Condenar a manifestantes pacíficos cubanos bajo el cargo de sedición tendrá un costo para el régimen

Tras las protestas del 11J, muchos cubanos fueron acusados por delitos comunes como desórdenes públicos, instigación a delinquir, robo con fuerza, resistencia, atentado, lesiones, desacato, daños a la propiedad y propagación de epidemias. Pero a finales de octubre, la Fiscalía General de la República subió la parada con acusaciones de sedición, imputando a 137 personas detenidas durante y después de las manifestaciones. De estas, 13 tienen 17 o 18 años de edad.

Los cargos de sedición comenzaron a aparecer en escena después de que la plataforma Archipiélago convocara la Marcha Cívica por el Cambio prevista originalmente para el 20 de noviembre y reprogramada luego para el día 15 del mismo mes.

Las condenas a los manifestantes del 11J por delitos comunes no habían servido para escarmentar al resto de la sociedad. El régimen necesitaba enviar un mensaje mucho más contundente: "si levantas la cabeza, te la corto". Y esto es casi literal. El delito de sedición se castiga en Cuba con privación de libertad de diez a 20 años o con pena de muerte, si se comete "en situación de guerra o que afecte la seguridad del Estado, o durante grave alteración del orden público, o en zona militar, recurriendo a las armas o ejerciendo violencia".

La configuración legal de este delito en la mayoría de los Códigos Penales occidentales exige, además, a) organización y coherencia política exacta entre los integrantes del grupo de forma previa, elemento que excluye la espontaneidad, así como la pluralidad de ideas y de pensamiento entre los organizadores; b) tipos diversos de violencia; c) uniformidad en los objetivos de derrocamiento; d) voluntad permanente de sostenerse en el levantamiento.

Si, tras la protesta, las personas se marcharon a sus domicilios, donde muchos fueron arrestados días más tarde, no existe delito de sedición. 

Pero, para enviar su mensaje amenazante a los cubanos, el régimen ha recurrido a acusar a los manifestantes del 11J de ese delito político. De concretarse las altas peticiones fiscales a esas 137 personas, entre las que se incluyen 13 menores de edad, por un delito que supone planificación y un grado de organización previa, en lo sucesivo el régimen no podrá negar la existencia de presos políticos en Cuba. 

Hasta el momento, el régimen cubano había acusado a opositores, activistas y periodistas independientes de delitos comunes para esquivar reconocer la existencia de presos políticos en el país. Los desórdenes públicos, el desacato, la desobediencia y el atentado han sido las figuras delictivas más recurridas.

La peligrosidad predelictiva, que la nueva Ley de Proceso Penal eliminó, pero no desaparecerá del todo hasta que se apruebe el nuevo Código Penal, también ha sido una herramienta útil al régimen para encarcelar a disidentes. 

El estallido espontáneo e inédito de las protestas del 11J desnudó la realidad de que el apoyo al régimen y a su sistema de partido único cada vez es menor y demostró que el descontento es cada vez más generalizado. 

El referendo constitucional de 2019, pese al amordazamiento de las voces que intentaron promover el No o la abstención y al bombardeo de los medios oficiales a favor del Sí, ya había demostrado que el discurso de la Revolución resulta cada vez menos convincente, incluso si confiamos en las cifras oficiales de los resultados de ese referendo.

Las protestas del 11J evidenciaron la ruptura entre el pueblo y un Gobierno que llamó a la represión contra sus propios ciudadanos. No han bastado las tímidas migajas concedidas, como la entrega de libretas de racionamiento y la eliminación temporal de pago de aranceles en los aeropuertos por la importación de medicinas, alimentos y productos de aseo, ni que Díaz-Canel recorriera barrios marginales, a los que el discurso oficial describe con el eufemismo de "vulnerables".

La represión, de la que el mundo pudo ver imágenes incontestables, y las altas peticiones fiscales por el supuesto delito de sedición, eliminan cualquier posibilidad de reconciliación. A la imposibilidad de continuar negando la existencia de presos políticos se suma para el régimen el rechazo de muchos cubanos, sobre todo de los jóvenes, que ven como el castrismo pretende arrebatar hasta 23 años de sus vidas a miembros de su generación enviándolos a prisión.