Enfrentar con violencia extrema el descontento es una orden de alto nivel en Cuba. Los golpes están autorizados desde el "llamado al combate" que hiciera Miguel Díaz-Canel durante las históricas protestas de julio de 2021. La prioridad del Partido Comunista de Cuba (PCC) y la Seguridad del Estado es que no haya otro 11J. Por eso en Caimanera se actuó rápido. Con represión coordinada se puso fin a la protesta en poco tiempo, para mostrar después una "tranquilidad" vigilada.
La criticada orden de Díaz-Canel a sus "revolucionarios" hace ya más de dos años sigue vigente con su ratificación al frente del Gobierno y también como primer secretario del PCC, único partido legal, que dirige Cuba con impunidad exclusiva.
"El PCC no rinde cuentas al pueblo ni a ninguna otra institución oficial. Sus dirigentes no forman parte ni siquiera del amañado proceso electoral, no nacen del electorado. Sus instrucciones en materia de políticas públicas y de toda naturaleza son de estricto cumplimiento, y el gasto de presupuesto en su gestión, especialmente el asignado para las partidas referidas a imposición ideológica, censura, desinformación y represión, no es objeto de fiscalización", dijo a DIARIO DE CUBA el exjuez Edel González en una reflexión sobre lo acontecido en Caimanera.
"Ni la Contraloría General, ni el área de auditoría de la Fiscalía General cuentan con libertades para la fiscalización de los eventos, procesos y gastos que lleva a cabo el PCC. Ninguna organización —menos el ciudadano cubano— puede acceder a tal información o exigir transparencia de cuentas. Tampoco cabe contra los miembros del Buró del Comité Central libertad de denuncia y procedimientos penales por excesos administrativos o delitos sin consecuencias. La normativa procesal penal reforzó el régimen de inmunidad en estos dirigentes, a fin de que puedan estar 'seguros' frente a los delitos que ordenan y ejecutan durante la tarea de represión ciudadana", añadió González.
"No es casualidad concentrar cargos en una misma persona que sea leal en extremo a la voluntad de los Castro. El directivo, diputado o delegado de cualquier nivel que no rinda pleitesía cesa en funciones por imperio del mecanismo de control establecido en el Decreto/Ley 13 de 2020", señaló
Para el abogado, mientras en la cúpula de poder "se sienten 'machos alfa' no habrá diálogos abiertos, ni inclusivos; no habrá oposición, ni disenso reconocido que los debilite; no habrá leyes que garanticen el derecho efectivo a reuniones y protestas, no habrá promoción de libertad de asociación, y no habrá derecho a desarrollar ninguna libertad/derecho/garantía constitucional como los de expresión, información, comunicación, pensamiento y prensa sin consecuencias penales para quienes osen poner en jaque a la élite dominante".
"Las nuevas leyes procesales y la orgánica de tribunales de justicia serán meras declaraciones muertas, un amasijo de contenido que solo sirve a la desinformación y al encarcelamiento arbitrario", auguró.
En opinión del abogado, "pese a la violencia institucional, a los cubanos no le queda otra alternativa de libertad que las protestas".
"Frente al escenario de golpizas, de abuso sistemático del Estado y un modelo estructural de justicia fallido, la respuesta históricamente ha sido la rebelión popular", advirtió. "En los procesos de relación adversa entre Estado y sociedad, donde no existe el principio de proporcionalidad, los desenlaces finales son el estallido social", insistió.
"El presupuesto de proporcionalidad, propio de países democráticos, responde a la idea de evitar una utilización desmedida de medidas que conllevan una privación o una restricción de la libertad", dijo González. Así, "la violencia de los cuerpos del Estado frente al ejercicio cívico de derechos humanos nunca será la primera opción, como se ha visto una vez más en Caimanera".
Por otro lado, es cada más más evidente la ilegitimidad del poder instituido a base del terror en medio de un fracasado modelo político, económico y social.
"Desde el referéndum constitucional de abril de 2019 hasta el presente se ha podido constatar (analizando cifras oficiales) que como mínimo más de tres millones de nacionales de una forma u otra están hartos del sistema, lo desaprueban abiertamente. Otro grupo de ciudadanos, cifra que podría llegar a otros millones, resultarían mayoría en un ambiente seguro de consulta popular para acabar con el modelo imperante", señaló el jurista.
Para González, son "datos de desaprobación que explican la violencia institucional".
"Al crecer el número de víctimas entre la población a causa de la violencia institucional, cae el compromiso ciudadano para con los gobernantes y aumentan los deseos de gestionar la libertad al precio que sea. Por eso, no es descartable en lo mediato que se produzcan otros episodios de estallido social hasta el derrocamiento del modelo, a menos que la transición a la democracia sea llamada con urgencia desde adentro y con eficacia", sostuvo.
Ejemplos recientes de violencia institucional
En agosto de 2022, en Nuevitas, Camagüey, una manifestación pacífica fue sofocada a base de violencia brutal. La alta dirección del PCC estuvo en el centro de la represión, dirigida en este caso por Roberto Conde Silverio, primer secretario en el municipio agramontino. Le acompañaron agentes especiales como Allen Velázquez, oficial de la Seguridad del Estado.
Dos meses más tarde, los hermanos Frank Artola Plasencia, de 18 años, y Hillary Gutiérrez Plasencia, de 26 años de edad, fueron golpeados y detenidos por fuerzas especiales durante las protestas de Línea y F en el Vedado habanero. La golpiza que alcanzó a otros participantes fue un acto público y de gran repercusión.
El pasado sábado 6 de mayo en Caimanera se repitieron las imágenes de brutalidad. Los videos que circulan en redes sociales demuestran que no hay compasión con la masa indefensa de personas que se lanza a las calles con quejas y peticiones.
Felipe Correa Martínez, de 26 años, y Luis Miguel Alarcón Martínez, de 31, dos de los cinco detenidos, fueron golpeados durante la protesta por efectivos de Ministerio del Interior. Ambos están privación de libertad en una unidad de delitos contra la Seguridad del Estado, con amenaza de ser juzgados y condenados. Autoridades prometieron a sus familiares que serían liberados, pero luego anunciaron que tendrán que esperar en cautiverio el inicio del proceso penal. Esta ha sido la pauta desde el 11J, una manera de borrar las huellas corporales de las golpizas a los detenidos con el paso del tiempo en aislamiento.
A pesar de que Díaz-Canel dice estar comprometido con los mecanismos especiales y disposiciones del derecho universal y de Naciones Unidas la práctica demuestra lo contrario. Su llamado a combatir a los manifestantes y el visto bueno a las golpizas policiales violan el "Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas" y otras situaciones extraordinarias similares, que sugiere aplicar la ONU y el régimen se salta.
Sin duda, un movimiento contrarrevolucionario está bien organizado y activo. Un régimen mafioso y esclavista no se saca del poder con acuerdos ni asambleas ni diálogos; se saca del poder con sabotajes a instalaciones, edificios y demás propiedades porque ahí es donde más le duele. El clan Castro es la dueña de Cuba y todo el daño que se le haga a ese clan y sus propiedades es poco. Miembros de ese movimiento patriótico, la patria los contempla orgullosa; seguid adelante hasta la victoria final. Gracias a ustedes Cuba será un paraíso libre, próspero y la envidia del mundo. PATRIA Y VIDA.------SOMOS CONTRARREVOLUCIONARIOS PA' LANTE Y PA' LANTE Y SI A LA RAÚL NO LE GUSTA, QUE AGUANTE, QUE AGUANTE.