La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) está procesando como represores violentos al personal del Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Calixto García de La Habana, donde permanece desde el 2 de mayo pasado el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
De acuerdo con una declaración hecha pública por Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la organización que entre sus proyectos tiene un listado de represores cubanos, se trataría de incluir en sus registros a "aquellas personas que en ese Hospital están cooperando con la Seguridad del Estado en infligir daños temporales o irreversibles a Otero Alcántara", después que la instalación asistencial fuera militarizada para ser usada como "centro de secuestro, detención arbitraria, incomunicación y tortura del joven artista".
"Esta es la última infamia de una élite de poder que usa la Medicina como herramienta de diplomacia y propaganda al tiempo que la emplea como instrumento diabólico de su represión. El uso de los servicios médicos para la tortura y asesinato de disidentes ha sido una práctica represiva durante estas seis décadas. No hay detención ni acusación policial, ni jueces que tengan que dar la cara para dictar sentencia, ni hay juicios que provoquen la condena pública mundial. Son médicos, psiquiatras y sus diagnósticos quienes se encargan de ejercer la represión", subraya la declaración.
La FDHC recuerda que el régimen "ha hecho uso de médicos y enfermeros corruptos para torturar con electroshocks, drogas y otras prácticas. El asesinato político es parte de esa historia porque la Medicina facilita su encubrimiento. Ha habido casos como el de Laura Pollán, fundadora de las Damas de Blanco, quien murió en el mismo hospital donde ahora está Otero Alcántara en condiciones no aclaradas de forma independiente".
La declaración recuerda además que activistas como los hermanos Omara y Ariel Ruiz Urquiola "han sido también víctimas de la inoculación de enfermedades, la negativa o demora en proveer las terapias correctas y el suministro de placebos en los tratamientos".
La FDHC indicó además que el Gobierno de la Isla transformó sus "brigadas médicas en un modelo de negocio esclavista. Les roba entre el 70 al 90% de los salarios a los médicos y no los invierten luego en el sistema de salud pública. En medio de las agudas carencias de fármacos, ha privado a los ciudadanos de acceso a medicinas básicas, como analgésicos y antibióticos. Sin embargo, exporta medicamentos junto con esas brigadas para luego a menudo destruirlos. De ese modo justifican haberlos usado con pacientes inexistentes, cuya pretendida atención cobran a los gobiernos anfitriones. Si algún galeno intenta escapar de ese criminal arreglo, se le impide visitar su país por un periodo no menor de ocho años".
La organización manifiesta su apoyo a "las valientes denuncias de los médicos y enfermeras que dentro y fuera de la Isla se están organizando y dando testimonio, sea de forma individual o colectiva, de cómo el Gobierno cubano los usa y presiona para que traicionen su humanitaria misión y su juramento hipocrático. Ellos representan hoy la dignidad de ese gremio".
La FDHC exigió el cese inmediato e incondicional de la "detención arbitraria, aislamiento y torturas psiquiátricas a Luis Manuel Otero Alcántara", así como el "uso de la Medicina para fines mercantiles y represivos".
Luis Manuel Otero Alcántara cumplió el lunes 22 días de reclusión forzada en ese hospital. Sobre su estado poco se conoce, más allá de tres videos grabados y difundidos por el régimen. En el último de ellos, divulgado la semana pasada, es evidente su deterioro físico y psicológico, lo que ha provocado la exigencia de su liberación por activistas, organizaciones internacionales y gobiernos.
