Una coalición de 13 organizaciones internacionales y de la sociedad civil independiente de Cuba presentó este jueves, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el informe "Cuba: derecho a la libertad de asociación" en el que denunció el recrudecimiento de la represión estatal contra las organizaciones de derechos humanos dentro de la Isla durante 2022 y 2023.
Las organizaciones que presentaron el informe y fueron escuchadas en audiencia por la CIDH fueron Cubalex, Civil Rights Defenders, Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, Damas de Blanco, Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Justicia 11J, Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Movimiento San Isidro, Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, Museo de la Disidencia, Observatorio de Género de Alas Tensas, Robert F. Kennedy Human Rights y Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
En la audiencia, Laritza Diversent, directora de Cubalex, instó a la CIDH a "reconocer la gravedad de la situación" y los activistas, abogados y defensores de los derechos humanos se unieron para pedir a la Comisión que emita un pronunciamiento público que exija al régimen cubano la liberación de los presos políticos, así como el cese de la represión y el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno de Cuba en materia de derechos humanos. Pidieron, además, que se concrete una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que la CIDH ayude a consolidar la sociedad civil cubana
Los activistas hicieron una descripción detallada de la deslegitimación y estigmatización de las organizaciones de la sociedad civil por parte del régimen, el control estatal de los medios de comunicación, el acoso persistente por parte de los mecanismos de represión del Estado cubano, así como el exilio forzoso, las detenciones arbitrarias, las desapariciones, las amenazas, la negación de derechos básicos y atención médica en prisión, el maltrato físico, la manipulación del sistema judicial, las restricciones a la comunicación y la censura, y la represión de la libertad religiosa y de movimiento.
Informaron también que durante el periodo de estudio se presentaron 5.685 actos de represión estatal contra la población. De estos, 2.713 afectaron a uno o varios miembros asociados o que forman parte de organizaciones de la sociedad civil independiente, y representaron el 47,72% de las agresiones. Las acciones contra las organizaciones de derechos humanos dejaron, según las organizaciones, 3.732 víctimas.
En tal sentido, Julio Ferrer Tamayo, abogado de Cubalex que desarrolla su labor dentro de Cuba, dijo que el panorama es "desalentador", pero que, a pesar de ello, es fundamental "persistir en la lucha" y exigir "equidad y respecto a la dignidad humana".
El documento presentado también revela que, durante 2022 y 2023, 102 organizaciones fueron blanco de la represión, y que las más afectadas fueron movimientos de activistas y opositores como "la Unión Patriótica de Cuba, con 100 eventos represivos; el Movimiento Opositores por una Nueva República, con 63; las Damas de Blanco, con 50", entre otras.
La CIDH prestó especial atención a la situación de las mujeres que forman parte de organizaciones o participaron en protestas y manifestaciones sociales, y que fueron reprimidas por el Estado. La organización Justicia 11J, parte de la coalición, documentó 289 protestas públicas entre el inicio de 2022 y finales de 2023, y la detención de al menos 311 mujeres en relación con protestas, desde el 11 de julio de 2021. De ellas, 72 permanecen detenidas en condiciones deplorables y con sus derechos vulnerados.
La audiencia también llamó la atención sobre el hecho de que los patrones de violencia no son nuevos, y que se convierten cada vez más en una marca registrada del régimen cubano para reprimir a sus ciudadanos y ciudadanas. "No tenemos la voluntad del Estado cubano para dialogar", dijo Tania Reneaum Pansza, secretaria ejecutiva de la CIDH.
La dramática situación que viven las personas defensoras de derechos humanos en Cuba tiene consecuencias devastadoras. En primer lugar, varias organizaciones se han visto disminuidas radicalmente por la persecución estatal. Por ejemplo, la membresía de las Damas de Blanco se ha reducido de 243 mujeres en 2013 a 50 en la actualidad. En segundo lugar, el acoso constante por parte de la Seguridad del Estado ha obligado a decenas de activistas a sufrir exilio forzado; y finalmente, ha existido un aumento drástico de los feminicidios en la Isla. Solo en 2023 se han verificado 89 feminicidios, el doble de los 36 casos contabilizados en 2022, según datos del Observatorio de Género Alas Tensas y de la organización Yo Sí te Creo en Cuba.
La coalición de organizaciones hizo, además, un llamado urgente al Estado para que cese de manera inmediata la represión y persecución contra la sociedad civil independiente, las organizaciones de derechos humanos y las mujeres en la Isla. También a que proteja y garantice el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas en Cuba, incluyendo la libertad de expresión, asociación y reunión; y a que investigue de manera imparcial y efectiva todos los actos de represión y violaciones de derechos humanos, para sancionar a los responsables.
"El régimen comunista fracasó en materia de derechos humanos" y "solo una transición democrática puede garantizar que haya respeto a los derechos humanos en Cuba", opinó Edgar Stuardo Ralón, relator de la CIDH para Cuba.
