Tres jueces del Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo fueron incluidos en la base de datos de represores cubanos que elabora la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), por su responsabilidad en las sentencias de hasta diez años de cárcel impuestas a ciudadanos que protestaron el 11 de julio de 2021 en el habanero municipio de San Miguel del Padrón.
Se trata de los magistrados Xian Fong Zamora, Orencio Tamayo Granados y Fidel Rivacoba Mesa, según informó a Radio Martí el periodista Rolando Cartaya, responsable de la iniciativa de la FDHC de identificar a funcionarios que usan sus cargos públicos para restringir los derechos de los cubanos.
"Tenemos bastantes datos sobre ellos, incluso datos personales, y aparecen como Represores de cuello blanco", expresó Cartaya al medio estadounidense.
Cartaya explicó a Radio Martí que estos jueces "incurren en un delito de prevaricación sabiendo que están dictando sentencia injusta o pidiendo pena injusta en los casos de estos jóvenes, que lo único que quieren es libertad y que Cuba sea un país próspero y libre".
Según el Artículo 139 del Código Penal cubano vigente, comete prevaricación quien, faltando a los deberes de su cargo, promueva la persecución o sanción de una persona cuya inocencia le es conocida. Incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres años o multa de 300 a 1.000 cuotas.
Los jueces y los fiscales cubanos han dado la espalda a la justicia en los procesos contra los manifestantes del 11J, como mostró un análisis publicado en DIARIO DE CUBA y los testimonios ofrecidos a este medio por abogados trabajaron en la defensa de esos acusados.
Un material revelado en mayo pasado por DIARIO DE CUBA, bajo el título Así se pacta la justicia en Cuba, reflejaba la confabulación entre la Fiscalía, el Tribunal Supremo Popular (TSP) y el Ministerio del Interior (MININT), para responder a los intereses del régimen.
En el video se apreciaba una reunión de 2018 encabezada por el presidente del TSP, Rubén Remigio Ferro, y en la que participaban Peña Ojeda y otros funcionarios del TSP y del MININT.
El material evidenció la veracidad de las declaraciones que ofreció el ex fiscal exiliado Raucel Ocaña Parada, de Palma Soriano en Santiago de Cuba, al Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), a principios de mayo de 2022.
Ocaña Parada había denunciado que en los juicios contra manifestantes del 11J influenciaron "órganos, instituciones que responden a los intereses del Estado, del Gobierno y del Partido Comunista de Cuba" y que era "interés del Gobierno, el Estado y el Partido", que se sancionara con la mayor severidad posible, "sin ningún tipo de benevolencia".
La subordinación de la Fiscalía General de la República de Cuba a los intereses del régimen también quedó evidenciada en febrero de este año, cuando Miguel Díaz-Canel felicitó a los trabajadores de ese órgano durante una reunión de trabajo del aparato judicial del Gobierno correspondiente a 2021, en la que participaron fiscales jefes provinciales, de ciudades capitales, de municipios y de miembros de su Consejo de Dirección ampliado.
Con vistas a 2022, Díaz-Canel ordenó a la Fiscalía "defender el concepto de que el bloqueo va a seguir y continuará recrudeciéndose", y en ese sentido exigió "saltarlo desde la resistencia creativa, que significa que, en medio de la resistencia, hay que crear e innovar".
Varios fiscales cubanos, como Dayli Carranza Rodríguez, quien solicitó penas de cárcel para 16 manifestantes del 11J en Santa Clara, también han sido incluidos en la lista de represores cubanos.
Otros fiscales responsables de altas peticiones fiscales contra cubanos que participaron en las protestas del 11J son Alexis Ramón Almeida Vilaplana —promovido por el régimen a la Fiscalía General en mayo último—, Antonio Islam González Abreu, Yohandris López Parra, Susdinay Acosta Fátima, Mabel Palacios Aties, Gustavo José Mayo González, Dagmaris Jaca Seco, Fernando Sera y Liliam Fernández Berro.
