Las torturas que sufren en las cárceles del régimen cubano los prisioneros políticos alcanzan a sus familiares, quienes no solo sufren la incertidumbre derivada de los rumores sobre una falsa liberación, sino que además son sometidos a patrones de hostigamiento y vigilancia, denunció la ONG Prisoners Defenders (PD).
Al dar a conocer su informe sobre la situación de los reos de conciencia en la Isla correspondiente a marzo, la organización subrayó que no puede perderse de vista que los familiares de los presos "tienen asignadas agentes de la Seguridad del Estado que les vigilan y amenazan, muchas veces apostados en sus puertas, y siempre controlando sus comunicaciones por teléfono, así como sus redes sociales".
"Los familiares son citados constantemente en cuanto realizan cualquier denuncia. Algunas madres incluso son detenidas y llevadas a prisión también. El acceso al mercado laboral estatal está vetado para aquellos que defienden con fuerza la inocencia de sus seres queridos, y la universidad se convierte en un imposible para los menores de muchas de estas familias", resume el reporte.
"A las presas que denuncian sus torturas, las amenazan con arrebatarles la patria potestad de los hijos, gracias a las enormes facilidades represivas que ofrece el nuevo Código de las Familias para tal fin", subraya.
PD cita el caso de Lizandra Góngora Espinosa, encarcelada pese a tener cinco hijos. La activista, dice el informe, "está amenazada con perder la patria potestad de todos sus hijos para que se someta y deje de denunciar las torturas en prisión. Además de esto, como forma de castigo por no someterse a las torturas y violaciones de derechos, Lizandra ha sido trasladada hace unas semanas a una prisión de la Isla de la Juventud, a cientos de kilómetros de su casa y con mar de por medio, donde sus hijos ya no podrán verla jamás".
El 31 de marzo último había 1.066 prisioneros políticos y de conciencia en Cuba "sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna ni defensa jurídica, en flagrante violación de la ley internacional que ampara el debido proceso y la defensa efectiva".
En los últimos 12 meses, PD ha documentado 250 nuevos prisioneros políticos, ocho de ellos en el tercer mes de 2023. Entre ellos "figuran diversas tipologías de activistas, pero también de civiles que intentaban salir del país y han sido acusados penalmente y puestos en prisión provisional sin tutela judicial solo porque Cuba viola el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y prohíbe la salida del país bajo pena de cárcel, lo que asemeja el territorio cubano a una prisión", dice el informe.
Asimismo, en marzo también salieron de la lista ocho prisioneros políticos, todos excarcelados "tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta".
De la cifra de presos políticos de PD, 33 son menores, 29 de ellos aún cumpliendo sentencia y cuatro bajo proceso penal.
"Hay que tener en cuenta que esta elevada cifra, sin embargo, no contempla otros muchos niños que ya han salido de la lista por haber cumplido íntegramente sus condenas. Buena parte de los menores se encuentran en prisiones presuntamente para menores, pero son centros de carácter totalmente penitenciario que eufemísticamente se denominan Escuelas de Formación Integral", indica el informe.
Asimismo, "con la entrada en prisión de cuatro mujeres este mes, ya son al menos 120 mujeres (incluyendo varias de género trans) las que siguen aún con autos y condenas políticas y de conciencia. Todas las mujeres trans en prisión de conciencia han estado y están encarceladas entre hombres, lo cual sucede también con las presas comunes de identidad trans, sufriendo situaciones, entre hombres, indescriptibles para su condición sexual".
