La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al régimen cubano evitar "juicios injustos" contra los manifestantes que participaron el año pasado en las protestas del 11J y otras que sacudieron la Isla, y expuso su "preocupación" por las sentencias de hasta 30 años de prisión impuestas a algunos de los detenidos por manifestarse pacíficamente.
La CIDH, un órgano independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), "expresa preocupación por la condena en primera instancia de 128 personas que participaron en protestas del 11 de julio", anunciadas la pasada semana, reza un tuit de la entidad al respecto.
"Es obligación del Estado adoptar medidas necesarias para evitar que se someta a juicios injustos o infundados a quienes de manera legítima reclaman sus derechos con la protesta social", agregó la publicación, que instó a La Habana a "garantizar el debido proceso", incluido "el derecho de recurrir al fallo ante un tribunal superior".
El propio martes Stuardo Ralón, uno de los siete comisionados de la CIDH y relator especial encargado del seguimiento de la situación de los derechos humanos en Cuba, condenó los fallos.
"Como relator de la CIDH para Cuba manifiesto mi condena por las penas desproporcionadas en procesos sin garantías que se han impuesto a ciudadanos en la Isla por ejercer su derecho a manifestarse y exigir libertades y democracia", tuiteó.
La CIDH ya había hecho un llamado de atención a La Habana el 16 de febrero. En un comunicado en el que también manifestó su "preocupación" por las personas todavía detenidas por participar en las protestas de julio, el órgano cifró en más de 700 detenidos y demandó su liberación.
Ralón dijo a la AFP en esa ocasión que la situación en Cuba "es dramática, pues no se respeta la libertad de las personas. Existe un partido único, el Comunista, al cual hay que pertenecer para poder participar en política".
"Cualquier persona que se manifieste contra el régimen, emita una idea diferente o exija libertad, es sujeta a detenciones arbitrarias, procesos y penas de prisión de hasta 30 años", denunció.
"Nos hemos percatado de que en muchos de estos procesos sin garantías se utilizan tipificaciones ambiguas, como delitos de sedición o terrorismo. Realmente se pretende criminalizar un acto que lo que pedía era una apertura democrática", subrayó.
Asimismo agregó que hay una enorme responsabilidad de los distintos organismos internacionales para "visibilizar y denunciar" la situación. "Si esas voces van al unísono, visibilizando la situación, se puede generar una posibilidad esperada de cambio", apuntó.
