El preso político cubano Yosvany García Caso, manifestante del 11J, cumple una semana en huelga de hambre en la prisión Cubasí, en Holguín, en protesta por la negación de una visita familiar. En un primer momento fue acusado de "desórdenes públicos", luego la Fiscalía le impuso el delito de "sedición" y su sanción quedó en 15 años de privación de libertad, después del juicio de apelación, cuando le bajaron cinco años a su condena de 20.
"Mi esposo el día 11 de mayo tenía una visita familiar pero fue suspendida debido a una llamada telefónica que él hizo para denunciar una golpiza que le dieron en la prisión, cuando la Seguridad del Estado comenzó a tomar represalias en su contra dentro del penal, obligándolo a vestirse de preso", dijo a DIARIO DE CUBA la esposa de García Caso, Mailín Rodríguez Sánchez.
"Hoy hace siete días que se encuentra en huelga, exigiendo su libertad al punto de que dijo que, si no es liberado, prefiere la muerte", agregó la mujer. Yosvany García Caso, de 34 años y padre de tres hijos, hizo también una huelga de hambre, durante 17 días a inicios del pasado año, en la que igualmente pedía su libertad y protestaba por un fallo judicial que consideraba injusto.
Mailín Rodríguez Sánchez cuenta que este miércoles fue al penal "para saber el estado en que se encontraba" su esposo y que allí le informaron que "se encuentra estable" y le reafirmaron que "se mantiene en huelga y pide la libertad de él y todos los presos políticos". Explica que los oficiales le dijeron que el preso político ha dicho que "prefiere la muerte" si no es liberado. "Ellos me dicen de que es imposible lograr eso porque él tiene una sentencia de 15 años y que si persiste entonces morirá", agregó.
En redes sociales la mujer hizo un llamado para visibilizar el caso y aseguró que las palabras de su esposo son: "Libertad o muerte". Pidió también "a todas las organizaciones internacionales" que intercedan para lograr la libertad de García Caso. "Basta de injusticias, ni una muerte más, libertad para este padre, sus tres hijos lo esperan", concluyó su mensaje.
Desde que comenzaron los juicios a los manifestantes del 11J, activistas de Derechos Humanos y varias ONG, han denunciado falta de garantías, fabricación de pruebas y penas excesivas en estos procesos. De igual forma señalaron el uso del delito de sedición en estos juicios contra los manifestantes del 11J, por su connotación política.
La Fiscalía General de Cuba argumentó la utilización del delito de sedición en algunos casos sobre la base del "nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas" que tuvieron el "deliberado propósito de subvertir el orden constitucional" y resultaron en la "perturbación grave del orden público".
Sin embargo Justicia 11J ha considerado como "una arbitrariedad" el uso de la acusación de sedición. El régimen informó del procesamiento de 790 personas relacionados con las protestas del 11 de julio, 96 de ellas eran residentes en el barrio La Güinera, todas acusadas de sedición, el delito más grave por el que se ha juzgado a los manifestantes.
Human Rights Watch y ONG locales, calificaron de "abusivos" estos procesos penales en su informe: "Prisión o exilio: Represión sistemática contra las protestas de julio de 2021 en Cuba". Allí también registraron un gran número de violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el contexto de las protestas, poniendo como ejemplo la incomunicación a la que muchos de los presos políticos son sometidos.
