El grupo de trabajo sobre detenciones políticas en Cuba Justicia 11J lanzó esta semana una campaña para apoyar a los condenados por las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021, mientras una de sus activistas sufre el acoso de represores en La Habana.
La artista y activista Salomé García Bacallao informó en sus redes sociales de la iniciativa por los presos políticos: "Hoy llegó la primera orden de Bonfire con la campaña que diseñamos desde Justicia 11J para crear conciencia de que #EnCubaHayN iñosPresosPolíticos", escribió en Twitter.
Con imágenes de víctimas de la represión y mensajes impresos en distintas piezas "llamamos a no ser cómplices de la dictadura #NoTravelToCuba #FreeCubanChildren #LibertadParaLosNiñosDel11J", explicó García Bacallao, que ha recurrido a Bonfire, una plataforma para recaudar fondos a través de la venta de ropa personalizada y otros artículos.
"Configuramos con Bonfire varios productos. Con cada compra, además de llevar el mensaje al mundo, vas a contribuir entre $3 y $6 dólares (dependiendo del producto) a iniciativas de apoyo a los presos políticos y sus familiares", detalló la activista en otro tuit.
Mientras la iniciativa sigue adelante, la activista Camila Rodríguez sufre del acoso de la Seguridad del Estado, que intenta que la joven desista de sus actividades de apoyo a los familiares del 11J y, además, intimida a sus amigos y familiares para que se alejen de ella.
"En la noche del día 24 de mi reclusión arbitraria en mi domicilio (lunes 11), los tres oficiales de la Seguridad del Estado que participan de manera directa del operativo, me comunicaron (a través de llamada telefónica y contacto presencial a la entrada de la puerta de mi casa) que a partir de esa noche se levantaría el cerco policial. Este retorno a la relativa tranquilidad duró ciertamente nada, pues tres vecinas confirmaron haber visto ayer una patrulla y un agente de la SE en las inmediaciones del edificio", denunció Rodríguez en una publicación en Facebook.
"En conversación telefónica, el mayor Luis, el jefe del operativo, me ha incitado a que permanezca tranquila, que esta patrulla 'no debe estar relacionada conmigo', sin embargo, la presencia de un carro con policías (y la vigilancia que supone) es algo completamente nuevo y ATÍPICO en este vecindario, con lo cual, tengo —y tienen los vecinos— sobradas razones para inferir que esa patrulla en efecto es parte del operativo contra mí, a pesar de que se me permita ahora la movilidad de la que estuve privada por 24 días consecutivos", añadió.
Denunció que un amigo, quien le ofreció ayuda durante una mudanza, fue "alertado sobre los peligros de todo tipo de ayuda futura" y que antes, "el mayor Dennis", amenazó con que el historiador Leonardo Fernández Otaño "sería montado en una patrulla si se acercaba" a su hogar.
"Al parecer, se ha iniciado una nueva etapa en su misión para derribarme: la intimidación indirecta, el uso de estrategias menos frontales, pero igualmente persuasivas. Se pretende no solo hacerme desistir de mis labores en apoyo a las familias de los presos políticos, sino aislarme de mis amigos y de las personas que solidariamente me han extendido la mano en los últimos días", lamentó la activista.
"Basta ya de politizar y criminalizar la solidaridad, basta ya de amedrentar a unos con lo que pueda suceder a otros. Las manos sucias y LA CULPA, la única culpa, las tienen únicamente quienes deciden ser continuidad de este juego macabro por destruir la vida de las personas de bien", concluyó.
El miércoles, familiares de Dayron Martin Estrada, uno de los condenados por las manifestaciones del 11 y 12 de julio en el barrio habanero de La Güinera, alertaron que padece de esquizofrenia y está sin medicamentos en la prisión de máxima Seguridad del Combinado del Este.
Su madre, Esmeralda Estrada, y su hermana, Coral Martin, ambas residentes en Ecuador, enviaron un video a Radio Televisión Martí en el que denuncian que la vida del prisionero corre peligro y que su lugar está junto a su familia.
"No sabemos en qué momento pueda atentar contra su vida. Responsabilizamos al gobierno de lo que pueda sucederle", dijo su madre.
De 790 personas procesadas penalmente por participar en las manifestaciones de 2021 contra el régimen cubano, 96 son de La Güinera.
En ese humilde barrio habanero los vecinos salieron a manifestarse el 12 de julio, y fueron violentamente reprimidos por la Policía, incluso con armas de fuego. De La Güinera es la única víctima mortal reconocida por las autoridades: Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, fallecido por un disparo de un policía.
Dayron Martín Rodríguez es el preso político cubano número 285 de 1.007 de la lista que compila la ONG Cuban Prisoners Defenders y una de las dos personas condenadas a 30 años de privación de libertad por sedición, un delito político.
Su hermana contó a DIARIO DE CUBA que la madre sufrió un preinfarto cuando se enteró de la petición fiscal.
"Aunque yo me esté muriendo por dentro vamos a seguir luchando por mi hijo, y por todos los presos políticos, porque los cubanos tienen mucho miedo, por eso no ha pasado más nada, tienen mucho miedo, y prefieren morirse en Cuba con miedo", dice.
Dayron tiene 37 años. Su último cumpleaños lo pasó en prisión, como podría pasar el resto de su vida tras la dura condena impuesta por el régimen. En la sentencia, a la que tuvo acceso DIARIO DE CUBA, se tuvo en cuenta su "reincidencia", ya que tenía antecedentes penales por un delito anterior de malversación por el que fue condenado a ocho años. En cambio, no se valoró que Dayron tiene problemas psiquiátricos, algo que los jueces sí tuvieron en cuenta para la sanción anterior.
