Cuba cumple un año desde el estallido del 11J, las mayores protestas antigubernamentales en décadas, sin soluciones para el grueso de las causas que lo provocaron, del desabastecimiento a la inflación y los apagones, dijeron a la agencia EFE expertos y activistas.
El descontento y hartazgo de muchos durante meses convirtió aquel día una protesta espontánea en San Antonio de los Baños, un municipio ubicado a 35 kilómetros al suroeste de La Habana, en el catalizador de unas movilizaciones sin precedentes que se extendieron rápidamente en todo el país.
Aupadas por las transmisiones en vivo en Facebook, las marchas lograron articularse en cerca de 50 puntos de la Isla, con epicentro en la capital.
La mayoría protestaba por la escasez de alimentos y medicinas, la inflación desbocada, la dolarización parcial de la economía y los constantes cortes en la luz, síntomas de una dura crisis económica fruto de los errores en la política nacional, las sanciones de EEUU y la pandemia.
Pero también exigían libertades y la instauración en Cuba de una democracia liberal, frente al sistema comunista que impera en la Isla. La canción "Patria y Vida", crítica con el Gobierno, se convirtió en himno de las protestas.
Aunque la mayoría de las marchas fueron pacíficas, algunos choques con la policía y escenas similares —como lanzamiento de piedras o el vuelco de unos cochez patrulla— sirvieron para que el Gobierno, que las acusó sin pruebas de ser orquestadas desde el exterior, las tildara además como violentas y contrarrevolucionarias.
Este viernes el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, las calificó como un "golpe de Estado vandálico". Él dio ese 11 de julio por televisión la controvertida "orden de combate" a los "revolucionarios" para recuperar la calle.
A las protestas siguieron las detenciones masivas, de opositores históricos a ciudadanos anónimos, entre los que más de 50 eran menores de edad. Las ONG Cubalex y Justicia 11J han documentado 1.484 arrestos.
La Fiscalía General de la República (FGR) apuntó en enero que 790 personas han sido procesadas por estos hechos, de las que 55 tenían en esa fecha entre 16 y 17 años. La edad mínima penal en Cuba son los 16.
Hasta el momento los tribunales han emitido 76 sentencias en firme contra 381 personas. El 78% de los sancionados (297) obtuvo penas de prisión, en ocasiones de hasta 25 años.
Human Rights Watch (HRW) y ONG locales reportaron asimismo un repunte desde entonces de la represión contra activistas, disidentes y periodistas independientes.
Denunciaron detenciones arbitrarias, amenazas, interrogatorios, sitios en sus domicilios y cortes de la conexión a internet, acciones que se intensificaron en momentos políticamente sensibles, como en este primer aniversario del 11J o en torno a la protesta frustrada del pasado 15 de noviembre.
En estas condiciones, algunos abandonaron el país, siendo el caso más mediático el del portavoz del colectivo disidente Archipiélago, Yunior García Aguilera.
La agencia EFE solicitó al Gobierno cubano un interlocutor para incluir su posición sobre el 11J, sus causas y consecuencias, pero no recibió respuesta.
Covid controlada, crisis agravada
Un año después, el Gobierno solo ha solucionado una de las causas, según los analistas: la crisis sanitaria derivada del mayor brote de Covid-19 en la Isla.
Entre julio y agosto de 2021 el país sufrió picos de más de 9.000 contagios diarios y cerca de un centenar de muertes al día.
La industria biofarmacéutica estatal produjo tres vacunas contra el Covid-19, que poco después se empezaron a inocular de forma masiva entre la población a partir de los dos años, aunque no han sido aprobadas por la Organización Mundial de Salud (OMS).
"La campaña ha sido todo un éxito. Pero en cuanto a la crisis económica, no veo necesariamente grandes avances”, apunto a EFE Michael Bustamante, historiador de la Universidad de Miami.
Arturo López-Levy, profesor asistente de política y relaciones internacionales en la Universidad Holy Names (California), coincidió y consideró que el avance de la inmunización quedó ensombrecido por el desempeño de la economía.
“El tema energético (por los apagones) y alimentario se ha agravado y es un factor de irritación social”, agregó.
Crisis energética y económica
Según datos oficiales, la inflación en el mercado minorista estatal alcanzó en 2021 el 70%. El incremento de los precios en el extendido mercado informal, dependiendo de los cálculos, rondó entre el 500 y el 700%.
Mientras, el producto interior bruto (PIB) tuvo un incremento del 0,5% tras un desplome por encima del 10 % en 2020.
Esa fotografía no ha cambiado del todo. De acuerdo con un comunicado de Presidencia en marzo, el PIB "aún no se recupera de la caída estrepitosa" de 2020 y 2021. La inflación interanual se situó este mayo en el 26%.
El Ejecutivo ha reiterado que estas dificultades se deben al recrudecimiento de las sanciones de EEUU en la era de Donald Trump (2017-2021) y la pandemia, aunque también ha reconocido fallos en la implementación de la reforma económica denominada Tarea Ordenamiento a principios de 2021.
Otro factor que se repite es el de los apagones: desde mediados de marzo, la estatal Unión Eléctrica (UNE) ha informado de cortes en al menos 54 días, prácticamente a diario desde junio, según un recuento realizado por EFE a partir de comunicados de la empresa.
A diferencia de López-Levy y Bustamante, la activista cubana Carolina Barrero —exiliada desde febrero— consideró en declaraciones a EFE que la situación ha ido a peor en todos los rubros: “Las mismas condiciones que estaban el 11 de julio siguen estando ahí y se han multiplicado".
Juicios a los manifestantes
Los juicios a los manifestantes se han ido sucediendo desde entonces, especialmente desde finales de 2021. Activistas y ONG hablan de presos políticos y de conciencia, fabricación de pruebas e incumplimiento del debido proceso, algo que el Poder Judicial cubano niega.
Uno de los delitos más repetidos es el de sedición, polémico por su connotación política y las elevadas penas de cárcel que conlleva. La ONG Cubalex ha documentado 14 métodos de tortura a los presos por el 11J.
“Las condenas han sido desproporcionadas, por su carácter ejemplarizante. Es muy probable que la criminalización de la protesta haya logrado un efecto de disuasión”, lamentó el académico cubano-mexicano Rafael Rojas, profesor en el Colegio de México.
Este tipo de sanciones —endurecidas en el nuevo Código Penal aprobado en mayo— han sido criticadas incluso por personalidades tradicionalmente cercanas al Gobierno, como el cantautor Silvio Rodríguez.
Migración
Ante la pregunta de si es posible que los cubanos regresen a las calles, los expertos no dan una respuesta contundente.
Para Bustamante se antoja difícil por el uso de la migración como "válvula de escape", especialmente con la eliminación del visado para los cubanos en Nicaragua y la reapertura de las fronteras tras la mejora de la situación epidemiológica.
Según datos de EEUU solo en los primeros ocho meses del actual año fiscal -que comenzó en octubre- han llegado a ese territorio 140.602 cubanos.
La cifra supera al hasta ahora mayor éxodo, en 1980, cuando 125.000 personas salieron por el puerto del Mariel en siete meses.
Estas cifras, paralelamente, han provocado una crisis migratoria en EEUU que, según la socióloga cubana Diosnara Ortega, puede ser utilizada por el Gobierno insular para sentar a Washington en la mesa de negociación.
Ortega añadió que también puede utilizar la posible rebaja en las condenas iniciales de los manifestantes como una “moneda de cambio”.
Aunque advirtió que “el uso de ese capital tiene un plazo que se acaba” y que lo marca una crisis de “legitimidad” del actual Gobierno cubano entre la población, en contraste con el respaldo que disfrutaba la generación histórica que triunfó en la Revolución.
