la investigadora destaca "la vigilancia y el hostigamiento de activistas, opositores, periodistas y artistas continuaron siendo generalizados. Siguen siendo habituales las detenciones arbitrarias y los procesos penales sin garantías de juicio justo, y las personas privadas de libertad se enfrentaban a duras condiciones de reclusión".
Cilano Peláez recuerda la manifestación que tuvo lugar en el municipio Caimanera, de Guantánamo el 6 de mayo de 2023, cuando varios cubanos expresaron en la calle su descontento por los apagones y la escasez de comida. Los manifestantes llegaron a concentrarse frente a la sede del Gobierno Municipal y del Partido Comunista con gritos de "¡Libertad!", como se apreció en videos que circularon en redes sociales.
"El Gobierno reaccionó con fuerza excesiva contra personas que protestaban", señala Cilano Peláez. "Las fuerzas del orden hicieron uso de la violencia física, y al menos cinco manifestantes fueron detenidos arbitrariamente, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que condenó el patrón de represión".
La investigadora también destaca la aprobación, por parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular de "una Ley de Comunicación Social que continua la prohibición de los medios de comunicación de propiedad privada y establece restricciones abusivas a la información pública y al uso de Internet. La ley otorga al Gobierno la potestad de ordenar a los proveedores de telecomunicaciones que dejen de prestar servicio a los usuarios que publicaran información considerada perjudicial para el orden público o la moral".
"El Gobierno mantiene encarcelados a casi un millar de personas relacionados con eventos de protestas. Entre ellos continúan encarcelados los artistas y presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel 'Osorbo' Castillo Pérez; los lideres religiosos Loreto Hernández y Donaida Pérez Paseiro; y el líder opositor José Daniel Ferrer García. Su integridad física y mental está en riesgo debido a las duras condiciones de reclusión, la violencia ejercida por otros detenidos y la deficiente atención médica. Sus derechos y los de sus familiares sistemáticamente violados", añade.
"Persiste la discriminación, que afecta en particular a afrodescendientes, mujeres y niñas, personas LGBTI, disidentes políticos y miembros de comunidades religiosas. Los afrodescendientes siguen sufriendo las consecuencias del racismo sistémico e histórico. Los activistas informaron de que persistían las desigualdades raciales, que creaban disparidades raciales en la representación política, el acceso a una vivienda adecuada y el empleo, entre otros derechos. El Estado no recopilaba ni publicaba datos sobre desigualdades raciales desglosados por raza y etnia".
Las vulneraciones de derechos humanos que persistieron en Cuba en 2023 también se observan en el resto del mundo, de acuerdo con la investigadora. No obstante, acota que la especificidad en la Isla está dada por el sistema de gobierno.
"Nuestro informe lamentablemente recoge graves violaciones de derechos humanos en todo el mundo. En la región hay patrones preocupantes relacionados con cierre del espacio cívico, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, así como el uso de leyes y herramientas jurídicas para el control de la sociedad. Amnistía Internacional también da cuenta de una crisis múltiple en materia de derechos económicos, sociales y culturales. El acceso a agua, a servicios de salud, alimentación, seguridad, son problemas tristemente compartidos por millones de personas en las Américas y el mundo. En ese contexto, la especificidad de Cuba, compartida también en la región con países como Venezuela y Nicaragua, es la vigencia de un modelo autocrático donde el ejercicio de todos los derechos está sometido al control y represión estatales", concluye Cilano Peláez.
