El régimen cubano y la Unión Europea firmaron cuatro acuerdos de cooperación en materia de derechos humanos, que incluyen la participación ciudadana, tras el Cuarto Diálogo sobre Derechos Humanos UE-Cuba, que copresidió el representante del bloque europeo para los derechos humanos Eamon Gilmore.
Los acuerdos, publicados por el medio estatal Cubadebate este viernes, luego de que Miguel Díaz-Canel recibiera a Gilmore, son:
• Discutir y adoptar, durante el primer trimestre de 2024, un cronograma de intercambios técnicos en diversas áreas de derechos humanos, que pudieran incluir las relativas a las mejores prácticas en materia legislativa, al adelanto de la mujer, derechos sexuales y reproductivos, derechos de la infancia, derechos de personas en situación de discapacidad, entre otras.
• Discutir de conjunto potenciales proyectos de cooperación en diversas áreas de derechos humanos, que incluirían alimentación, vivienda, atención médica, energía, cultura, medio ambiente, cambio climático, participación ciudadana y atención a personas o grupos en situación de vulnerabilidad y las recomendaciones aceptadas en el Examen Periódico Universal, entre otros.
• Iniciar la implementación del proyecto de colaboración "Fortalecimiento de la Defensoría para la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia".
• Continuar promoviendo la cooperación en áreas como la digitalización de los registros del Estado civil, notarías y Gaceta Oficial.
Aunque el segundo acuerdo habla de "discutir" sobre participación ciudadana y las recomendaciones hechas al Estado cubano durante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el régimen acota que solo abordará aquellas recomendaciones que aceptó.
Abolir la pena de muerte, respetar las libertades de expresión, asociación y movimiento, garantizar la labor de defensores de derechos humanos y periodistas independientes, ratificar mecanismos internacionales de protección como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención contra la Tortura fueron algunas de las recomendaciones que recibió el régimen.
La respuesta del embajador y representante permanente del Gobierno cubano en Ginebra, Juan Antonio Quintanilla, fue que el régimen tomaría en cuenta las recomendaciones de "espíritu constructivo y de cooperación" que no "cuestionan el orden constitucional", ni "pretendan hegemonías ideológicas".
Quintanilla dijo que "otras recomendaciones son inaceptables para Cuba, en tanto cuestionan el orden constitucional y legal refrendado por la abrumadora mayoría del pueblo, se sustentan en prejuicios y pretenden hegemonías ideológicas".
El orden constitucional de Cuba sobre el cual el régimen no admite cuestionamientos establece que el único partido político legal es el Comunista y que el sistema socialista es irreversible. El Artículo 4 de la Carta Magna reconoce el derecho a de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución".
Tales postulados impiden la participación en la política de ciudadanos que no comulgan con el sistema socialista.
Pese a la retórica de los acuerdos firmados este viernes con la UE, la renuencia del régimen cubano a reconocer los derechos políticos de la disidencia y a renunciar a sus prácticas excluyentes y represivas quedó evidenciada en los arrestos de activistas durante la visita del representante del bloque europeo para los derechos humanos.
Lo recogido por Cubadebate sobre el encuentro que sostuvo Díaz-Canel con Eamon Gilmore también deja poco margen para esperar una política de respeto a los derechos humanos por parte del régimen.
De acuerdo con el medio estatal, el gobernante "reiteró el firme compromiso de Cuba con la realización plena de todos los derechos humanos y enfatizó en la importancia del diálogo y la cooperación como vías efectivas para la promoción y protección de los derechos humanos, sin politización, selectividad, dobles raseros ni injerencias en los asuntos internos de las partes".
Como habían hecho los diputados en su reunión con Gilmore, Díaz-Canel aseguró que el "amplio, profundo e integral proceso de reformas legislativas" que ha tenido lugar en Cuba ha fortalecido "el marco jurídico e institucional para la promoción y protección de derechos humanos".
Obvió que las leyes aprobadas o en preparación contienen restricciones que limitan el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución por parte de los cubanos. La norma que debe regular el derecho a la manifestación con fines pacíficos fue sacada del cronograma legislativo.
Díaz-Canel no perdió la oportunidad para culpar al embargo estadounidense de las violaciones de derechos humanos en Cuba.
Según él, el supuesto fortalecimiento del sistema jurídico para promover y proteger los derechos humanos se ha realizado "a pesar de los negativos efectos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba, que constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de los cubanos".
