El Tribunal Municipal de Habana del Este condenó a los hermanos Esquizander y Erisdel Benítez Moya a diez meses de privación de libertad por los delitos de resistencia y desacato, respectivamente. Ambos jóvenes son integrantes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y fueron arrestados a inicios del pasado mes de febrero, informó la plataforma Justicia 11J.
Al concluir el juicio, los dos jóvenes fueron devueltos a la cárcel de Valle Grande, en La Habana, donde ya se encontraban cumpliendo prisión preventiva.
Las detenciones de ambos ocurrieron en el reparto Mañana, de Guanabacoa, donde viven junto a su madre Mercedes Moya Isaac, también miembro de la UNPACU. La condena de los hermanos llegó este 26 de mayo, en plena visita a Cuba del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
La madre contó a Martí Noticias que sus hijos salieron "a vender algunos panes" debido a la "necesidad tan grande" que están pasando, pero que "fueron sorprendidos por el jefe de sector (de la Policía), quien les dijo que estaban cometiendo un delito". "Cuando llegaron a la casa me lo explican, pero tenían la necesidad de vender o de cambiar estas dos bolsas de panes que les quedaban para poder llevar algo a la mesa", agregó.
La mujer señaló que el jefe de sector, "los estaba velando" y que luego los volvió a interceptar "en una parte distante del lugar donde los habían encontrado en horas de la mañana".
"Él ya estaba allí, acompañado por la inspectora. Esquizander le dice que no está identificado como policía porque no estaba uniformado, entonces se le tira y maniata de tal forma que mi hijo obtuvo un certificado médico por lesiones", denunció. "Cuando Erisdel vio aquel maltrato, comenzó a filmar y a gritar que en Cuba no se respetan los derechos humanos, por eso lo cogen y lo sentencian, porque dice el tribunal que ha salido una ley que ya no se puede filmar, y que eso es una falta de respeto, que no podía expresarse en contra del sistema", continuó relatando Moya Isaac.
El delito de resistencia, según el nuevo Código Penal, establece penas de privación de libertad de seis meses a un año o "multa de cien a trescientas cuotas, o ambas", para "quien oponga resistencia a un funcionario público, autoridad o sus agentes o auxiliares, en el ejercicio de sus funciones". Precisa que se puede agravar a penas de privación de libertad de dos a cinco años si el delito se comente "respecto a un funcionario público, autoridad o sus agentes o auxiliares, o a un militar, en la oportunidad de cumplir estos sus deberes de capturar a personas sospechosas de haber transgredido la ley o custodiar a personas privadas de libertad o aseguradas".
Sobre el desacato, advierte que recibirá una sanción de "privación de libertad de seis meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas", o ambas, "quien verbal o extra verbalmente, mediante escrito o gestos, en su presencia o de otra u otras personas, o a través de cualquier medio de comunicación, amenace, calumnie, difame, insulte, injurie, ultraje u ofenda en su dignidad o decoro, a un funcionario público, autoridad o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas".
Esta sanción se agravará a privación de libertad de uno a tres años, si el desacato se realiza contra el presidente o vicepresidente de la República, al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, al presidente del Tribunal Supremo Popular, al fiscal general de la República, entre otras figuras.
En un video que compartió en Twitter la organización Justicia 11J se puede ver que durante la detención, los oficiales de la policía mantuvieron esposado a Esquizander a un poste de electricidad. El joven afirmó que fue arrestado por vender pan para mantener a su familia. Según las declaraciones de Moya Isaac, la familia no fue informada del lugar ni la fecha donde se celebraría la vista oral.
El grupo Justicia 11J expresó: "Mientras Josep Borrell está en La Habana, y al menos 15 presos políticos están en huelga de hambre, se celebró hoy (viernes) el juicio a Esquizander y Erisdel Benítez Moya. Ambos forman parte de los diez activistas privados de libertad luego de la entrada en vigor del Código Penal".
Alberto Ortega Fonseca, impulsor de la iniciativa Cuba de Luto, anunció en sus redes que la mayoría de los 15 huelguistas abandonaron la acción este fin de semana, "después de lograr su objetivo" y "poner el tema de los presos políticos en la visita de Borrell" a la Isla.
"El objetivo aquí no es morirse, el objetivo aquí es ir ganando batalla a batalla. La batalla ellos la ganaron, pusieron el tema de los presos políticos muy alto, salió en toda la prensa mundial, salió en todos los periódicos de la Unión Europea, América Latina, en Estados Unidos", declaró Fonse en un video que compartió en su cuenta de Twitter.
Sin embargo, no todos han abandonado la protesta. Este domingo, Mailín Sánchez, esposa del huelguista Yosvany García Caso, contó a DIARIO DE CUBA que su esposo "sigue en huelga" y que está "aislado" en "el puesto médico" del penal. En su perfil de Facebook Sánchez compartió su reclamo de "justicia y libertad" para su esposo desde la iglesia de la ciudad de Holguín, pidiendo también "fe de vida" justo cuando cumplía 18 días en huelga.
La mujer recordó que García Caso es un padre que tiene tres hijos que sufren "la horrible separación, por querer libertad y un futuro mejor".
"Hago responsables a la dictadura asesina, represora, cubana, por todo el daño físico y psicológico causados a toda mi familia, somos cinco personas sufriendo", concluyó Sánchez.
