El preso político cubano Yosvany Rosell García Caso se recupera en la sala de penados del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez, en Holguín, tras una huelga de hambre por más de tres semanas que realizó para demandar su libertad y la de todos los encarcelados por las protestas del 11 de julio de 2021.
"Nos dieron una visita en el hospital, gracias a Dios, porque no habíamos podido estar con él mucho tiempo. Le llevé comida fuerte y comió súper bien. Se va recuperando poco a poco porque él perdió mucho peso. Antes de la huelga, pesaba 55 kilogramos. Bajó a 45, es decir, perdió diez kilos en su protesta", dijo a Martí Noticias la esposa de García Caso, Mailín Rodríguez Sánchez.
"Su condición ahora es estable, pero estamos esperando los resultados de los análisis que le hicieron. El más importante de ellos, uno para detectar si la huelga le trajo afectaciones en los riñones, que es lo que más preocupa", dijo.
Luego de 21 días sin ingerir alimentos, el joven suspendió su ayuno voluntario y tomó un caldo que le llevó su esposa al hospital, adonde fue trasladado por su deteriorado estado.
"Dejó la huelga por la gravedad que tuvo, y porque le prometieron permitirle no usar la ropa de preso", señaló Rodríguez Sánchez.
El prisionero político comenzó la huelga de hambre el 11 de mayo, después de que las autoridades del penal Cuba Sí prohibieron la visita familiar reglamentaria a su esposa y sus tres hijos porque él se negó a vestir el uniforme de las penitenciarías cubanas. Luego incorporó a su reclamo la libertad inmediata para todos los presos políticos.
Según Rodríguez Sánchez, "la doctora que lo atiende no sabe cuándo lo llevarían de vuelta a la cárcel, pero dice que hasta que no se recupere bien".
García Caso, de 34 años, fue condenado a 15 años de cárcel por el delito de sedición tras las protestas del 11 de julio de 2021.
García Caso, padre de tres hijos, hizo también una huelga de hambre durante 17 días a inicios del pasado año, en la que igualmente pedía su libertad y protestaba por un fallo judicial que consideraba injusto.
Desde que comenzaron los juicios a los manifestantes del 11J, activistas de derechos humanos y varias ONG han denunciado falta de garantías, fabricación de pruebas y penas excesivas en estos procesos. De igual forma señalaron el uso del delito de sedición en estos juicios contra los manifestantes del 11J, por su connotación política.
Justicia 11J ha considerado como "una arbitrariedad" el uso de la acusación de sedición. Human Rights Watch y ONG locales, calificaron de "abusivos" estos procesos penales en su informe: "Prisión o exilio: Represión sistemática contra las protestas de julio de 2021 en Cuba". Allí también registraron un gran número de violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el contexto de las protestas, poniendo como ejemplo la incomunicación a la que muchos de los presos políticos son sometidos.
