Mientras organizaciones de la sociedad civil cubana identifican, para que respondan ante la justicia en un futuro, a fiscales que solicitaron altas penas de cárcel o actuaron en los juicios contra manifestantes del 11J, el régimen los premia. Alexis Ramón Almeida Vilaplana, uno de ellos, acaba de ser promovido a la Fiscalía General de la República por acuerdo del Consejo de Estado.
El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, hizo saber de la designación de Alexis Ramón Almeida Vilaplana "en el cargo de fiscal de la Fiscalía General de la República", mediante el Acuerdo 367 del Consejo de Estado, publicado en la Gaceta Oficial número 50 Ordinaria de 2022.
En marzo pasado, Almeida Vilplana fue identificado por la organización de asesoría legal Cubalex como uno de los fiscales responsables de las penas de prisión impuestas a 128 cubanos enjuiciados entre diciembre de 2021 y febrero último, por su participación en las protestas del 11J en la Esquina de Toyo, municipio Diez de Octubre, y la comunidad de La Güinera, del municipio Arroyo Naranjo, en La Habana. Las sentencias suman 1.916 años de privación de libertad.
La Güinera, un barrio pobre, concentró 96 de las 790 personas procesadas por las protestas del 11 y 12 de julio en Cuba; es decir, 12 de cada 100 acusados del país. Todos fueron imputados de sedición, el delito más grave usado contra manifestantes.
El recién promovido a la Fiscalía General de la República fue fiscal actuante específicamente en el juicio en el que 21 manifestantes recibieron condenas de hasta 16 años de prisión.
La promoción es señal de que Almeida Vilaplana ha desempeñado con eficiencia su labor como sostén del régimen y su "Estado socialista de derecho", de acuerdo a las palabras que empleó Miguel Díaz-Canel en febrero del presente año, para elogiar a la Fiscalía y a sus trabajadores, durante una reunión de trabajo del aparato judicial del Gobierno.
Las acusaciones de delito de sedición y las altas peticiones fiscales contra los manifestantes desnudaron el papel de la Fiscalía General de la República como brazo judicial de la represión en Cuba.
Los otros fiscales responsables de las condenas a los manifestantes de la Esquina de Toyo y La Güinera fueron Antonio Islam González Abreu, Yohandris López Parra, Susdinay Acosta Fátima, Mabel Palacios Aties, Gustavo José Mayo González y Liliam Fernández Berro.
La sociedad civil cubana ha identificado a otros fiscales que solicitaron altas penas de prisión para los cubanos que participaron en las protestas del 11J, como Dayli Carranza Rodríguez, Dagmaris Jaca Seco y Fernando Sera.
Sin embargo, no todos los fiscales de la Isla se han prestado para castigar a quienes ejercieron el derecho a manifestarse de manera pacífica, reconocido en la Constitución.
Varios fiscales y jueces cubanos han preferido presentar sus renuncias y abandonar el país antes de continuar poniendo los intereses del régimen por encima de las leyes y la justicia. Esta fue la elección del ex fiscal Raucel Ocaña Parada, quien recientemente denunció al Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) que las sentencias contra los manifestantes del 11J fueron elaboradas por el Partido Comunista de Cuba, incluso antes de que comenzaran los juicios.
