La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) manifestaron preocupación ante denuncias sobre la persistencia de acciones represivas contra organizaciones de la sociedad civil y la prensa independiente en Cuba. A la vez, urgieron al régimen a "cesar el hostigamiento, así como a respetar y garantizar la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación".
De acuerdo con un comunicado de prensa, en lo que va de 2024, organizaciones de la sociedad civil han reportado a la CIDH cerca de 300 acciones represivas contra personas activistas y defensoras de derechos humanos, disidentes políticos, periodistas, artistas independientes, y familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos. Estas acciones incluyen detenciones arbitrarias, violencia física y negligencia médica en el contexto de privación de libertad, arrestos domiciliarios, amenazas y coacción, cortes selectivos de internet y comunicaciones, restricciones de movilidad interna, citaciones policiales e interrogatorios sin respeto a las garantías legales.
La CIDH y RELE señalaron que esta situación se enmarca en un contexto de recrudecimiento de las limitaciones a la libertad de asociación y de expresión en el país, así como de incremento de la violencia de las fuerzas de orden del Estado.
Según denuncias públicas de organizaciones de la sociedad civil, entre 2018 y 2023 se registró un alto número de víctimas de violencia física por parte de fuerzas del Estado. De estas, 95 habrían muerto como consecuencia de una acción u omisión estatal y la mayoría se encontraba en el entorno carcelario bajo custodia del Estado.
Como lo ha hecho en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba de 2020 y sus informes anuales de 2021 y 2022, la CIDH destacó que las personas activistas, disidentes y defensoras de derechos humanos en Cuba se ven sometidas a procesos de criminalización, persecución judicial y violencia con el objetivo de desalentar las manifestaciones críticas al Gobierno, obstaculizar la libre expresión, impedir la labor de defensa y promoción de derechos humanos, y el surgimiento de nuevos liderazgos.
"Dichas acciones afectan particularmente a las organizaciones y los medios de comunicación no alineados con la ideología y las políticas estatales, quienes enfrentan un contexto inhibidor y silenciador, que desestimula cualquier manifestación crítica, llevando incluso al exilio forzado de periodistas y activistas por temor a represalias", añadieron.
Por su parte, la RELE continúa observando una política estatal orientada a mantener un control sobre el flujo de información, limitando severamente el espacio cívico y el acceso a la información por parte de la sociedad cubana. "Periodistas y medios de comunicación independientes enfrentan un entorno hostil, con restricciones legales y prácticas represivas por informar críticamente sobre el Gobierno. Esto incluye multas y sanciones, asedio y vigilancia policial en sus residencias, detenciones, e interrogatorios intimidatorios", denunció.
La CIDH y RELE recordaron que la libertad de asociación y de expresión son derechos fundamentales e inalienables, inherentes a todas las personas y requisitos indispensables en una sociedad democrática. Por lo anterior, llamaron al régimen cubano a adoptar medidas inmediatas para garantizar un ambiente seguro y propicio para el ejercicio de las libertades de asociación, expresión y de prensa, incluyendo el cese de la persecución judicial y toda práctica represiva. También exigieron liberar a todas las personas detenidas por su labor de defensa de los derechos humanos o por manifestarse críticamente.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
